Miguel Ángel Calvete, Presidente del Instituto de Estudios de Consumo Masivo (INDECOM) y Director Ejecutivo de la Federación de Supermercados y Asociaciones Chinas de la República Argentina (FESACH), evaluó la implementación del renovado plan oficial. Tras cumplirse tres semanas de haberse relanzado el acuerdo entre el Gobierno Nacional y los supermercados, anticipó que sus resultados siguen siendo nulos en la lucha para combatir la inflación y consideró que ese programa debe ser sustituido por herramientas de fondo que aumenten la competitividad, disminuyan la tutela del estado y permitan sostener los precios en el tiempo.
Si bien el directivo reconoció que, en primer término, celebraron la continuidad de la medida “porque parecía haber surgido como referenciador de precios y en busca de alentar el consumo en general”, ahora manifestó que “la falta de organización, la comercialización concentrada en grandes establecimientos, la especulación de industrias y grandes comercializadores, la escasa participación de las pymes y de los autoservicios de proximidad, y la baja penetración que el programa sigue teniendo en el interior del país, denotan que “ya es hora de ir reemplazando esa iniciativa por políticas integrales que puedan perpetrase para equilibrar realmente los precios y sostenerlos en el tiempo”.
En ese sentido, el titular del organismo de estudios de consumo consideró que “es necesario generar un nuevo escenario con políticas que incluyan herramientas de autogestión para evitar la regulación permanente del estado, y que permitan la convivencia de los pequeños productores en general, de los hipermercados y autoservicios de proximidad, de representantes de las economías regionales, de las cámaras de comerciantes y, fundamentalmente, de las asociaciones de consumidores en conjunto con las diferentes direcciones de defensa del consumidor de todos los municipios del país”.
En consonancia, explicó que “para lograrlo debería convocarse a todos y buscar un acuerdo marco entre ellos, lo que permitiría la incorporación de nuevos actores a la cadena de comercialización y arrojaría una mayor competencia, siendo ésta última la principal herramienta contra la inflación”.
También aseguró que la masiva representación de todos los sectores “permitiría que exista una interacción permanente entre ellos y que se produzca un control sinérgico para reducir al mínimo la intervención estatal, generando un mercado de libre competencia, dado que el Gobierno no puede estar permanentemente tutelando cuánto debe valer un kilo de harina o esa misma cantidad de tomates, y que eso se cumpla en todos lados”. En ese punto, Calvete se referenció y coincidió con las recientes declaraciones del Ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile, quién reconoció que “el Gobierno no puede controlar carnicería por carnicería el precio de la carne vacuna” y pidió a los consumidores que “si se tienen que abstener de consumir ese alimento lo hagan para forjar una baja en los precios”.
El referente del supermercadismo de proximidad también argumentó su postura con los cambios del cuadro tarifario de los servicios públicos y consideró que “esas subas también pueden trasladarse a los precios de los alimentos si no hay una política de fondo que realmente permita sostener los valores en el tiempo, dado que hoy cualquier variable puede impactar en la canasta básica y un acuerdo con las limitaciones que ha demostrado el programa de Precios Cuidados no puede sostenerse ante los cambios de tarifas u otros ajustes”.
Además, Calvete consideró que debe buscarse una sincronización entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo “para evitar la cartelización y los monopolios de las grandes empresas”.
Por un lado, en cuanto al Ejecutivo, cree que se debe concretar la creación de los Tribunales de Defensa de la Competencia, para poder intervenir en casos de conflictos agudos o posiciones dominantes entre las grandes corporaciones y los pequeños productores, a diferencia de lo que ha hecho la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, que durante el Gobierno anterior sólo funcionó como un elemento de extorsión”. Por el otro, en el ámbito Legislativo dijo que ese poder nacional debe velar por la baja tributaria a las pymes, reduciendo la opresión actual y permitiéndoles que puedan competir en el mercado, así como también reducir los impuestos sobre los insumos importados de producción y quitarle el IVA a un portfolio detallado de alimentos que integran la canasta básica”.
Finalmente, Calvete reiteró que “estas ideas ya fueron presentadas ante el Secretario de Comercio Interior, Miguel Braun, y anticipó que hay muy buena predisposición del nuevo Gobierno para avanzar con esas acciones que permitirían reconfigurar íntegramente la cadena de comercialización y sus costos”.
