La justicia rechaz\u00f3 un pedido de incompetencia planteado por la Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires contra una acci\u00f3n iniciada por una afiliada para el efectivo reintegro de un tratamiento de fertilizaci\u00f3n asistida<\/p>\n
El titular del juzgado n\u00ba. 18 en lo Contencioso, Administrativo y Tributario, Marcelo L\u00f3pez Alfons\u00edn, rechaz\u00f3 la excepci\u00f3n de incompetencia planteada por la ObSBA y exhort\u00f3 a sus autoridades a que se abstengan de realizar \u00abplanteos procesales dilatorios\u00bb. Todo ello en el marco de la causa \u00abI., V. L. contra Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires y otros sobre cobro de pesos\u00ab.<\/p>\n
El magistrado consider\u00f3 parad\u00f3jico que \u00abun ente esencialmente vinculado a la CABA reniegue de la competencia de los estrados de su propio distrito, cuando debi\u00f3 ser defensor y sostenedor de la autonom\u00eda de la Ciudad conforme el mandato constitucional\u00bb, por lo tanto interpret\u00f3 que la excepci\u00f3n solicitada es \u00abuna verdadera e injustificada dilaci\u00f3n procesal impropia de la entidad que la formula\u00bb.<\/p>\n
En sus fundamentos para dictar sentencia, apel\u00f3 al art\u00edculo 48 de la Ley 7 Org\u00e1nica del Poder Judicial de la Ciudad, el cual refiere que los jueces y juezas del fuero Contencioso Administrativo y Tributario, record\u00f3 \u00abentienden en todas las cuestiones en que la Ciudad sea parte, cualquiera fuera su fundamento u origen, tanto en el \u00e1mbito p\u00fablico como en el derecho privado\u00bb. A la vez que reivindic\u00f3 el texto del art\u00edculo 6 de la Constituci\u00f3n local, dado que \u00abimpone un mandato expreso a las autoridades constituidas, permanente e irrenunciable, para garantizar la plena vigencia de la autonom\u00eda de la Ciudad\u00bb.<\/p>\n
L\u00f3pez Alfons\u00edn resalt\u00f3 que \u00aben concordancia con ese mandato, y atento que la cuesti\u00f3n a resolver, m\u00e1s all\u00e1 de constituir un planteo meramente dilatorio e impropio de su formulaci\u00f3n por parte de la Obra Social de la Ciudad, se basa en la vigencia de la Ley 24.588 y no obstante no haberse cuestionado de manera expresa su constitucionalidad al responderse el traslado de la excepci\u00f3n, ello en modo alguno, se traduce en un obst\u00e1culo para ejercer el control de constitucionalidad\u00bb.<\/p>\n
La sentencia relata que la afiliada, a fines de 2015, se present\u00f3 ante la entidad para inscribirse al Programa de Reproducci\u00f3n Asistida, pedido que le fue denegado en principio. No obstante ello, y tras recibir asesoramiento de la Defensor\u00eda del Pueblo, finalmente logr\u00f3 que la ObSBA accedoera a brindar la cobertura del tratamiento. Sin embargo, en la mitad de su desarrollo, la instituci\u00f3n en la cual se estaba atendiendo le inform\u00f3 que la obra social no cubrir\u00eda m\u00e1s sus gastos; raz\u00f3n por la que dispuso continuar pagando personalmente, y por la que ahora entabla el pedido de reintegro en cuesti\u00f3n.-<\/p>\n
Fuente iJudicial el 2 septiembre 2019<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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