Tierras públicas: Horacio Larreta, ilícitos e irregularidades en cesión de 31 bienes.

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El Gobierno suspendió y anuló  la cesión de terrenos a la Capital Federal que había dispuesto Mauricio Macri. La medida fue tomada por medio del decreto 145/2020 publicado este lunes en el Boletín Oficial, por el cual se derogó el artículo 23 del artículo 1382/12, incorporado por por el artículo 5 del decreto 740/19, en el cual se facultó al se facultó a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) a cancelar deudas del Estado Nacional o cumplir con asistencia financiera con bienes inmuebles «desafectados del uso, declarados innecesarios y/o sin destino».

Se trata de 31 bienes cuyos traspasos fueron iniciados antes del recambio del poder y ahora serán revisados

El gobierno de Fernández, que a través del decreto 149/2020 ordenó a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), que se encarga de administrar los bienes del Estado nacional, revisar y detectar irregularidades en la cesión de 31 inmuebles, como playas ferroviarias, el Paseo del Bajo y viaductos en distintos tramos de las líneas ferroviarias San Martín y Mitre.

En el diario de derecha y gorila por excelencia de la Nación de hoy el jefe de gobierno porteño defendió el despilfarro y el «currito» de tierras públicas: «No hay nada que haya sido un invento de los últimos meses. Están los expedientes administrativos de todas las cesiones, son procesos muy largos que en algunos casos terminaron muy sobre la fecha de entrega del poder» y «El acuerdo de transferencia de esos inmuebles es de mayo de 2018, muchos de esos inmuebles no se pudieron vender, las obras siguieron y se generó un crédito para la ciudad de ese monto».

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“Encontramos una enorme discrecionalidad en una cantidad de inmuebles cedidos a la Ciudad de Buenos Aires” y subrayó que «esto comienza con un DNU firmado un día después de la derrota electoral: en los últimos tres meses del año pasado hubo una cesión de unos $15.800 millones, con una inclinación clara a favorecer a la Ciudad de Buenos Aires y una notoria voluntad de hacer rápido las transferencias”, declaró Martín Cosentino, titular de la AABE.

Este lunes, el Ejecutivo emitió otro decreto (149/2020) en el que instruyó a la AABE a “revisar en un plazo no mayor a sesenta días, la legalidad de los procesos que derivaron en la disposición, cesión, enajenación, transferencia, desafectación, asignación en uso o dación en pago, de inmuebles del Estado Nacional a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a través de cualquiera de sus organismos, entidades, sociedades del estado o con participación estatal mayoritaria, desde el 10 de diciembre de 2015 hasta el 10 de diciembre de 2019, a fin de que en caso de detectarse vicios que puedan implicar su nulidad así como eventuales hechos o actos ilícitos, se proceda a deslindar las correspondientes responsabilidades administrativas, civiles y/o penales”.

Además, se convocó al Ministerio de Economía a solicitar al Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal su intervención para, tras la revisión, en el caso de corresponder, solicitar las sanciones pertinentes.

Entre otros considerados, se advierte en el decreto «la afectación de bienes inmuebles al pago de obligaciones, como las establecidas por dicho inciso, desnaturaliza la función asignada a la AABE e implica un desprendimiento de activos insustituibles que pertenecen al Estado Nacional».

También señala que el tipo de operaciones realizada por la administración de Cambiemos «resulta manifiestamente improcedente e inconveniente para el interés público, máxime si las mismas se realizan por el monto de la tasación oficial».

Por otro lado, se advierte que lo descripto en cuanto a la cesión de bienes «se torna aún más gravoso y reprochable, cuando la medida ha sido adoptada al día siguiente de la realización de las elecciones generales para elegir, entre otro cargos, Presidente y Vicepresidente de la Nación y la dación en pago de inmuebles se realiza exclusivamente a favor de una sola jurisdicción».

Sobre las tierras de Palermo
En relación con las playas ferroviarias ubicadas en Caballito, Palermo y Liniers, afirmaron que «no se pueden vender sin el aval de Playas Ferroviarias de Buenos Aires (PFBA)», una sociedad del Estado cuyo principal accionista es la Anses, que en noviembre de 2019 pagó a la Ciudad obras futuras por adelantado cediendo parcelas por casi US$30 millones.

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