Cortes de luz

Oficializan intervención de Edesur. Van a fiscalizar lo que debieron fiscalizar. Una gestión para el voto castigo.

Oficializan intervención de Edesur y Ferraresi dice que la «desidia» de la empresa «no es tolerable».

El voto castigo es una estrategia electoral que consiste en castigar a un partido político o candidato por su mala gestión o por acciones consideradas negativas por parte de los votantes. Esta estrategia se basa en la idea de que el voto es un arma que los ciudadanos tienen para expresar su descontento con el gobierno o la oposición y que pueden utilizar para enviar un mensaje de insatisfacción o desaprobación.

El voto castigo se puede dar de diferentes maneras, como por ejemplo, votando por un partido o candidato diferente al que se ha votado anteriormente, abstenerse de votar o votar en blanco. Esta estrategia es especialmente común en las democracias donde el sistema político permite la elección libre de los candidatos y partidos políticos, y los ciudadanos tienen la capacidad de influir en los resultados electorales.

El designado interventor administrativo de Edesur, Jorge Ferraresi, dijo que el ministro de Economía, Sergio Massa, le pidió «fiscalizar, controlar y monitorear las obras para la mejora del servicio» de la empresa privada de energía eléctrica, al tiempo que advirtió que «situaciones como las que tuvieron que vivir los vecinos y vecinas debido a la desidia» de la compañía «ya no son tolerables».

En tanto, el Gobierno nacional formalizó hoy la medida adelantada anoche por el ministro de Economía, Sergio Massa, a través de una resolución del Ente Nacional de Regulación de la Electricidad (ENRE) publicada en el Boletín Oficial.

En un hilo de tuits publicados anoche tras su designación, el exministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de Nación, quien asumirá la intervención administrativa de Edesur en las próximas horas, remarcó que «la decisión política del presidente @alferdez y la vicepresidenta, @CFKArgentina nos hacen abordar este tema de forma urgente, por su impacto directo en millones de personas».

«Trabajando unidos y sin pausa estoy convencido que vamos a transformar esta prestación esencial», subrayó en uno de sus posteos.

También, Ferraresi remarcó que «la medida de intervención administrativa será por 180 días y reviste un carácter transitorio y excepcional».

«Asumiré este compromiso con mucha responsabilidad y trabajaré junto al ENRE para beneficio de las y los ciudadanos. Al mismo tiempo seguiré ejerciendo mis funciones como intendente de Avellaneda», destacó el jefe comunal.

Además, el designado interventor administrativo advirtió que «situaciones como las que tuvieron que vivir los vecinos y vecinas debido a la desidia de @OficialEdesur ya no son tolerables», y afirmó que el ministro Massa le «pidió fiscalizar, controlar y monitorear las obras para la mejora del servicio».

En tanto, el Gobierno nacional formalizó hoy la medida adelantada anoche a través de una resolución del ENRE publicada en el Boletín Oficial

«Dispóngase la intervención de control y fiscalización de la Empresa Distribuidora Sur Sociedad Anónima (Edesur S.A.) por el plazo de ciento ochenta (180) días a partir de la notificación del presente acto», ordena la resolución 307/2023.

Y añade: «El interventor designado fiscalizará y controlará todos los actos de administración habitual y de disposición vinculados a la normal prestación del servicio público de distribución de energía eléctrica a cargo de la citada concesionaria, a cuyos efectos contará con las facultades para asignar los recursos humanos necesarios a fin de que lo asistan en la función encomendada».

Asimismo, señala que «el interventor designado deberá elevar al Ente Nacional de Regulación de la Electricidad (ENRE) Informes parciales con una periodicidad no mayor a diez (10) días y un Informe Final dentro de los diez (10) días contados a partir de que se disponga la finalización de su función de fiscalización y control».

Finalmente, se invita al «Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires para que designen, respectivamente, representantes a fin de que se integren a la intervención dispuesta».

En los considerandos, la medida señala que «resulta imprescindible reforzar las medidas de control sobre la gestión de la distribuidora en orden a reconducir la prestación, a favor de la defensa de los derechos de los usuarios, tutelados por la Constitución Nacional, los marcos regulatorios y demás normativa».