El Senado trata el proyecto de propiedad privada con cambios sobre la compra de tierras por extranjeros, mientras el oficialismo busca bloquear la interpelación al jefe de Gabinete y Diputados ya dio media sanción al nuevo Súper RIGI.
Palermo Online País. El Congreso nacional vuelve a quedar este jueves en el centro de la escena política con tres temas que cruzan economía, soberanía territorial, reglas para grandes inversiones y control institucional. En el Senado se debate el proyecto de ley de propiedad privada impulsado por el Gobierno, una iniciativa que introduce modificaciones sobre desalojos, expropiaciones, manejo del fuego y compra de tierras rurales por parte de extranjeros. Al mismo tiempo, el oficialismo intenta evitar que avance el pedido de interpelación al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por las dudas sobre la evolución de su patrimonio.
La propuesta sobre propiedad privada llega al recinto con cambios respecto del texto original diseñado por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger. El punto más sensible es la compra de tierras rurales por parte de extranjeros. La idea inicial del Gobierno buscaba eliminar restricciones, pero las negociaciones parlamentarias incorporaron límites y condiciones, en especial cuando puedan intervenir Estados extranjeros, fondos vinculados a otros países o empresas con participación estatal externa.
Uno de los criterios en discusión establece que las provincias deberán autorizar las operaciones cuando no participe un Estado extranjero, ya que conservan jurisdicción sobre el territorio dentro de sus límites. También se analiza fijar un tope a la cantidad de kilómetros que pueda adquirir una misma empresa. Además, el texto prohíbe que compren tierras los Estados extranjeros, las compañías donde esos Estados tengan influencia en el capital o en las decisiones societarias, y los fondos fiduciarios integrados mayoritariamente con bienes o recursos públicos de otros países.
El paquete también modifica el régimen de desalojos. El llamado desalojo exprés quedaría reservado para casos de inmuebles usurpados, mientras que en los alquileres se mantendrán instancias de intimación previa. El locador deberá intimar al pago por un plazo de diez días mediante una notificación fehaciente al domicilio declarado en el contrato, ya sea físico o electrónico. Si el locatario no cumple, podrá iniciarse una acción judicial por el procedimiento más breve previsto por la ley.
En materia de expropiaciones, el proyecto busca que la declaración de utilidad pública sea interpretada de manera restrictiva y que el Estado fundamente con mayor precisión los motivos de cada caso. El dictamen incorporó un límite del 30% para la indemnización por lucro cesante, punto que no estaba definido en la versión original. También se prevé que los intereses se calculen con el Índice de Precios al Consumidor más la tasa del Banco Nación a treinta días.
Otro capítulo sensible es el manejo del fuego. El proyecto deroga la prohibición que impedía durante 30 años cambiar el uso de superficies incendiadas en zonas agropecuarias, praderas, pastizales, matorrales y áreas periurbanas. Para bosques nativos, se mantiene la prohibición de cambio de uso y destino prevista en la normativa vigente, aunque se elimina el plazo de 60 años establecido por la ley impulsada en su momento por Máximo Kirchner.
En paralelo, la Casa Rosada busca contener otro frente político: el pedido del PRO para interpelar a Manuel Adorni. El bloque que conduce Martín Goerling pretende que el jefe de Gabinete concurra al Congreso el 2 de julio para explicar el crecimiento de su patrimonio. El oficialismo sostiene que el PRO no reuniría los dos tercios necesarios para habilitar el tratamiento sobre tablas y confía en bloquear la maniobra con los votos de La Libertad Avanza y aliados legislativos.
La tensión no es menor porque involucra a un aliado político que hasta ahora fue clave para el Gobierno. En los últimos días también hubo versiones cruzadas entre el entorno de Patricia Bullrich y el propio Adorni, luego de que se comunicara la suspensión de su informe de gestión y el jefe de Gabinete respondiera públicamente que estaba a disposición del Senado. El episodio dejó expuesta una interna dentro del oficialismo ampliado, justo cuando el Gobierno necesita disciplina parlamentaria para aprobar leyes centrales de su programa.
La tercera pieza del tablero es el nuevo Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias, conocido como Súper RIGI, que obtuvo media sanción en Diputados. El proyecto apunta a atraer inversiones de gran escala en sectores tecnológicos y productivos todavía incipientes en el país, como inteligencia artificial, semiconductores, biotecnología, litio, uranio, baterías, hidrógeno verde, energías renovables, vehículos eléctricos, turbinas eólicas, paneles solares y reactores nucleares pequeños y medianos.
El umbral mínimo de inversión previsto es de 1.000 millones de dólares, muy por encima de los 200 millones exigidos por el RIGI original. El régimen ofrece estabilidad fiscal, aduanera y cambiaria por 30 años, reducción del impuesto a las Ganancias al 15%, amortización acelerada, certificados de crédito fiscal para cancelar IVA, contribuciones patronales con alícuota única del 10%, exención de derechos de importación, eliminación de derechos de exportación y disponibilidad progresiva de divisas hasta llegar al 100% de los dólares generados por exportaciones a partir del tercer año.
Para el Gobierno, estos proyectos forman parte de una misma hoja de ruta: abrir la economía, reforzar el derecho de propiedad, atraer capitales externos y reducir la intervención estatal. Para sus críticos, el riesgo está en entregar herramientas demasiado amplias sin controles suficientes, debilitar regulaciones estratégicas sobre tierra, ambiente y recursos naturales, y concentrar beneficios en grandes jugadores económicos mientras la vida cotidiana de la mayoría sigue marcada por tarifas, salarios ajustados y caída del consumo.
La discusión, entonces, no es solo técnica. Habla del modelo de país que se está votando en el Congreso: quién puede comprar tierra, bajo qué condiciones se puede desalojar, cómo se expropia, qué pasa después de un incendio, qué beneficios reciben las mega inversiones y qué explicaciones debe dar un funcionario cuando su patrimonio queda bajo sospecha pública. Los vecinos, como todos los ciudadanos, tienen derecho a mirar el debate completo, sin maquillaje y sin relato mágico. Porque el voto abre una puerta, pero después hay que mirar qué entra por esa puerta.
El problema es que los extranjeros no confían en el PRO ni en Milei
La discusión de fondo no es si la Argentina necesita inversiones, porque las necesita desde hace décadas.
La discusión real es por qué, para conseguirlas, el país debe ofrecer cada vez más privilegios, exenciones y garantías extraordinarias.
Cuando un gobierno necesita inventar un RIGI, después un Súper RIGI y mañana quizá un Mega RIGI, algo está diciendo sin decirlo.
Está admitiendo que la confianza no aparece por decreto, ni por cadena nacional, ni por gritos en las redes sociales.
Las inversiones serias no miran solamente impuestos bajos: miran estabilidad, previsibilidad, instituciones, seguridad jurídica y dirigentes confiables.
Y ahí aparece el problema argentino de siempre, agravado por el clima actual: nadie pone miles de millones donde siente que mañana todo puede estallar por una interna, una improvisación o un capricho político.
Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile o incluso mercados más lejanos compiten con reglas, diplomacia, planificación y continuidad.
La Argentina, en cambio, parece obligada a compensar su falta de confianza con beneficios cada vez más grandes.
Pero si el Estado resigna impuestos, controles, soberanía regulatoria y capacidad de decisión, la pregunta inevitable es qué gana realmente el país.
Porque atraer capital no puede significar convertir al país en una mesa servida donde el riesgo queda para los argentinos y la ganancia se garantiza para otros.
El oficialismo presenta estos proyectos como modernización, apertura y defensa de la propiedad privada.
Sus críticos los ven como una transferencia de poder económico, territorial y fiscal hacia actores que no necesariamente tendrán compromiso con el desarrollo nacional.
En el medio queda la sociedad, que votó esperando soluciones concretas y ahora observa un paquete de reformas de enorme impacto económico, ambiental e institucional.
La propiedad privada merece protección, pero también la merece el interés nacional.
La inversión extranjera puede ser bienvenida, pero no al precio de regalar condiciones que ningún país serio entrega sin exigir resultados concretos.
Un país no se reconstruye solo con slogans de libertad ni con beneficios escritos a medida del capital más grande.
Se reconstruye con credibilidad, producción, trabajo, educación, infraestructura y dirigentes que inspiren respeto dentro y fuera de la Argentina.
Si el mundo no confía, no alcanza con perdonarle impuestos: primero hay que preguntarse por qué no confía.
Y si para que alguien venga hay que prometerle demasiado, conviene recordar la vieja sabiduría popular.
Cuando la limosna es grande, hasta el santo desconfía.
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