Presentan proyecto para derogar una contravención porteña que criminaliza el trabajo sexual
La diputada porteña del Frente de Todos Victoria Montenegro y el Sindicato de Trabajadorxs Sexualxs de Argentina (AMMAR) presentarán mañana en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires un proyecto para derogar el artículo 96 del Código Contravencional local que criminaliza la oferta de servicios sexuales en la vía pública.
La reunión se hará a las 10 en el salón Alfonsín del Parlamento, situado en Perú 160, en el marco de las actividades previstas por el Día Nacional de la Lucha contra la Violencia Institucional, que se conmemora cada 8 de mayo.
La iniciativa tiene como antecedente los proyectos ya presentados años anteriores con el mismo propósito por la legisladora Montenegro, no obstante no fueron tratados en ninguna ocasión ni en las comisiones parlamentarias ni en el recinto.
La propuesta apunta a derogar el artículo 96 que encuadra como una contravención con pena económica a quienes ofrezcan o demanden «en forma ostensible servicios de carácter sexual en los espacios públicos no autorizados o fuera de las condiciones en que fuera autorizada la actividad».
Según manifestaron los impulsores del proyecto, «es necesaria la derogación para ponerle fin a las situaciones de violencia policial como hostigamiento, detenciones arbitrarias, demoras, requisas y pedido de coimas que sufren lxs trabajadorxs sexuales por parte de la policía».
La demanda se respalda en el informe «Una mirada hacia la relación entre las fuerzas de seguridad y lxs trabajadorxs sexuales», realizado por AMMAR y la RedTraSex, de 363 trabajadorxs sexuales encuestadas en los barrios de Once, Constitución y Flores, donde casi un 80% sufrió detención o demora por las fuerzas de seguridad.
«En ningún caso hubo una causa judicial posterior y la población más afectada fue el colectivo de mujeres travestis y trans migrantes», detallaron.
En ese sentido, señalaron que si bien en Argentina el trabajo sexual no es un delito, los Códigos Contravencionales o de Faltas de 16 provincias y de la Ciudad de Buenos Aires «criminalizan la oferta de servicios sexuales en la calle y habilitan a la policía para vulnerar los derechos de lxs trabajadorxs sexuales».
Y advirtieron que «la criminalización en lo contravencional es una herramienta de control que da lugar a conductas abusivas y discriminatorias».
La criminalización del trabajo sexual se refiere a la prohibición legal de la prostitución o la penalización de las personas que se dedican a esta actividad, así como de los clientes que solicitan sus servicios. A continuación, se presentan algunas posibles ventajas y desventajas de la criminalización del trabajo sexual:
Pros:
Protección de las personas involucradas: Al prohibir la prostitución, se puede evitar que las personas que se dedican a esta actividad sean víctimas de abuso o explotación sexual, y se les puede brindar protección legal y social.
Disminución del tráfico de personas: La legalización del trabajo sexual podría disminuir el tráfico de personas y la trata de seres humanos, ya que se pueden establecer medidas de control y regulación para garantizar la seguridad de las personas involucradas.
Cambio en la percepción social: La criminalización del trabajo sexual puede ayudar a cambiar la percepción social de la prostitución como una actividad ilegal y moralmente reprensible.
Contras:
Estigma social y discriminación: La criminalización del trabajo sexual puede perpetuar el estigma y la discriminación hacia las personas que se dedican a esta actividad, lo que puede dificultar su acceso a los servicios de atención médica, educación y vivienda, así como aumentar su vulnerabilidad a la violencia.
Aumento de la violencia: La ilegalidad del trabajo sexual puede aumentar la violencia hacia las personas que se dedican a esta actividad, ya que no cuentan con la protección de la ley y pueden ser objeto de abuso por parte de la policía o de los clientes.
Falta de control y regulación: La criminalización del trabajo sexual puede dificultar el control y la regulación de esta actividad, lo que puede llevar a situaciones de explotación, abuso y enfermedades de transmisión sexual.
En resumen, la criminalización del trabajo sexual tiene pros y contras. Si bien puede brindar protección a las personas involucradas y disminuir el tráfico de personas, también puede perpetuar el estigma y la discriminación hacia estas personas y aumentar la violencia y la falta de control y regulación. Es importante considerar todas las implicaciones de esta medida antes de tomar una decisión.
