Patricia Bullrich

Patricia Bullrich: Los protocolos frente a piquetes suelen fracasar siempre.

Bullrich presentó un protocolo para asegurar la libre circulación frente a piquetes o bloqueos. La «Repre» no tiene sentido y son siempre mucho mas caras que arreglar el descontento social, es solo para que un sector de la sociedad sienta que los manifestantes son castigados y eso no es ninguna solución a nada.

Los protocolos para asegurar la libre circulación frente a piquetes o bloqueos suelen fracasar por varias razones. En primer lugar, estos protocolos suelen ser diseñados por los gobiernos, que suelen tener un interés en reprimir las protestas sociales. Como resultado, estos protocolos suelen ser demasiado agresivos y pueden provocar enfrentamientos violentos entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes.

En segundo lugar, los protocolos suelen ser demasiado inflexibles y no tienen en cuenta las circunstancias específicas de cada protesta. Esto puede llevar a situaciones en las que las fuerzas de seguridad actúan de forma desproporcionada, incluso cuando los manifestantes están actuando de forma pacífica.

En tercer lugar, los protocolos suelen ser implementados por fuerzas de seguridad que no están adecuadamente preparadas para lidiar con protestas sociales. Esto puede llevar a errores de cálculo y a situaciones de riesgo para los manifestantes y para las propias fuerzas de seguridad.

Como resultado de estos factores, los protocolos para asegurar la libre circulación frente a piquetes o bloqueos suelen terminar en desastres con heridos y muertos. En la mayoría de los casos, los manifestantes son los que resultan más afectados, pero también se han producido casos de agentes de seguridad muertos o heridos.

La protesta social ha demostrado ser una herramienta eficaz para cambiar políticas. En muchos casos, las protestas han logrado obligar a los gobiernos a adoptar medidas que los ciudadanos habían estado reclamando durante años. Por ejemplo, las protestas sociales han sido fundamentales para la conquista de derechos laborales, civiles y políticos.

La protesta social es un derecho fundamental que está reconocido en la mayoría de las constituciones del mundo. Este derecho permite a los ciudadanos expresar su descontento con el gobierno y exigir cambios.

Sin embargo, es importante que las protestas sociales se lleven a cabo de forma pacífica y respetuosa. La violencia no es una herramienta eficaz para lograr cambios y, en la mayoría de los casos, solo conduce a la represión por parte del gobierno.

Para que las protestas sociales sean eficaces, es importante que sean apoyadas por una mayoría de la población. Cuando las protestas tienen el apoyo popular, es más probable que los gobiernos se vean obligados a responder a las demandas de los manifestantes.

También es importante que las protestas sean organizadas y coordinadas. Esto ayudará a evitar que se produzcan enfrentamientos violentos y a garantizar que las protestas se lleven a cabo de forma efectiva.

La protesta social es una herramienta poderosa que puede ser utilizada para lograr cambios positivos en la sociedad. Sin embargo, es importante que las protestas se lleven a cabo de forma pacífica y respetuosa para que sean eficaces.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, advirtió hoy que «si se toma la calle va a haber consecuencias», al presentar «un protocolo para el mantenimiento del orden público» que incluye la identificación de quienes corten arterias, la aplicación de las leyes que contemplan hasta penas de prisión y el cobro de los gastos que demande la intervención de las fuerzas de seguridad a las organizaciones que violen la normativa.

Bullrich anunció que «las cuatro fuerzas federales» podrán intervenir «si hay un delito flagrante» durante las manifestaciones en la vía pública.

«Las cuatro fuerzas federales y el Servicio Penitenciario Federal van a intervenir frente a cortes, piquetes o bloqueos, sean parciales o totales. La ley no se cumple a medias, se cumple o no se cumple», dijo Bullrich durante una presentación ante la prensa en la sede de la cartera de Seguridad, en Gelly y Obes 2289, en el barrio porteño de Recoleta.

La funcionaria indicó que «si hay un delito flagrante» las fuerzas federales podrán intervenir «de manera inmediata» de acuerdo con «los códigos procesales vigentes» y que utilizarán «la mínima fuerza necesaria y suficiente», la cual será «graduada en proporción a la resistencia» que se oponga.

«Serán determinados los delitos hasta una nueva ley que se va a presentar a corto plazo de acuerdo al artículo 194 del Código Penal», agregó.

Ese artículo establece que «el que, sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas, será reprimido con prisión de tres meses a dos años».

Bullrich remarcó que el Gobierno tiene «una decisión tomada» de que «la forma de pedir o buscar un beneficio social» ya no es «por la vía del corte».

«Sepan que si se toma la calle va a haber consecuencias. Vamos a ordenar el país para que la gente pueda vivir en paz», señaló.

En ese sentido, la ministra recalcó que las fuerzas federales «van a actuar hasta que quede totalmente liberado el espacio de circulación» y que «si se corta la vía principal, se libera la vía principal» sin importar que exista «una vía alternativa».

«Serán identificados los autores, cómplices e instigadores de este tipo de delitos», añadió, y resaltó que «se van a identificar a los conductores y a los vehículos utilizados».

La funcionaria agregó que «se va a trabajar» en las estaciones de tren y ante aquellas personas que «vayan con palos, caras tapadas o formas de participar de una manifestación intentando no ser reconocidos por las fuerzas de seguridad».

«En el caos de participación de niños y adolescentes se le va a dar aviso a la autoridad competente y se procederá a dar sanciones aquellos que lleven niños para que no estén en las manifestaciones cuando tienen que estar en la escuela», destacó.

También planteó que «se va a crear un registro de las organizaciones que participan» en cortes de la vía pública, y remarcó que «enviará la factura» a las organizaciones o individuos responsables por todos «los costos vinculados a los operativos de seguridad».

«El Estado no va a pagar por el uso de la fuerza de seguridad, tendrán que pagar las organizaciones que tengan personería o los individuos se deberán hacer cargos del costo», sostuvo.

Al presentar el protocolo, Bullrich indicó que «hemos vivido muchos años bajo un desorden absoluto que ha hecho que la gente no ha podido llega a su trabajo y ha tenido problemas» y que el propósito de las nuevas normas es «cumplir la ley».

«Toda persona que esté en la vereda no va a tener ningún problema. Lo que no queremos es cortes de calles y de rutas», afirmó.

Esta mañana, en un anuncio que realizó en la Casa de Gobierno, el portavoz presidencial, Manuel Adorni, adelantó que «por instrucción del presidente Javier Milei y contemplando el concepto de dentro de la ley todo, fuera de la ley nada», Bullrich daría por la tarde una rueda de prensa con los detalles del protocolo.

Este nuevo protocolo se conoce luego de que la conducción nacional de las organizaciones de izquierda nucleadas en la Unidad Piquetera (UP) confirmara esta semana que el próximo miércoles realizarán un «paro activo» en la Plaza de Mayo, como respuesta a «los anuncios» del ministro de Economía, Nicolás Caputo.

La jornada de protesta coincidirá con el 22 aniversario de las jornadas del 19 y 20 de diciembre del 2001 cuando el gobierno de Fernando de la Rúa reprimió una protesta social, que culminó con 38 muertos y finalmente la renuncia del exmandatario radical.

Gremio estatal rechazó protocolo anunciado por Bullrich y lo consideró «inconstitucional»

La conducción nacional de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), que lidera Rodolfo Aguiar, rechazó hoy por «inconstitucional» el protocolo de movilización anunciado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, informó la organización sindical.

La funcionaria presentó hoy «un protocolo para el mantenimiento del orden público» para asegurar la libre circulación en rutas y calles ante protestas que deriven en piquetes o bloqueos, y dijo que todas las fuerzas federales intervendrán para garantizar su aplicación.

«Los conflictos sindicales y sociales no deben ser resueltos por la policía o la justicia sino por aquellos que gobiernan, porque para eso fueron elegidos. La medida anunciada por la ministra se orienta a atacar las consecuencias y no las causas de las protestas. Si no quiere conflictos que pare ya el ajuste e incremente los salarios», dijo el gremialista.

Aguiar sostuvo en un documento de prensa que ante «el anuncio de implementación de un protocolo antiexpresión por parte de la cartera de Seguridad la ATE no aceptará ningún condicionamiento al ejercicio constitucional de movilización y de protesta».

El gremio precisó que el ejercicio del derecho constitucional de huelga está amparado por tratados internacionales de derechos humanos, de los que la Argentina es parte, y enumeró también los artículos 14 y 14 bis y el inciso 22 del 75 de la Constitución Nacional.

«Es una atribución de forma exclusiva legislativa, por lo que es ilegal e inconstitucional su impedimento. No existe una norma que defina qué es una protesta. La única limitación vigente es temporal y la establece el Estado a través de la autoridad administrativa de la Secretaría de Trabajo para que las partes acuerden por la conciliación obligatoria», afirmó.

Para Aguiar, debe existir de forma previa «un principio de legalidad y una ley que establezca una norma, porque para el derecho de huelga nada dice cómo es», concluyó.