El gobierno de Macri avanzará con el decreto impulsado en 2012 por la expresidente Cristina Kirchner que plantea la expropiación del predio La Rural, ubicado en el barrio porteño de Palermo. La base del reclamo es que La Rural se adquirió a “precio vil”: se pagaron u$s30 millones contra los u$s131,8 millones calculados por los peritos judiciales. Si bien desde la Sociedad Rural señalaron que la operación se realizó según la ley y que mantendrán su postura en la Justicia, desde el Gobierno reconocen a que el decreto de Cristina Kirchner “es correcto”. También apunta contra el sistema de contratación directa para realizar el traspaso, sin justificar «circunstancias técnicas, sociales, económicas o de interés general».
La Sociedad Rural Argentina, fundada en 1866, ocupa el terreno de Palermo desde 1878 por un acuerdo con el Estado, que se lo vendió en 1991, durante la presidencia de Carlos Menem. La contestación de demanda que presentó la Procuración de la era Macri, que tiene fecha del 21 de abril del año pasado y lleva la firma del jefe de ese organismo, Carlos Balbín; de la subprocuradora, Susana Vega, y de los abogados Arturo Abriani y María Fernanda Arcuri, coincide con Cristina Kirchner en la «invalidez» del decreto de Menem (el 2699). «Este decreto es nulo de nulidad absoluta e insanable, es decir, un acto irregular», afirma el documento, y enumera entre los «vicios» que no se haya calculado el valor del terreno a través del Tribunal de Tasaciones de la Nación, como exigía la ley 21.626, sino mediante una estimación de los bancos Hipotecario y Ciudad y de un consorcio de inmobiliarias. «El precio de la venta fue «vil», considerando el valor del Predio Ferial de Palermo», agrega.
Gorilas eran los de antes.
La medida había sido suspendida en 2013 por un recurso de amparo que la Corte Suprema avaló, aunque el Gobierno contestó la demanda para proseguir con los pasos procesales hasta que se defina la cuestión de fondo.
Por otro lado, también se discute el plazo de los pagos y una renegociación que se realizó en 2001 que terminó con tres cuotas impagas por u$s6 millones.
En este sentido, la Procuración coincidió con el decreto de 2012 sobre la «invalidez» del decreto de Menem (el 2699), que considera que el precio de venta del predio «fue vil».
«Este decreto es nulo de nulidad absoluta e insanable, es decir, un acto irregular», afirma el documento de la Procuración.
Entre los «vicios» detectados por el organismo se destaca que no se haya calculado el valor del terreno a través del Tribunal de Tasaciones de la Nación, como exigía la ley 21.626, sino que fue tasado por los bancos Hipotecario y Ciudad, y de un consorcio de inmobiliarias.
«El concepto es: no cambiamos nada hasta que se resuelva la causa madre», señalaron fuentes del Gobierno a La Nación.
«La causa es tan absurda que nunca fue a juicio oral. El predio fue legítimamente comprado, tal como lo establecía el marco legal vigente», retrucan desde La Rural.
