El Banco Central lanzó esta semana una batería de medidas que apuntan en tres direcciones: formalizar el “cepo” cambiario, impulsar el crédito y oxigenar las finanzas públicas nacionales.
Con respecto al mercado de cambios, la autoridad monetaria eliminó la posibilidad de adquirir dólares para atesoramiento, además de establecer al 31 de octubre como fecha límite para la autorización de la compra de dólares para operaciones inmobiliarias, entre otras regulaciones vinculadas a la adquisición de divisas para viajes y otros fines.
Si bien la restricción al atesoramiento de dólares, en los hechos, ya se encontraba vigente, la medida podría tener efectos prácticos negativos. En las últimas semanas, la salida de los depósitos en dólares de los bancos había logrado caer a la mitad, pasando de un retiro promedio diario de USD 128 millones a inicios de junio a un rango de USD 60-70 millones a fin de mes. Ahora, tras las últimas medidas, esta dinámica volvería a contar con pronóstico reservado.
Por otro lado, el persistente goteo de los depósitos en dólares, aunque en menor cuantía, venía siendo acompañado por un derrumbe del financiamiento en dólares, asistencia que seguirá en peligro de extinción en la medida que los depósitos en dicha moneda continúen con su derrotero bajista (este elemento encarecerá la prefinanciación de exportaciones de la próxima cosecha). Asimismo, la imposibilidad de la compra de dólares para la firma de hipotecas, asestará (al menos inicialmente) otro duro golpe al deteriorado mercado inmobiliario.
En materia de fomento del crédito, el BCRA emitió una circular que obliga a las principales entidades financieras (tanto públicas como privadas) a destinar el 5% de los depósitos que reciben del sector privado a créditos para inversión productiva, a una tasa fija del 15% y un plazo no menor a tres años. Se estima en $15.000 millones (0,8% del PIB) el monto total que tendrán que colocar las entidades financieras antes de fin de año, de los cuales la mitad obligatoriamente deberá destinarse a financiar empresas PyMEs.
Esta medida pone en evidencia la preocupación de las autoridades por el deterioro del nivel de actividad y el derrumbe de la inversión. El problema es que el deterioro de esta variable clave no pasaría hoy por falta de crédito, sino por una creciente incertidumbre política y económica.
Asimismo, los bancos enfrentarían dificultades prácticas para cumplir con la medida. Si bien les podría resultar relativamente más sencillo avanzar en la colocación de créditos entre grandes empresas, afrontarán un desafío importante para cumplir con las metas de asistencia a las PyMEs, dada la atomización de esas operaciones, las cuales deberán obligatoriamente representar el 50% de los nuevos créditos previstos por la flamante normativa.
Por otro lado, en materia de financiamiento, vale la pena mencionar que si bien el año comenzó con un sistema financiero extremadamente líquido en pesos, estas condiciones comenzaron a cambiar en las últimas semanas. El crédito a sectores exportadores ha empezado a canalizarse parcialmente a financiaciones en pesos, presionando sobre la liquidez de las entidades y, por ende, sobre el nivel de tasas de interés, elemento que atenta contra la recuperación del nivel actividad agregada.
Por último, haciendo uso de la reforma a la Carta Orgánica, el Banco Central aprobó ampliar los adelantos transitorios al Tesoro por $6.000 millones, además de afectar USD 4.165 millones para pagar vencimientos de deuda en lo que resta del año. Estos datos muestran que no sólo las Provincias se encuentran fiscalmente ahogadas, sino que las finanzas nacionales también sufren por el deterioro de la situación económica. La pequeña (gran) diferencia pasa porque el Gobierno Nacional cuenta con el BCRA para cubrir su brecha financiera, mientras que los principales distritos no pueden acceder a una ventanilla de liquidez equivalente para hacer frente a una situación más que compleja.
