Titular de migraciones avala endurecimiento de controles de ingresos: «Queremos saber quién es el que viene»
«Si un narcotraficante o un delincuente cumplió su condena en su país, no tiene pedido de captura y llega a Ezeiza, hoy no tenemos manera de saber su prontuario», dijo Horacio García.
El director de Migraciones, Horacio García, avaló el proyecto para endurecer los controles de las fronteras al asegurar que quieren «saber quién es el que viene», y si las personas que ingresan tienen antecedentes penales.
«Siempre que la persona no tenga su delito informado a través de Interpol, nosotros no contamos con esa información. Si un narcotraficante o un delincuente cumplió su condena en su país, no tiene pedido de captura y llega a Ezeiza, hoy no tenemos manera de saber su prontuario y, por lo tanto, ingresa. Nosotros queremos saber quién es el que viene», aseguró.
El subdirector Nacional de Migraciones, Julián Curi, informó que entre 2005 y 2015 entraron al país dos millones y medio de extranjeros, mientras que sólo se expulsaron 30 personas en toda la década.
«No queremos cambiar el perfil de un país totalmente abierto a la inmigración, pero si en una década se radicaron dos millones y medio de personas, es imposible que se hayan expulsado sólo a 30, eso quiere decir que no se expulsó a nadie», analizó. Y sostuvo que en 2016 se expulsaron 35 personas, un número todavía bajo en relación a lo que establece la propia ley.
El funcionario explicó que según la normativa actual, Migraciones tiene la obligación de retirar la residencia y expulsar a los extranjeros condenados por delitos con penas mayores a 5 años de prisión, pero en la práctica se hace imposible por los vericuetos del proceso recursivo, al que esta gente apela constantemente y así permanecen en el país por años.
«Están muchos años dando vueltas sin resolución firme, porque el proceso recursivo para discutir la expulsión es extremadamente largo», sostuvo. Cómo ejemplo puso el caso del narcotraficante peruano Marcos Antonio Estrada González, «al que se lo busca expulsar hace 8 años», todavía sin éxito.
«Pero hay muchos casos como ese», explicó, porque en general «los narcotraficantes tienen muy buenos abogados o porque el propio defensor oficial apela». Y agregó que además la ley pide que el delincuente a expulsar brinde su consentimiento, lo que en general no sucede y demora más el trámite.
Citó por ejemplo el caso de un detenido condenado a 5 años de prisión, que en 2 años y medio recibirá el beneficio de la libertad condicional. «Aunque en ese momento migraciones inicie el trámite expulsión, no terminará antes de que se cumplan 5 años y ya esté libre», se quejó Curi.
El funcionario también reveló que la ley no obliga a informar a los juzgados de los extranjeros detenidos. «Están personas están en un limbo o cumpliendo una condena y como no sabemos que están presos, no podemos caducar las residencias».
Finalmente Curi explicó que cuando se hicieron cargo del área, descubrieron que los aeropuertos recibían notificaciones de las búsquedas internacionales de Interpol, pero no estaban conectados on line y en tiempo real con ese sistema de seguridad internacional.
«Ahora estamos profundizando los acuerdos de intercambio de información y mejorando los pasos fronterizos y su parque informático», agregó.
Los principales acciones que busca poner en marcha el Ejecutivo:
– Agilizar los convenios de información con Estados Unidos, Colombia y los países limítrofes. Además, con las empresas aéreas de transporte de pasajeros a través de los sistemas API (Información Anticipada sobre Pasajeros) y RNP (Registro de Nombres de Pasajeros).
– Abordar el foco de la problemática, las «zonas de paraguayos o peruanos», según advierten en el Ejecutivo, que se insertan en los asentamientos. Reforzar el trabajo con la PROCUNAR, la fiscalía antidroga, para establecer un sistema de prohibición de reingresos para personas con antecedentes importantes.
– Intensificar el trabajo en el Registro Nacional de las Personas (RENAPER). Capacitar al personal y controlar los pasos fronterizos..
– Según datos de Migraciones, durante el 2016 Argentina fue el país que más radicaciones generó en América del Sur, y el que le sigue está 50 por ciento abajo. «Se dieron 28 mil turnos a migrantes para que regularicen su situación; este país tiene autoridad moral para sentarse a discutir la forma en la que ingresan y cómo le ponemos cortapisas a los delincuentes, para que se vayan», planteó García.
– Hacer cumplir el artículo 29 de la ley 25.871 que, por ejemplo, estipula en su artículo C que será causal de expulsión «haber sido condenado o estar cumpliendo condena, en la Argentina o en el exterior, o tener antecedentes por tráfico de armas, de personas, de estupefacientes o por lavado de dinero o inversiones en actividades ilícitas o delito que merezca para la legislación argentina pena privativa de la libertad de tres (3) años o más».
– La conexión a INTERPOL internacional de las bases de datos. «Cualquier juzgado de cualquier lugar del mundo que genere una restricción sobre un ciudadano la tiene la Argentina», dijo el funcionario.
