As\u00ed lo sostuvo el juez Gustavo Letner en el caso de un condenado por amenazas. La fiscal solicit\u00f3 su inmediata detenci\u00f3n y la ejecuci\u00f3n anticipada de la pena de prisi\u00f3n; mientras que el imputado solicit\u00f3 el cese de la medida que le impone comparecer ante el juzgado semanalmente. Ambas peticiones fueron denegadas<\/p>\n
El juez Gustavo Adolfo Letner, titular del juzgado n.\u00ba 15 en lo Penal, Contravencional y de Faltas, resolvi\u00f3 no hacer lugar a la solicitud de la fiscal\u00eda de proceder a la ejecuci\u00f3n anticipada de la pena de prisi\u00f3n de un imputado en un caso de amenazas intrafamiliares ni a la petici\u00f3n de que se proceda a su inmediata detenci\u00f3n. Adem\u00e1s, tampoco hizo lugar a la pretensi\u00f3n del imputado de que se disponga el cese de la medida restrictiva, consistente en comparecer al juzgado todos los d\u00edas lunes en horario judicial, sino por el contrario mantuvo la medida, como as\u00ed tambi\u00e9n, la prohibici\u00f3n de acercamiento respecto de la v\u00edctima. Sin embargo, el magistrado hizo saber al imputado que \u201cel incumplimiento de estas obligaciones podr\u00e1 implicar la adopci\u00f3n de medidas restrictivas de la libertad m\u00e1s severas\u201d. Se dio en el marco de la causa \u201cP., E. H. s\/ Inf. Art. 149 bis del C\u00f3digo Penal\u201d.<\/p>\n
El magistrado cit\u00f3 jurisprudencia en materia de principio de inocencia, como los fallos \u201cIvanov\u201d, \u201cZagarramurdy\u201d, \u201cVer\u00f3n\u201d y \u201cGrajales Lopez\u201d ; y expres\u00f3: \u201cResulta, en mi opini\u00f3n, irrefutable, que no es constitucionalmente admisible sostener que una pena de prisi\u00f3n de efectivo cumplimiento impuesta a quien transita el proceso en libertad, pueda ser ejecutada con antelaci\u00f3n a que la sentencia condenatoria adquiera firmeza. Dicha interpretaci\u00f3n se da de bruces con la presunci\u00f3n constitucional de inocencia y, sostenerla, coloca a la ley local n\u00b0 402 en clara confrontaci\u00f3n con el art. 18 CN y con los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, controversia que puede resolverse sin ninguna dificultad recurriendo al art. 31 CN, que establece la supremac\u00eda de la Carta Magna y de dichos Tratados por sobre las leyes de inferior jerarqu\u00eda\u201d.<\/p>\n
\u201cEs por ello que entender que el art. 33 de la Ley local n\u00b0 402 o el art. 285 del C.P.C.yC.N. autorizan la ejecuci\u00f3n anticipada de sentencias condenatorias dictadas en casos penales resulta a todas luces inconstitucional\u201c, agreg\u00f3. \u201cEn definitiva, si para la ejecuci\u00f3n anticipada de una sentencia civil se requiere que la misma condene al pago de una suma de dinero y que adem\u00e1s se preste contracautela, es evidente que en materia penal el respeto al principio de inocencia impone que el t\u00edtulo ejecutivo de la pena sea la sentencia de condena firme\u201d, argument\u00f3.<\/p>\n
A pesar de que se trata de un caso de amenazas intrafamiliares -de hermano a hermana-, puso de relieve que la prueba producida en el juicio oral y p\u00fablico \u201cno hab\u00eda permitido acreditar, con la certeza requerida, que pueda ser catalogado como de violencia dom\u00e9stica\u201d y que, desde el dictado de la sentencia de condena en 2016, donde se a\u00f1adi\u00f3 la obligaci\u00f3n de comparecer semanalmente, \u201cno fue denunciado por la fiscal\u00eda ni la v\u00edctima que el encausado haya quebrantado la prohibici\u00f3n de acercamiento\u201c.<\/p>\n
En este contexto, el juez indic\u00f3 que \u201cla prisi\u00f3n preventiva, por ser la medida cautelar m\u00e1s gravosa, siempre debe ser aplicada en forma excepcional y como \u2018ultima ratio\u2019\u201c. Y a\u00f1adi\u00f3 que \u201cel juez s\u00f3lo podr\u00e1 disponer una medida cautelar m\u00e1xima como es el encarcelamiento cuando se configuren motivos suficientes para justificar que existe peligro de fuga o de entorpecimiento del proceso, extremo \u00e9ste que no se acredit\u00f3 en este caso\u201d.<\/p>\n
Finalmente, en relaci\u00f3n a la pretensi\u00f3n del imputado de que se disponga el cese de su obligaci\u00f3n de comparecer ante el juzgado, Letner especific\u00f3: \u201cSi aquella medida se entendi\u00f3 razonable para asegurar su sujeci\u00f3n al proceso cuando se dict\u00f3 la sentencia condenatoria, y ninguna variaci\u00f3n se produjo con relaci\u00f3n al riesgo procesal que fue merituado en esa oportunidad, entonces ninguna raz\u00f3n existe para dejarla sin efecto\u201d.<\/p>\n
Fuente iJudicial<\/p>\n