Presupuesto y tarifarias de 2022 tienen sanción legislativa
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sancionó este jueves el presupuesto 2022 de gastos y recursos para la administración gubernamental, e igualmente se aprobaron los proyectos de Ley Tarifaria y Código Fiscal que regirán el año venidero.
El total presupuestado para el año próximo es $964.387 millones (M), que representa alrededor de un 40% del gasto que se proyecta ejecutar al final de 2021 y un 57% más de lo que se había presupuestado originalmente para este año en curso.
Los mayores gastos e inversiones corresponden a los denominados “servicios sociales” (educación, salud, promoción social, vivienda) que insumen más de la mitad de todo lo presupuestado, con $582.481 M. Los servicios de Seguridad tienen asignados unos $153.660 M y la totalidad de la administración gubernamental (los tres poderes y organismos de control), unos $116.558 M.
Intereses y gastos de la deuda pública, $69.755 M, y para servicios económicos se calculan unos $42.000 M.
Educación, Salud, Seguridad y Desarrollo Social, en ese orden, tienen las mayores partidas presupuestarias.
El 14% de la inversión se aplicará a obras públicas (el oficialismo recordó que hasta el 2007 esa inversión no pasaba del 7% del total del Presupuesto y que la meta actual es llegar al 17,5%). Se prevén importantes emprendimientos en subterráneos ($8.000 M), infraestructura escolar ($3.000 M); plan Sarmiento de informática y conectividad en la enseñanza ($4.000 M); obras en Hospitales ($1.100 M), en las cuencas de los arroyos Maldonado, Cildañez y Vega (más de $2.000 M) y en el Parque de la Innovación ($2.800 M)
En cuanto a los recursos que se prevén recaudar en 2022, serían un 44,3% más que lo que se estima consolidar a fines de 2021. El 67,4% se calcula obtener por impuestos a los Ingresos Brutos; 12,6 % será de coparticipación federal; 7,4% por sellos; 6,7% de impuesto inmobiliario y 4,6% en patentes de vehículos. También ingresarán recursos no tributarios (multas, tasas, derechos y otros); $79.629 M de fuentes financieras y 59.584 M de aplicaciones financieras.
El proyecto de la Jefatura de Gobierno fue presentado en la Legislatura por el ministro de Hacienda y Finanzas, Martín Mura, tras lo cual fue analizado y despachado por la comisión legislativa de Presupuesto, Hacienda, Administración Financiera y Política Tributaria, presidida por Claudio Romero (VJ), quien en el debate hizo de miembro informante.
Romero comenzó su informe con una nueva protesta por la quita “intempestiva y unilateral” de fondos coparticipables a la Ciudad de Buenos Aires, por parte del gobierno federal. Ponderó la pérdida en ese sentido en unos $96.000 M para el año en curso y unos $120.000 M en 2022.
Tanto el Presupuesto como las leyes Tarifaria, del Código Fiscal y de reestructuración de deuda pública, fueron aprobadas con los votos positivos de Vamos Juntos, UCR, PS y Gen (38 votos) y la oposición del Frente de Todos, AyL, FI y CF (20 votos).
Ley Tarifaria y Código Fiscal
En la misma sesión ordinaria (la última del año) y en el marco del mismo debate, se trataron y aprobaron también el Código Fiscal y la Ley Tarifaria para el próximo ejercicio.
No se propone ningún tipo de incremento de alícuotas en los tributos que recauda la CABA, aunque habrá ajustes nominales que promedian el 43%, por efecto de la inflación. La tabla de Patentes sobre Vehículos en General aumentará un 75% como consecuencia de las subas importantes que tuvieron los automotores.
En Ingresos Brutos no habrá cambios excepto para distintas actividades vinculadas a los juegos de azar y destreza, fijando la alícuota del 12% por Casinos y máquinas “tragamonedas”
En relación con los montos mínimos y máximos de infracciones, se actualizan los importes aplicando en general el 43% de suba nominal.
Para los nuevos contribuyentes que inicien actividades en la Categoría Régimen Simplificado del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, habrá una bonificación del 100% durante el primer año y del 50% durante el segundo año.
Emisión de deuda
La norma sancionada autoriza al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda y Finanzas, a efectuar operaciones voluntarias de administración de pasivos y la emisión de títulos de deuda pública, y/o la reapertura de series y/o clases en circulación, hasta la suma de 500 millones de dólares o su equivalente en pesos, otras monedas o unidades de valor.
Se aclaró en los considerandos que “estas operaciones no suponen contraer mayor endeudamiento, sino que apuntan a modificar la estructura temporal de los pasivos. Que así las cosas, la sanción de esta ley aportaría a la estrategia de manejo de pasivos impulsada por el Poder Ejecutivo tendiente a anticipar situaciones de tensión en los mercados, a fin de mitigar el riesgo de fondeo, así como a potenciar alternativas de instrumentos en moneda local”.
La ley sancionada habilita al Ministerio de Hacienda y Finanzas “a dictar las normas que resulten necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente ley, efectuar la apertura de cuentas custodio en el país y/o en el exterior y la instrumentación de acuerdos de cobertura de riesgo cambiario”.
El diputado Romero consignó que se trata de la reestructuración de deudas que vencen en 2022, 2023 y 2024 y enfatizó: “Por primera vez, un jefe de Gobierno va a dejar saneadas las cuentas públicas y ordenada la deuda para las futuras autoridades que lo sucedan”.
Nueva Defensora del Pueblo
María Rosa Muiños, quien hasta hoy ocupaba una banca legislativa por el Frente de Todos, fue electa, prestó juramento y asumirá mañana como nueva Defensora del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En su última sesión parlamentaria, Muiños fue reconocida y elogiada por sus pares de todos los partidos políticos, quienes otorgaron un amplio consenso para su designación en el nuevo cargo institucional, a excepción de tres legisladores de izquierda.
El Defensor del Pueblo era Alejandro Amor, quien renunció a su cargo por haber sido electo nuevo diputado de la Legislatura porteña.
La Defensoría del Pueblo de la CABA es un organismo autónomo e independiente encargado de defender, proteger y promover los derechos, garantías e intereses de todas las personas que viven, trabajan, estudian o transitan por la Ciudad.
