Piden 17 años de prisión para acusados de trata en un prostíbulo VIP de Córdoba 4937

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El Ministerio Público Fiscal (MPF) pidió penas de entre 10 y 17 años de prisión para cinco acusados de explotar un prostíbulo VIP en el barrio porteño de Palermo donde tenían en situación de esclavitud a unas 17 mujeres.

Las cinco personas que llegaron al juicio están imputadas por los delitos de trata de personas con fines de explotación sexual en perjuicio de al menos 17 mujeres en situación de vulnerabilidad en el prostíbulo “Río Cabaña”, ubicado en la avenida Córdoba al 4937, de Palermo.

Las penas fueron solicitadas por la fiscal Alejandra Mángano y el fiscal de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), Marcelo Colombo, ante el Tribunal Oral Federal N°4.

Además de las penas, se solicitó el decomiso del dinero de una cuenta que los dueños abrieron en Suiza equivalente a un millón de dólares, del inmueble donde funcionaba el prostíbulo y del estacionamiento que se encontraba al lado del local y que también es propiedad de los acusados.

Los representantes del MPF pidieron también que se restituya a las víctimas una suma equivalente a 16 millones de pesos y que luego se destine el remanente al Fondo de Asistencia a las Víctimas de trata de personas.

Por último, solicitaron como medida reparatoria la publicación de un extracto de la sentencia en el diario Clarín, ya que los avisos de oferta laboral engañosa que posibilitaron la captación fueron publicados en ese medio.

Según publicó el portal Fiscales.gob.ar, los principales acusados son los dueños del local, Horacio Alejandro Saran y Graciela Tomasi, para quienes la Fiscalía solicitó penas de 17 años de prisión y la pena máxima de multa, equivalente a 125 mil pesos, por considerarlos coautores del delito de trata de personas.

Otro de los integrantes de la red es el hermano de Tomasi, Silvio Ángel Tomasi, que habría funcionado como la mano derecha de la pareja y encargado de la barra del local.

En tanto, Gerardo Alberto Ketterer, también habría oficiado de encargado general del local, y para ambos, el MPF solicitó penas de 12 años de prisión y el máximo de pena por multa por considerarlos coautores.

Finalmente, Juan Carlos Milla, habría tenido una función menos jerárquica dentro de la red pero también se habría desempeñado como otro de los encargados, por lo que los fiscales solicitaron la pena de 10 años por considerarlo partícipe necesario.

Todos los imputados están detenidos desde septiembre de 2018, y acusados por el delito de trata de personas agravado por la utilización de medios comisivos y por la explotación económica del ejercicio de la prostitución de dos personas, y por el sostenimiento, administración y regenteo de una “casa de tolerancia”.

En sus alegatos, los fiscales señalaron que en las planillas secuestradas durante el allanamiento que se realizó en el año 2014 contabilizaron un total de 57 mujeres que estuvieron entre enero y febrero de 2013.

“Este comercio estaba dirigido al género masculino para que acudieran a este lugar a consumir sexo como si fueran camisetas de fútbol. La sociedad patriarcal permite la existencia de este tipo de lugares. De esta forma se naturaliza este fenómeno y se inhibe a las víctimas, las deja en un lugar de menor acceso a la justicia”, señaló el fiscal Colombo en su alegato.

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