Motín en Devoto: los presos defienden la educación mientras Bullrich apaga la luz del futuro
En la cárcel de Devoto, como en otros penales del país, no se está reclamando un privilegio. Se está defendiendo un derecho. En la noche del martes y con persistencia durante el miércoles, los internos alzaron su voz —y sus colchones en llamas— para exigir lo que la ministra Patricia Bullrich les quiere quitar: el derecho a estudiar.
A fines de marzo, la Resolución 372/2025 publicada en el Boletín Oficial dio la orden tajante: los Centros de Estudiantes del Servicio Penitenciario Federal deben cerrar. ¿La justificación? Según el Ministerio de Seguridad, estos espacios “tergiversan” la readaptación social de los internos. A eso se lo podría llamar, al menos, un oxímoron institucional.
Un reclamo con contenido: la educación como herramienta de reinserción
Mientras desde el poder se tilda al reclamo como “potencialmente violento”, desde los pabellones resuena otra consigna: “La universidad es de todos”, se lee en una sábana colgada desde una celda. No es sólo una frase; es una declaración política. Es, también, una cachetada al prejuicio que insiste en ver a los presos como seres descartables, y no como ciudadanos en proceso de transformación.
¿Desde cuándo estudiar interfiere con la reinserción? ¿Acaso no es el estudio mismo una vía concreta para reconstruir el proyecto de vida que muchos perdieron? ¿No debería ser el Estado el primero en promover esa posibilidad?
La decisión del gobierno nacional, liderado por Bullrich en materia de seguridad, parece más bien una jugada ideológica: cerrar todo lo que huela a organización colectiva, incluso dentro de los muros. Y peor si tiene que ver con educación. Porque educarse, en este contexto, es también empoderarse. Y eso, para algunos sectores del poder, sigue siendo peligroso.
Del motín al mensaje: Devoto arde por derechos
Durante las dos noches consecutivas, la protesta se expresó con fuego. Quemaron colchones y sábanas, y los vecinos de la zona sintieron el eco de una tensión que se viene gestando hace tiempo. No fue una revuelta sin sentido. Fue una expresión dramática de una injusticia institucionalizada. Porque mientras se vocifera sobre «orden», se destruyen las pocas estructuras que permiten transformar ese orden en algo más justo.
La universidad dentro de los penales no es una ocurrencia reciente. Desde hace más de dos décadas, proyectos como el de la UBA en cárceles han demostrado que el acceso a la educación no solo reduce la reincidencia, sino que mejora la convivencia intramuros y abre caminos reales hacia la integración social. La medida de Bullrich va, literalmente, en la dirección opuesta.
¿Quién le teme a la educación?
La pregunta es inevitable: ¿qué le molesta tanto a Bullrich de que los presos estudien? ¿Por qué cerrar centros de estudiantes es una prioridad cuando lo que debería preocupar son las condiciones de encierro, el hacinamiento o la falta de salidas laborales? ¿O será que el problema no es el delito, sino quién accede al conocimiento?
La criminalización del saber en contextos de encierro es un retroceso grave, una regresión de derechos que pone en jaque la mínima pretensión de una sociedad más equitativa. Y no es menor que esto ocurra en un momento en el que, desde el poder, se busca disciplinar no sólo a los cuerpos, sino también a las ideas.
Desde Palermo Online lanzamos una pregunta a nuestros lectores:
¿Debe el Estado garantizar el derecho a la educación incluso dentro de las cárceles? ¿O estamos dispuestos a aceptar que el castigo se convierta en venganza?
La justicia no se logra suprimiendo derechos, sino expandiéndolos. Que el encierro no se transforme en oscuridad.