Buenos Aires, diciembre de 2024<\/strong> – El robo de electricidad en edificios no solo genera titulares en los juzgados, sino que tambi\u00e9n desata debates \u00e9ticos y econ\u00f3micos en la vida urbana porte\u00f1a. Este acto, que algunos justifican bajo la excusa de la crisis econ\u00f3mica, est\u00e1 penado por el C\u00f3digo Penal argentino y puede acarrear graves consecuencias legales, econ\u00f3micas y de seguridad.<\/p>\n\n\n\n Seg\u00fan la legislaci\u00f3n vigente, apropiarse ileg\u00edtimamente de electricidad, considerada un bien mueble, est\u00e1 tipificado en el art\u00edculo 162 del C\u00f3digo Penal, que establece penas de prisi\u00f3n de uno a dos a\u00f1os. Adem\u00e1s, si se utiliza fuerza en las cosas o violencia, el art\u00edculo 164 agrava la pena, extendi\u00e9ndola hasta seis a\u00f1os. En un edificio, tanto el electricista que ejecuta la conexi\u00f3n clandestina como el consorcio o propietario que la permite, podr\u00edan ser considerados c\u00f3mplices y enfrentarse a estas penas.<\/p>\n\n\n\n El castigo no se queda solo en lo penal. Empresas distribuidoras como Edenor o Edesur imponen severas multas econ\u00f3micas a los infractores. En el caso de Edenor, estas sanciones se calculan considerando el 40% de la energ\u00eda robada, sumando gastos de recuperaci\u00f3n, impuestos y contribuciones. Estas cifras pueden escalar r\u00e1pidamente, especialmente en edificios donde las conexiones clandestinas abastecen consumos elevados.<\/p>\n\n\n\nMultas millonarias y el costo del delito<\/h3>\n\n\n\n
El caso de Las Ca\u00f1itas: una alerta que marc\u00f3 un antes y un despu\u00e9s<\/h3>\n\n\n\n