Toma de colegios: por orden del PRO los directivos denuncian a los estudiantes

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Los directivos de tres colegios tomados denunciaron penalmente a los propios estudiantes de sus instituciones. Los directivos argumentan que recibieron un instructivo que la propia Soledad Acuña, ministra de Educación porteña, ahora niega ante la Asesoría Tutelar de Menores haberlo difundido. Asimismo la Policía de la Ciudad, que depende de Rodríguez Larreta, están incursionando en Colegios tomados sin contar con respaldo de ordenes judiciales. Para mañana se sumarían dos colegios más a las tomas llevando el número a 19 escuelas sin clases.

Las autoridades de las escuelas que denunciaron a su propio alumno son: Normal 2 Mariano Acosta en el barrio de Once, la escuela Julio Cortázar de Flores y la de Bellas Artes Manuel Belgrano en La Boca.

Si bien la cartera educativa que encabeza Soledad Acuña negó hace instantes ante la Asesoría Tutelar de Menores de Cámara el instructivo, el asesor Gustavo Daniel Moreno remarcó que Acuña “tiene que dar explicaciones, porque por más que dice que es falso, salió de adentro del Ministerio”.

“Se ha comprobado que en la escuela Julio Cortázar las autoridades escolares (la rectora y vicerrectora, ambas suplentes) labraron un acta el 7 de setiembre (que se les hizo firmar a los estudiantes) aplicando el instructivo, diciendo que la toma implicaba usurpación y que las autoridades debían hacer la denuncia policial”, explicó Moreno en declaraciones al programa “La Verdad Concreta”, que conduce el legislador porteño de Bien Común, Gustavo Vera, por radio Conexión Abierta.

Además, agregó información sobre los otros dos colegios tomados judicializados: “El 8 de setiembre el vicerrector a cargo del Rectorado, de la Escuela Normal 2 Mariano Acosta hizo la denuncia de la toma directamente ante el Ministerio Público Fiscal. Y la toma del escuela de Bellas Artes Manuel Belgrano fue denunciada y tramita ante la Fiscalía Penal 31 bajo causa judicial MPF 158.766”.

Moreno explicó que “el último hecho es un instructivo reflotado de la época de Esteban Bullrich, que el Ministerio mandó el jueves pasado indicando a las autoridades de los colegios que denuncien judicialmente las tomas” y aclaró que “si bien dice que no hay que denunciar a personas, eso resulta ingenuo, porque el fiscal o la policía va a indagar y a tratar de encontrar a los responsables”.

“Esto se repitió en 2012/2013 y en el 2008 y dada la arbitrariedad, el violar la Constitución, los derechos de los chicos, estamos frente a un reclamo educativo y no un delito, intimamos a la ministra de Educación para que ratifique o no el instructivo y si dicen que no es real, bueno que hagan una investigación porque eso salió del Ministerio”.

El fiscal remarcó que en la escuela Manuel Belgrano “fueron autoridades de la Fiscalía 31 con la Policía y más allá que no tomó ninguna decisión, la sola presencia genera intimidación en los chicos”.

“Estamos frente a un claro reclamo que tiene protección constitucional, amparado por los derechos del niño, ya que el artículo 12 señala que los chicos pueden y deben participar en los plantes de estudio. En vez de discutir eso, estamos discutiendo el instructivo y el ingreso de la Policía”, precisó.

Asimismo, recordó que en 2013 y en 2008 hubo dos intentos de aplicar el instructivo, pero presentaron “una medida cautelar”, al tiempo que señaló que les “llama la atención que ese instructivo siga dando vueltas”.

“Todo ello demuestra que el instructivo fue aplicado por autoridades escolares, en contradicción con lo que responde el Ministerio de Educación; lo que representa una vía de hecho prohibida por el art. 9 de la ley de procedimientos administrativos (al no existir protocolo como dice el Ministerio), por lo cual la ministra debió haber dispuesto comunicar a todos los establecimientos secundarios acerca de la inexistencia de protocolo y que el instructivo que estaba circulando no podía ni puede aplicarse. Nada de eso se hizo”, precisó Moreno.

Por último, consideró que “es de una ingenuidad palmaria pensar que la denuncia de una toma no implicará en sí misma la denuncia de los alumnos, ya que denunciado un hecho deviene lógico que autoridad policial o el fiscal buscará identificar a los autores. La consecuencia es la misma: la criminalización de los estudiantes”.

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