Precio vil: La venta del predio de La Rural continúa su saga interminable

Vil significa, que actúa con gran maldad, de un modo bajo y despreciable y sin escrúpulo alguno. Precio vil: Se dice del precio notoriamente inferior al real o de mercado y que es consecuencia de vicio del consentimiento o de la ignorancia. Juridicamente “El inferior” no sólo al valor justo o real, sino al de costo, con lo cual el vendedor sufre una pérdida o lesión. En ocasiones resulta conveniente para el comerciante, a fin de renovar generos o librarse de cosas que por su estado o la moda no tendrán salida de conservarlas con precios normales.
En las transacciones ordinarias, el precio vil no permite hablar de compraventa, sino de donación o de algún otro contrato simulado. Tal seria vender una gran casa por unas simples monedas.

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Jorge Valerga Aráoz, uno de los jueces que juzgó a los ex comandantes de la dictadura y que hoy es el defensor de dirigentes de la Sociedad Rural Argentina, recusó a uno de los magistrados que debe intervenir en el juicio por una presunta estafa con un crédito tras la supuesta venta a precio vil del predio de La Rural situado en Palermo en los 90.

Valerga Aráoz, defensor de Enrique Crotto y Juan María de Anchorena, entre otros imputados, recusó al presidente del tribunal oral número 29, Juan María Ramos Padilla, por presunto prejuzgamiento. Ramos Padilla tiene una intensa actividad en redes sociales y por esa razón Valerga Aráoz entendió que su actuación en el juicio (debe emitir el primero de los tres votos) podría estar teñida de parcialidad.

El juez ya rechazó la acusación, pero la decisión final la tienen sus pares, Rodolfo Goerner y María Deluca Giacobini, quienes también integran el tribunal oral. En la causa se investigan los hechos ocurridos después de la venta del predio ferial de Palermo a la Sociedad Rural en las postrimerías del menemismo, a un precio de 30 millones de dólares cuando el valor de mercado supuestamente superaba los 132 millones de la moneda estadounidense.

Específicamente, el tribunal oral debe resolver sobre un préstamo solicitado por entidades vinculadas a la Sociedad Rural y a su concesión, por parte de funcionarios del Banco Provincia, para la construcción dentro del predio de un megacomplejo de entretenimientos. El crédito, de 106 millones de dólares, fue concedido por el Banco de la Provincia de Buenos Aires para una faraónica obra en el Predio Ferial de Palermo que nunca se concretó.

El banco concedió un crédito para financiar prácticamente toda la obra, pero lo hizo a favor de una unión de empresas que presuntamente no reunía las condiciones para acceder a él, para una construcción que precisaba autorizaciones del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que no estaban garantizadas.

Los imputados, entre ellos ex funcionarios del Banco Provincia, optaron por un tribunal “colegiado” para el juicio, es decir integrado por tres jueces y no “unipersonal”. En ese contexto se produjo la recusación de Ramos Padilla, que deberá resolverse en los próximos días, previo a la fijación de la fecha para el debate oral.

imaANTECEDENTES
La Sociedad Rural Argentina, fundada en 1866, ocupa el terreno de Palermo desde 1878 por un acuerdo con el Estado, que se lo vendió en 1991, durante la presidencia de Carlos Menem. La contestación de demanda que presentó la Procuración de la era Macri, que tiene fecha del 21 de abril del año pasado y lleva la firma del jefe de ese organismo, Carlos Balbín; de la subprocuradora, Susana Vega, y de los abogados Arturo Abriani y María Fernanda Arcuri, coincide con Cristina Kirchner en la “invalidez” del decreto de Menem (el 2699). “Este decreto es nulo de nulidad absoluta e insanable, es decir, un acto irregular”, afirma el documento, y enumera entre los “vicios” que no se haya calculado el valor del terreno a través del Tribunal de Tasaciones de la Nación, como exigía la ley 21.626, sino mediante una estimación de los bancos Hipotecario y Ciudad y de un consorcio de inmobiliarias. “El precio de la venta fue «vil», considerando el valor del Predio Ferial de Palermo”, agrega.

Otra de las objeciones de la Procuración es que para el traspaso se haya utilizado el sistema de contratación directa, un mecanismo que define como excepcional, sin justificar para eso “circunstancias técnicas, sociales, económicas o de interés general” que lo ameritaran, algo que tampoco se hizo para explicar el “diferimiento del pago”. También que el predio se haya utilizado con fines comerciales y la celeridad con que se conformó la sociedad para adquirirlo: “Si bien formalmente se justificó que la venta se hacía por contratación directa porque la entidad adquiriente utilizaría el bien «con destino exclusivo al cumplimiento de sus fines estatutarios», los actores de la operación sabían que utilizando una sociedad anónima que conformaron el mismo día de la venta destinarían el bien a una finalidad comercial”.

En otro de los apartados, la Procuración afirma que es válido el decreto de Cristina Kirchner (el 2552). La entonces presidenta lo firmó el 19 de diciembre de 2012 con el objetivo de recuperar el terreno, decisión que en su momento anunció el entonces jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, con el argumento de que la venta se había concretado “en una situación irregular por parte de la Sociedad Rural Argentina”. La medida se concretaba en un entorno de controversias entre el Estado y la entidad agropecuaria y políticamente convulsionado, en medio de saqueos a supermercados antes de la Navidad. Un año y medio antes, en junio de 2010, en una causa penal iniciada por la Asociación de Amigos del Lago de Palermo, entidad que también reclama el inmueble, el juez Sergio Torres había dictado varios procesamientos con un duro argumento: “Se han reunido elementos para sostener que estamos ante un concierto de voluntades que tuvo por fin sustraer del patrimonio del Estado nacional el inmueble en el cual se ubica el Predio Ferial de Palermo, y en ello han intervenido funcionarios de la administración central y dirigentes de la Sociedad Rural Argentina”. El precio calculado en la etapa de instrucción de esa causa, 131,8 millones de dólares, fue incluido entre los considerandos del decreto de Cristina Kirchner.

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