La justicia de la Ciudad de Buenos Aires dispuso que se incauten los aparatos de telefonía celular de tres efectivos policiales investigados por amenazas al ministro de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Debido a que los domicilios particulares de los policías se encuentran en territorio bonaerense, se libraron exhortos a jueces locales a fin que se ordenen los allanamientos y la requisa personal en cada caso.
El juez Pablo Casas, titular del juzgado N° 10 en lo Penal, Contravencional y de Faltas, hizo lugar a la solicitud efectuada por la fiscalía que investiga la causa por amenazas contra el ministro de Justicia y Seguridad, Martín Ocampo, a fin de que se incauten los celulares personales de tres policías que habrían participado en la explosión de un cuadro del funcionario porteño dentro de la comisaría 54 del barrio porteño de Villa Luro, en la madrugada del 1° de enero.
“Entiendo que se verifica en el caso una situación de necesidad y urgencia que habilitan a hacer lugar al allanamiento de los domicilios de los tres imputados que habrían participado en los sucesos analizados, con el objeto de que se proceda al secuestro de los aparatos de telefonía celular”, expresó el magistrado en su resolución firmada el 19 de enero.
Debido a que los domicilios de los imputados se localizan en diversos partidos de la provincia de Buenos Aires, el juez Casas libró un exhorto, peticionando a los jueces competentes en cada una de las jurisdicciones territoriales, que libren una orden de allanamiento y requisa personal para la concreción de las medidas dispuestas. A su vez, el magistrado dispuso que la medida sea “llevada a cabo por el señor fiscal interviniente o por el personal de las fuerzas de seguridad que aquel designe”.
En los fundamentos de lo resuelto, el juez destacó que si bien la investigación se encuentra en su etapa inicial, “del análisis de las constancias de la causa se desprende la existencia de elementos de prueba que dan cuenta del mérito sustantivo del hecho que se investiga en el marco de este proceso y de la posibilidad de subsumirlo provisoriamente en las figuras de amenazas agravadas anónimas (art. 149 bis, primer párrafo, segundo supuesto, CP) y del delito de daño (art. 183 CP), a la par que las medidas requeridas se trata de medidas urgentes que procuran evitar la dispersión de la prueba y asegurar elementos presuntamente utilizados para la perpetración de los delitos investigados”.
El hecho investigado se conoció el 2 de enero de 2017 a través de redes sociales y medios periodísticos, al divulgarse una videofilmación en la que se detona un artefacto pirotécnico sobre un cuadro que contenía la fotografía institucional del ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad, provocando su inmediata caída y rotura. En el decreto de determinación de los hechos confeccionado por la fiscalía, se sostiene que “el video en cuestión trascendió horas antes del acto que tuvo lugar en la mañana del 3 de enero, oportunidad en la que se materializó el lanzamiento formal de la Policía de la Ciudad, con el objeto de intimidar al funcionario aludido en virtud de los cambios institucionales que motoriza en las fuerzas de seguridad a su cargo”.
En la resolución judicial, el magistrado destacó que “la videofilmación que se difundió a través de las redes sociales, al cual se le atribuye contenido de carácter intimidatorio, habría sido producido con participación de los tres imputados, y habría sido compartido mediante su remisión a un grupo de whatsapp”, por lo que “las medidas peticionadas resultan idóneas a los efectos de que el órgano de acusación estatal pueda acceder a elementos de prueba que guardan relación con el objeto de la investigación, como ser los teléfonos celulares de los imputados, ya que habría sido justamente a través de ese medio que se habría grabado y compartido el video en cuestión, resultando necesario además determinar la pertenencia de los tres imputados al grupo de Whatsapp a través del cual se habrían difundido dichas imágenes”.
