Campagnoli es el fiscal que investigó al empresario patagónico Báez. Fue suspendido en sus funciones el 12 de diciembre por pedido de la procuradora Alejandra Gils Carbó. Presentó un amparo para que le restituyan el cargo mientras espera que comience el jury en su contra.
«Yo siento que el caso Báez es el detonante de una reacción del poder político contra mí y mis colaboradores, que demostraron ser muy eficientes para investigar a mafias y organizaciones criminales», reflexionó el letrado.
El fiscal recordó que su equipo promovió distintas causas contra oficialistas y opositores, sin distinción de partidos. El ex presidente del Concejo Deliberante porteño, José Manuel Pico, cumple una condena de prisión por una pesquisa impulsada por Campagnoli. También fue su fiscalía la que trabajó en los casos de Gonzalo Acro, la mafia de la comisaría 49 y el escándalo del juez Norberto Oyarbide en Espartacus.
Más de diez años después de aquel episodio, Oyarbide continúa en el centro de la discusión, esta vez por sus fallos y decisiones en torno a las causas del poder. La semana pasada el Consejo de la Magistratura lo protegió luego de que trascendiera que frenó un allanamiento por pedido del Gobierno. En cambio, el mismo cuerpo avanzó en una investigación contra Bonadio, magistrado que citó a indagatoria a dos funcionarios del Poder Ejecutivo y que mandó a juicio oral a Guillermo Moreno.
«Me da que por un lado están apretando el acelerador y por el otro ralentizan todo. Están utilizando distintas varas; vivimos en una gran fragilidad institucional», insistió.
