Tras conocerse la segunda suspensión de la presentación de los avances del Inventario Nacional de Glaciares (estaba prevista para el 22 de mayo), la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas y Greenpeace Argentina alertan sobre la falta de transparencia e información sobre el estado de la Ley y la realización del inventario.
Las organizaciones ambientalistas manifiestan su preocupación porque a más de tres años de sancionada la norma, aún la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación no articuló los medios para que se declaren las zonas prioritarias en aquellas provincias donde la actividad minera ya está impactando en glaciares y ambiente periglacial.
Pía Marchegiani, Coordinadora de Participación de FARN, sostuvo que «la suspensión de la presentación sobre el estado de avance del inventario no hace más que confirmar las trabas y dilaciones que se producen para no cumplir con la actual Ley de Glaciares. Resulta inadmisible que a 3 años de su sanción no se haya avanzado con el inventario en varias provincias cordilleranas, donde se realizan actividades que pueden afectar a los glaciares”.
Enrique Viale, de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, señaló que «los mayores ´beneficiados´ con esta permanente postergación en aplicar efectivamente la Ley de Glaciares son los emprendimientos mineros, como Veladero de la empresa Barrick, que siguen desarrollando su actividad extractiva sobre glaciares y ambiente periglacial violando así impunemente la ley».
Por su parte, Gonzalo Strano, Coordinador de la campaña de Glaciares de Greenpeace declaró «es una vergüenza que el inventario no haya comenzado por provincias como San Juan o La Rioja, que deberían ser prioritarias por la actividad minera que tienen sobre glaciares y ambiente periglacial».
La presentación de los avances (aún parciales) de dicho inventario, elaborado por el IANIGLA dependiente del CONICET, es fundamental para monitorear la vigencia de la Ley de Glaciares y la protección de nuestros valiosísimos recursos hídricos. En ese sentido, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, autoridad de aplicación de la norma, debe responder con urgencia y transparencia a la sociedad cuál es el grado de cumplimiento de la ley.
