La justicia confirmó una resolución de Defensa al Consumidor del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que impuso una multa por no exhibir precios de venta en más de 400 productos en una sucursal del barrio de Boedo
La Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario, integrada por su presidente, Carlos Balbín y las juezas Mariana Díaz y Fabiana Schafrik, rechazó el recurso directo de Coto CICSA S.A. contra la Disposición n.° DI-2017-2842-DGDyPC, a través de la cual se le impuso una multa de 100 mil pesos por infracción a los artículos 2, 4 y 5 de la ley Nº 4827 de exhibición y publicidad voluntaria de precios en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La decisión se dio en el marco de la causa “COTO CICSA S.A contra Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor sobre Recurso Directo sobre Resoluciones de Defensa al Consumidor” Expte. 67531/2017-0.
La autoridad de aplicación realizó una inspección el 28 de junio de 2017, en la sucursal de COTO ubicada en Boedo 769/79, en la que constató que 468 productos que se exhibían en vidrieras, góndolas, y/o heladeras de libre acceso al público y sin impedimento para su comercialización, carecían de precio de venta.
Por otra parte, indicó que «la omisión de exhibir el precio de ciertos productos en góndola en las condiciones exigidas por la ley -tal como quedó acreditado-, conlleva cuando menos y de modo indefectible, a un estado de incertidumbre respecto de los términos en los cuales se llevará a cabo la relación de consumo, en flagrante contradicción con la protección del consumidor en materia de acceso a la información adecuada».
El área de Defensa y Protección del Consumidor del GCBA recordó que COTO CICSA «es reincidente en los términos del art. 19 de la Ley 757″. Por último, Balbín en su voto -al cual adhirieron las camarista Díaz y Schafrik- consideró que «la parte actora no explicó por qué razón el valor de la sanción resultaría desproporcionado a la infracción ni manifestó por qué motivo resultaría elevado –máxime, teniendo en cuenta que la multa en cuestión se halla más cerca del mínimo que del máximo dentro de los montos establecidos por el inciso a) del artículo 18 de la ley n.º 22.802, que fija la escala desde ‘pesos quinientos ($500.-) a pesos cinco millones ($ 5.000.000.-)’». Y por lo tanto, rechazaron el pedido subsidiario de «reducción de multa».
Fuente iJudicial el 3 junio 2019
