Ramal denunció que la Metropolitana mantiene cercadas a familias que acampan frente al predio desalojado

En el día de ayer, el Legislador de la Ciudad del Frente de Izquierda y los Trabajadores, Marcelo Ramal, se acercó al campamento montado en Escalada y Cruz, por numerosas familias que reclaman una vivienda, luego del brutal desalojo del día sábado.

Desde allí, Ramal denunció: “las familias que están acampando frente al barrio arrasado, y que reclaman una respuesta definitiva a su reclamo de vivienda, están soportando un cerco completo por parte de la policía Metropolitana. No se permite el ingreso de personas, medios de comunicación, ni nadie que pretenda asistir a las familias”.

“Como hemos podido comprobar y documentar, muchas de estas personas incluyendo mujeres y hasta niños están severamente golpeadas a raíz de la brutal represión del sábado. Los testimonios recogidos dan cuenta de la forma salvaje con la cual actuó la gendarmería de Sergio Berni y la Policía Metropolitana de Mauricio Macri”.

“Desde este lugar reclamamos asistencia integral a todas las familias afectadas por el desalojo y, naturalmente, una respuesta definitiva de vivienda para todas las familias empadronadas y censadas. Esa respuesta pasa por la urbanización integral de la Villa 20, un reclamo largamente postergado y desconocido por todos los que gobernaron la Ciudad en las últimas dos décadas”.

«se aprovechan de la situación: por entrar a una pieza de tres por dos nos cobran cinco mil pesos y 800 por mes».
Unas 90 personas, entre ellos niños de entre tres meses y cinco años, acampaban esta mañana frente al desalojado asentamiento «Papa Francisco» del barrio porteño de Villa Lugano, debido a que no pudieron reubicarse en otros predios ni en refugios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Una de las mujeres que pasaron la noche sobre el boulevard de la avenida Fernández de la Cruz al 5200 sostuvo que personal del ministerio de Desarrollo Social capitalino les había ofrecido ir «a un refugio, por tres días, pero cuando quisimos ir ya no había cupos, estaban colapsados».

En declaraciones radiales, la mujer lamentó no tener «a dónde ir. Dejé el alquiler hace dos meses, en un alquiler en la Villa 20».

Resaltó que, ahora, quienes rentan habitaciones en ese asentamiento «se aprovechan de la situación: por entrar a una pieza de tres por dos nos cobran cinco mil pesos y 800 por mes».

El sábado pasado, personal de la Policía Metropolitana y Gendarmería Nacional expulsó a las 700 familias del terreno de doce hectáreas tomado en febrero.

El desalojo, del que participaron topadoras que arrasaron con casillas, se produjo luego del asesinato de la adolescente Melina López, quien recibió un disparo de un delincuente que se refugiaba en el asentamiento instalado a fines de febrero.