El fiscal federal Franco Picardi pidió este lunes dictar embargos en unos 54.350.000 millones de pesos sobre el extitular de la firma IECSA, Angelo Calcaterra, primo del Presidente de la Nación, Maurico Macri, en el marco de la investigación por el presunto pago de sobornos y sobreprecios en las obras del soterramiento del tren Sarmiento por parte del consorcio de empresas lideradas por Odebrecht. El fiscal federal Franco Picardi solicitó dictar embargos en unos 54.350.000 millones de pesos sobre el extitular de la firma IECSA, Angelo Calcaterra, primo del Presidente de la Nación, Maurico Macri.
La Fiscalía pidió además ante el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi embargar por 4.350.000 millones de pesos al exsecretario de Transporte Ricardo Jaime, al exsecretario de Obras Públicas José López, a Jorge «Corcho» Rodríguez, y a los directivos de Odebrecht.
Asimismo, el fiscal pidió designar a un veedor para controlar las obras del soterramiento del tren Sarmiento.
El pedido hecho por el fiscal fue a raíz que la Cámara Federal -en un fallo reciente- dispuso que se evalúe adoptar medidas cautelares: el escrito es un anticipo de lo que en breve solicitará la Fiscalía con pedidos de indagatorias de una de las causas del escándalo Odebrecht en Argentina.
La investigación apunta a determinar si existió pago de sobornos por parte del consorcio que encabezó Odebrecht y que también integró IECSA, Ghella, y Comsa S.A para acceder a las obras del soterramiento del tren Sarmiento, cuya licitación se inició en 2006.
Para la Fiscalía existió un «direccionamiento» a favor de la selección en las obras de esas empresas y «modificaciones» del contrato original a favor del consorcio, detrás de lo que se esconden los supuestos sobreprecios.
Los sobornos se pagaron –según la Fiscalía- a través de la empresa CAESA de Manuel Váquez, exasesor de Jaime en la Secretaría de Transporte, en torno a los 600 mil pesos, y por desembolsos provenientes de empresas offshore radicadas en el exterior.
En ese sentido, COMSA como IECSA SA pagaron unos 600 mil pesos a la empresa CAESA entre 2005 y 2009 por trabajos de consultoría que se acreditó fueron inexistentes: «Nunca ha habido prestación alguna y la registración ha sido un mero montaje utilizado por los intermediarios y testaferros del exfuncionario Ricardo Jaime para recibir el pago de coimas», señaló.
