La Cámara Nacional Electoral declaró la nulidad del Decreto de Necesidad y Urgencia 366/2025, mediante el cual el Poder Ejecutivo había dispuesto que el trámite de ciudadanía argentina quedara bajo la órbita de la Dirección Nacional de Migraciones, dependiente del Ministerio de Seguridad. El fallo representa un fuerte límite institucional al Gobierno nacional y devuelve el procedimiento de naturalización al ámbito judicial.
La decisión de la CNE sostiene que el Presidente se excedió en sus atribuciones constitucionales al modificar por decreto un régimen vinculado directamente con la adquisición de derechos políticos. Para el tribunal, la ciudadanía no es un simple trámite administrativo: implica, entre otras consecuencias, el acceso al derecho al voto. Por eso, la materia queda alcanzada por la prohibición del artículo 99 inciso 3 de la Constitución Nacional, que impide dictar DNUs sobre cuestiones electorales.
El decreto 366/2025 había sido presentado por el Gobierno como parte de una reforma migratoria más amplia. Entre sus objetivos figuraban el endurecimiento de controles migratorios, nuevas condiciones de permanencia para extranjeros y cambios en el acceso a la ciudadanía argentina. Uno de los puntos más sensibles era justamente el traslado de la competencia desde los juzgados federales hacia Migraciones.
La Cámara rechazó ese avance y remarcó que no existían razones de necesidad y urgencia que justificaran saltear el debate parlamentario. Según el criterio de los jueces, una modificación de esta naturaleza debía ser discutida en el Congreso, no resuelta por decreto. En criollo: no todo se puede mover con lapicera presidencial, menos cuando toca derechos políticos y reglas de ciudadanía.
El fallo también revocó una resolución de primera instancia que había negado la ciudadanía a un solicitante bajo el paraguas del DNU cuestionado. Además, ordenó notificar al Ministerio de Seguridad para que instruya a la Dirección Nacional de Migraciones a dejar sin efecto la aplicación de la medida.
La resolución fue enviada a los jueces federales con competencia electoral de todo el país, con el objetivo de unificar el criterio. Desde ahora, el otorgamiento de la ciudadanía argentina vuelve a quedar en manos de la Justicia Federal, como establecía el régimen tradicional.
El caso abre un nuevo capítulo en la tensión entre el Poder Ejecutivo y los tribunales por el uso de los decretos de necesidad y urgencia. La Cámara Nacional Electoral marcó una línea clara: cuando se trata de ciudadanía, derechos políticos y materia electoral, la Constitución no admite atajos.