Ante la inminente votación en la Cámara de Diputados de la Nación de los tres proyectos de Reforma Judicial que ya obtuvieron sanción parcial del Senado, la legisladora porteña y presidenta del Foro de la Tercera Edad, Dra. María América González, (Buenos Aires para Todos – FAP) cuestionó severamente las intenciones del Frente para la Victoria y sus socios políticos, ya que de prosperar la votación se abrirá el camino hacia una justicia inequitativa para la ciudadanía argentina, es decir, estaremos ante una real denegatoria de justicia.
Respecto de la polémica sobre la conformación del Consejo de la Magistratura, la diputada porteña de Buenos Aires para Todos consideró que «es absurdo que los candidatos sean propuestos por los partidos políticos, con la lógica consecuencia de que la fuerza mayoritaria la única que va a decidir no sólo en el Congreso de la Nación, a través de las cámaras, sino también en el Poder Judicial con los jueces designados por ellos».
En otro orden, la Dra. María América González también rechazó enfáticamente la regulación de las medidas cautelares. «Los trabajadores y los jubilados, esencialmente, deben tener en cuenta que las cautelares se inician por las personas más vulnerables ante el Estado y contra el Estado. Por lo tanto, con las modificaciones se imponen procedimientos, requisitos, plazos de vigencia y excepciones que las hacen restrictivas, eliminado seriamente las posibilidades de ejercitarlas», señaló la legisladora. Sobre el particular, la Dra. González refirió que «los más perjudicados son los más débiles, es decir, el trabajador y el jubilado».
En cuanto a la creación de Cámaras de Casación, la diputada porteña señaló que las mismas ya existen en el fuero penal, por lo que no estamos ante algo novedoso. «Con la creación de estas Cámaras en los fueros federal, laboral y provisional, se tendrá una justicia más lenta. Tengamos en cuenta que actualmente un juicio de un trabajador o un jubilado tarda de 5 a 7 años. Al crear esta nueva instancia, los trámites judiciales se extenderán por 10 ó 12 años, ya que se crea un nuevo paso, logrando un total de cinco instancias para obtener sentencia definitiva», explicó la diputada González, de larga experiencia y trayectoria en materia laboral y provisional.
Para concluir, la Dra. María América González enfatizó: «Reconocemos que se hace necesaria una reforma judicial a los efectos de dar mayor transparencia y mejorar la representación de los ciudadanos ante el Poder Judicial. Pero, con las propuestas del Poder Ejecutivo Nacional, lo que se hace es retrasar el acceso a la justicia, quitándole la transparencia tan declamada, poniéndola bajo el dominio de la mayoría de turno. No se puede votar esta reforma judicial».
La legisladora de Buenos Aires para Todos sostuvo que es imprescindible que la ciudadanía participe con su voz y con su voto oponiéndose con firmeza a las modificaciones que pretende hacer el partido oficialista y sus socios de turno, quienes con burdas actitudes manosean el trabajo legislativo ocupando bancas de manera circunstancial con el sólo propósito de habilitar quórum y votar sin haber leído los proyectos en discusión y no habiendo escuchado a las voces disidentes.
Opinión respecto de los proyectos de Ley presentados por el P.E. Nacional sobre la REFORMA
JUDICIAL:
Es indiscutible la necesidad de la Reforma al sistema del Poder Judicial vigente en la Argentina. Sin
embargo, los proyectos presentados por el P.E. Nacional agravan los actuales problemas que dicho
poder presenta, ya que en virtud de las reformas planteadas puede advertirse:
Vulneración de la independencia del Poder Judicial.
Afectación y complejidad del derecho de acceso a la justicia, especialmente respecto de
los sectores más vulnerables de la Sociedad, como los jubilados, y los trabajadores.
Ambigüedad respecto de la transparencia del acceso a la información pública.
Soluciones insuficientes a los fines de mejorar la publicidad de los actos del Poder Judicial
así como el ingreso de los trabajadores en dicho Poder.
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En cuanto a los puntos específicos a reformar pueden evidenciarse las siguientes cuestiones:
• Reforma del Consejo de la Magistratura: Únicamente los partidos políticos podrán
proponer candidaturas para los Consejeros por lo que los candidatos provendrán de las
distintas fuerzas partidarias. Asimismo, las elecciones de dichos consejeros coincidirá con
los comicios presidenciales. En consecuencia, la mayoría del Consejo de la Magistratura
estará integrada por representantes del partido al que la/el Presidente pertenezca. Dicha
mayoría es la que decidirá el nombramiento, sanción y remoción de los jueces, situación
que requerirá solamente la mayoría absoluta de los miembros del Consejo y no las 2/3
partes. Claramente se evidencia la vulneración a la Independencia del Poder Judicial.
• Medidas Cautelares: Las medidas cautelares son solicitadas en el desarrollo de algunos
juicios a fin de evitar que se vulneren los derechos que se pretenden proteger. La
mayoría de las medidas cautelares que se solicitan contra el Estado pretenden proteger
a los individuos que se encuentran en situación de debilidad. El nuevo procedimiento
establecido omite e ignora la urgencia y el peligro en la demora que caracteriza a este
instituto jurídico. Le otorga la facultad al Estado para que maneje los tiempos judiciales
a los fines de dictar dichas medidas, ya sea con un informe previo o con la posibilidad
incluso de suspender el efecto de la medida cautelar, tornándola absolutamente ineficaz.
Asimismo se limita en el tiempo la vigencia de las medidas cautelares, sin tener en
consideración las particularidades del caso, exigiendo cauciones absurdas, cercenando las
garantías constitucionales de los ciudadanos.
• Nuevas Cámaras de Casación: En el sistema vigente existe la Cámara de Casación en el
fuero Penal. La reforma establece la creación de 3 nuevas Cámaras de Casación para las
instancias federales y nacionales de los fueros Contencioso Administrativo, del Trabajo
y la Seguridad Social, Civil y Comercial. Es decir que se crea una nueva instancia judicial,
a fin complejizar el acceso a la justicia, creando una nueva instancia que obstaculiza el
procedimiento vigente y que generará un embudo que lejos de solucionar la demora
existente en el tratamiento de las causas la agravará.
Algunas de las propuestas que deberían incluirse en el debate:
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Transparencia de los concursos para la selección de los jueces y transparencia de y
participación ciudadana en la discusión de causas judiciales de interés público.
Sanción de una ley de acceso a la información pública que incluya al Poder Judicial
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• Necesidad de generar estadísticas del Poder Judicial de acceso público, confiable y
desagregada.
Fortalecimiento del acceso a la justicia de los sectores más vulnerables.
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• Rediseño de la organización del Poder Judicial, con criterios de horizontalidad,
modernización y eficacia en el funcionamiento de los tribunales.
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Incorporación de mecanismos de rendición de cuentas de la gestión, tanto jurisdiccional
como administrativa dentro del Poder Judicial.
Modificación de los Códigos de Procedimiento para agilizar los juicios.
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Es por todo ello que:
LA REFORMA JUDICIAL PRESENTADA NO PUEDE SER VOTADA, DEBE SER DEBATIDA EN UN
PROCESO PARTICIPATIVO, DE CARA A LA SOCIEDAD, A LOS FINES DE CUBRIR TODOS LOS
PUNTOS QUE REQUIEREN UNA REAL MODIFICACIÓN, PERO QUE DICHA MODIFICACIÓN
OTORGUE UNA SOLUCIÓN ACABADA, PROFUNDA Y POR SUPUESTO SALVAGUARDANDO
LOS DERECHOS QUE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL LE ATRIBUYE A TODOS LOS CIUDADANOS
ARGENTINOS, EN ESPECIAL A LOS SECTORES MÁS EXPUESTOS Y VULNERABLES DE LA SOCIEDAD.
