Carlos Mahiques no es fiscal: es juez de la Cámara Federal de Casación Penal, uno de los tribunales más altos del país en materia penal. Su nombre volvió al centro de la escena después de pedir sanciones para fuentes judiciales que hablen con periodistas y de proponer una suerte de regulación interna del vínculo entre jueces y prensa; la propia Casación no avanzó con esa iniciativa y dejó el tema en debate.
La escena es perfecta para una novela negra argentina: un juez cuestionado por el escándalo de Lago Escondido, molesto con la prensa, denunciando “persecución mediática” y hablando de “promiscuidad informativa”, mientras pretende disciplinar el flujo de información que permite saber qué ocurre detrás de las puertas pesadas del Poder Judicial.
Para una parte del periodismo crítico, Mahiques representa al funcionario judicial que no quiere ser observado. Para los sectores del poder que necesitan jueces silenciosos, puede aparecer como un garante del orden interno. Para el pueblo, en cambio, sigue siendo casi un desconocido: uno de esos nombres que no ganan elecciones, no dan la cara en la esquina, pero firman decisiones capaces de cambiar vidas enteras.
Mahiques tiene algo del personaje oscuro de El nombre de la rosa: no necesariamente el monje que grita, sino el custodio de la biblioteca; el que conoce los pasillos, sabe dónde están los expedientes, entiende qué puerta se abre y cuál se clausura. En esa comparación literaria, la prensa sería el joven que entra con una vela en la mano, buscando ver lo que el convento prefiere dejar en penumbras.
El problema político no es solo Mahiques. El problema es el modelo de justicia que se incomoda cuando la miran. Porque cuando un juez propone castigar el vínculo entre periodistas y fuentes, no está defendiendo solamente su honor personal: está tocando un nervio democrático. Sin fuentes, no hay investigación. Sin investigación, no hay control público. Sin control público, el poder se vuelve convento, cofradía y sótano.
El caso Lago Escondido dejó instalado un símbolo incómodo: jueces, empresarios, operadores y periodistas reunidos lejos de la mirada pública, en un territorio cargado de sospechas políticas. El episodio fue denunciado por periodistas como un caso de presunta corrupción, lawfare y vínculos opacos entre poder judicial, poder económico y poder mediático.
Por eso la figura de Mahiques funciona como metáfora. No es apenas un juez enojado con tapas, columnas o filtraciones. Es la imagen de una Argentina donde muchos ciudadanos no saben quién firma, quién confirma, quién revoca, quién absuelve, quién condena, quién protege y quién deja caer. El pueblo ve el resultado; rara vez ve la mano que escribió el fundamento.
Y ahí aparece la frase cruel, pero eficaz: para cierto periodismo, Mahiques es el rostro de una justicia contaminada; para ciertos poderes, es un héroe de la reserva corporativa; para la gente común, es un apellido perdido entre expedientes. Esa es la tragedia democrática: los desconocidos del Poder Judicial pueden tener más poder real que muchos famosos de la política.
La Cámara no acompañó su propuesta más dura. Ese dato importa. Porque incluso dentro del propio tribunal pareció haber un límite frente a la idea de convertir el vínculo con la prensa en falta grave.
Mahiques quiso poner un torniquete. La pregunta política del día es otra: ¿quería frenar una hemorragia institucional o cortar la circulación de información? En la Argentina, cuando el poder pide silencio, conviene prender la luz. Porque en los conventos demasiado cerrados, como enseñó Umberto Eco, el veneno casi siempre está en los libros que no quieren que leamos.
Cuando los propios jueces le dijeron que no
El dato político más relevante de las últimas horas no es lo que propuso Carlos Mahiques, sino lo que hicieron sus propios colegas. Reunidos en acuerdo de superintendencia, los integrantes de la Cámara Federal de Casación Penal decidieron no avanzar con ninguna de las medidas impulsadas por el magistrado para sancionar el intercambio de información entre periodistas y fuentes judiciales ni para crear una vocería oficial que monopolizara la comunicación del tribunal.
Traducido al castellano de la calle, los propios jueces le pusieron un freno. Nadie salió a decir que Mahiques estuviera equivocado, pero tampoco nadie quiso acompañarlo en una iniciativa que fue interpretada por amplios sectores periodísticos como un intento de disciplinar la circulación de información dentro del Poder Judicial. La propuesta quedó archivada bajo una fórmula elegante: «continuar el debate». En la práctica, significó que no hubo consenso para avanzar.
El episodio deja a Mahiques en una posición incómoda. Acostumbrado a integrar uno de los tribunales más poderosos del país, terminó viendo cómo una iniciativa impulsada personalmente por él encontraba resistencia dentro de la misma corporación judicial que pretendía ordenar. La imagen resulta inevitable: el hombre que quería regular la conversación terminó encontrando más objeciones dentro de su propia casa que fuera de ella.
La discusión, además, expuso una contradicción difícil de ocultar. El mismo Poder Judicial que durante décadas convivió con filtraciones interesadas, operaciones cruzadas, trascendidos y relaciones informales entre funcionarios, periodistas y operadores políticos, ahora debía decidir si transformaba esas prácticas en faltas disciplinarias. La respuesta de Casación fue negativa. Al menos por ahora.
Por eso la derrota institucional de la propuesta tiene una lectura política evidente. No fue una derrota frente a periodistas opositores, militantes o dirigentes políticos. Fue un límite impuesto por magistrados que comparten el mismo tribunal. Y cuando son los propios pares quienes bajan el pulgar, el mensaje suele ser más contundente que cualquier editorial o cualquier crítica pública.
Si lo definiera un preso que fue condenado por un tribunal donde intervino Mahiques:
«Es uno de esos hombres que nunca ves en el pabellón, nunca escuchás en la radio de la cárcel y nunca te cruzás en la calle, pero cuya firma pesa más que las rejas. Para el preso, representa la cara lejana del poder judicial: alguien que decide desde arriba y cuyos fallos terminan teniendo consecuencias concretas sobre la libertad de otros.»
Si lo definiera un preso que considera justa su condena:
«Es un juez más dentro de un sistema que tiene la tarea de confirmar o revisar condenas. No es el policía que te detuvo ni el fiscal que te acusó, sino una pieza de una maquinaria judicial mucho más grande.»
Si lo definiera un marciano que acaba de llegar a la Tierra:
«Observo un ser humano que no gobierna, no legisla y no fue elegido por millones de votantes, pero posee una considerable capacidad de influencia sobre conflictos políticos, económicos y penales. Su poder no proviene de la popularidad sino de su posición dentro de una institución llamada Poder Judicial. Es un miembro de una casta especializada en interpretar normas escritas y decidir disputas entre otros humanos.»
Si el marciano tuviera sentido del humor:
«Curiosa especie. Los terrícolas apenas conocen su nombre, pero pasan horas discutiendo decisiones tomadas por él. Parece una de esas figuras que habitan los pisos superiores de la burocracia humana: invisible para la mayoría, importante para quienes chocan contra sus resoluciones.»
Si lo definiera un novelista al estilo Umberto Eco:
«No sería el rey del castillo ni el guerrero del campo de batalla. Sería el guardián de los archivos. El hombre que conoce los pasillos, las llaves y los secretos. Uno de esos personajes que rara vez ocupa la tapa del libro, pero cuya intervención altera el destino de los protagonistas.»
La diferencia entre todas esas definiciones no habla tanto de Mahiques como de quién lo observa: un condenado, un periodista, un militante, un juez colega o un ciudadano común probablemente construirían retratos completamente distintos de la misma persona.