La justicia de la Ciudad orden\u00f3 suspender los permisos de obra y registros de planos otorgados por el GCBA para la construcci\u00f3n de dos torres, junto a una residencia construida a principios del siglo pasado para la familia Roccatagliata, ya que el proyecto estar\u00eda en contravenci\u00f3n con el C\u00f3digo de Planeamiento Urbano y requerir\u00eda para su concreci\u00f3n de una norma urban\u00edstica propia.<\/p>\n
El titular del juzgado N\u00ba 8 en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, Osvaldo Otheguy, resolvi\u00f3 el pasado 22 de noviembre hacer lugar a la medida cautelar solicitada por el legislador Gustavo Vera, en el marco de una acci\u00f3n de amparo en resguardo del patrimonio urbano de la Ciudad, ante la amenaza que la construcci\u00f3n de dos torres en el predio en el cual se ubica la \u201cVilla Roccatagliata\u201d, implicar\u00eda para el inmueble de principios del siglo XX y su entorno.<\/p>\n
El magistrado consider\u00f3 \u201cque se encuentran configurados los requisitos exigidos para la concesi\u00f3n de la tutela cautelar\u201d, y en consecuencia orden\u00f3 al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires \u201cla suspensi\u00f3n del permiso de obra y\/o registro de planos otorgado por el GCBA para el inmueble sito en la Av. Ricardo Balb\u00edn N\u00ba 2603\/77, Franklin D. Roosevelt N\u00ba 3141\/43\/45 y Zapiola N\u00ba 2626\u201d, en el barrio de Coghan, as\u00ed como tambi\u00e9n suspendi\u00f3 varias disposiciones vinculadas al proyecto edilicio (disposiciones de la Direcci\u00f3n General de Interpretaci\u00f3n Urban\u00edstica N\u00ba 1718\/2011 y N\u00ba 1705\/2012 que consideraron factible desde el punto de vista urban\u00edstico la obra en cuesti\u00f3n, y de la Disposici\u00f3n de la Agencia de Protecci\u00f3n Ambiental N\u00ba 157\/2014, en la cual se categoriz\u00f3 el proyecto de impacto ambiental sin relevante efecto otorgando el certificado de aptitud ambiental).<\/p>\n
En la resoluci\u00f3n cautelar, el juez Otheguy tambi\u00e9n orden\u00f3 \u201ctomar los recaudos necesarios para que se paralicen los trabajos constructivos en la obra llevada a cabo en el mencionado inmueble\u201d, hasta que se dicte sentencia definitiva, y dispuso que el GCBA deba dar cumplimiento a la medida \u201cdentro del plazo de 2 (dos) d\u00edas y acreditar dicha circunstancia dentro del plazo de 3 (tres) d\u00edas\u201d.<\/p>\n
En la sentencia dictada en los autos caratulados \u201cVera Gustavo Javier contra GCBA sobre Amparo\u201d, el juez realiz\u00f3 una rese\u00f1a de la normativa involucrada en la causa, destacando el art\u00edculo 26 de la Constituci\u00f3n local que establece que \u201cel ambiente es patrimonio com\u00fan\u201d el cual debe ser preservado y defendido para las generaciones futuras; el art\u00edculo 27 que promueve \u201cla preservaci\u00f3n y restauraci\u00f3n del patrimonio natural, urban\u00edstico, arquitect\u00f3nico y de la calidad visual y sonora\u201d; el art\u00edculo 30 que establece \u201cla obligatoriedad de la evaluaci\u00f3n previa del impacto ambiental de todo emprendimiento p\u00fablico o privado susceptible de relevante efecto\u201d; as\u00ed como tambi\u00e9n resalt\u00f3 numeroso articulado del C\u00f3digo de Planeamiento Urbano y de la Ley N\u00ba 123 de Evaluaci\u00f3n de Impacto Ambiental, la cual define que \u201clas obras proyectadas sobre parcelas de m\u00e1s de 2500 metros cuadrados requieran el dictado de normas urban\u00edsticas particulares\u201d.<\/p>\n
En los fundamentos de la sentencia, el magistrado afirm\u00f3 que la Disposici\u00f3n N\u00ba 1718\/2011 que consider\u00f3 viable la obra, utilizando un \u201camplio margen de discrecionalidad, habr\u00eda hecho uso de la vaguedad y ambig\u00fcedad de la norma reglamentaria para autorizar, sin un fundamento claro y preciso, una obra que se encontrar\u00eda en contradicci\u00f3n tanto con el C\u00f3digo de Planeamiento Urbano como con el Acuerdo N\u00ba 572-CPUAM-2004\u201d. Tambi\u00e9n sostuvo que se hizo \u201cescueta referencia a razones de \u00edndole patrimonial\u201d, y que se autoriz\u00f3 \u201cel incumplimiento de la normativa vigente\u201d condicionando el proyecto a \u201cun correcto tratamiento de puesta en valor del bien patrimonial\u201d, en este caso, el Palacio Roccatagliata.<\/p>\n
\u201cSi se entiende que la obra es factible desde el punto de vista urban\u00edstico, se eximir\u00eda al interesado en su construcci\u00f3n de requerir una norma urban\u00edstica particular, tal como lo exige el art\u00edculo 2.2.2. del C\u00f3digo de Planeamiento Urbano para las parcelas de 2.500 metros cuadrados o m\u00e1s\u201d, subray\u00f3 Otheguy, remarcando que con esta calificaci\u00f3n tambi\u00e9n se evitar\u00eda la obligatoriedad de realizar una evaluaci\u00f3n de impacto ambiental como prev\u00e9 la Constituci\u00f3n de la Ciudad en el art\u00edculo 30.<\/p>\n
\u201cEn consecuencia, no solo se le impedir\u00eda a la Legislatura local ejercer las atribuciones que le son propias seg\u00fan el CPU en el marco de la sanci\u00f3n de una ley de doble lectura y la correspondiente participaci\u00f3n popular, sino que el riesgo sobre el medio ambiente ser\u00eda incierto por carecer del correspondiente informe que lo determine ante una obra de semejante magnitud\u201d, sostuvo el juez.<\/p>\n
Finalmente, el magistrado resalt\u00f3 que de no suspender de forma inmediata la construcci\u00f3n de las torres, \u201cse continuar\u00eda con una obra que estar\u00eda en contravenci\u00f3n con el CPU y que merecer\u00eda la intervenci\u00f3n de la Legislatura local y la participaci\u00f3n de la comunidad\u201d, sin contar \u201ccon la correspondiente evaluaci\u00f3n de impacto ambiental\u201d, a lo que se podr\u00eda sumar que luego deba ser demolida por no ajustarse a los par\u00e1metros de la normativa.-<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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