El Gobierno queda contra las cuerdas y está ausente delos problemas de la sociedad
Buenos Aires, En una escena que empieza a repetirse con una frecuencia preocupante, el sistema de transporte del Área Metropolitana de Buenos Aires volvió a entrar en zona crítica. La decisión de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) de iniciar una retención de tareas desde la medianoche expuso, una vez más, la fragilidad de un modelo que no logra sostener ni lo más básico: que los trabajadores cobren y que los usuarios viajen.
La medida impactará de lleno en más de un centenar de líneas, entre ellas la 1, 2, 10, 15, 17, 20, 22, 24, 28, 33, 37, 45, 53, 59, 60, 70, 86, 91, 89, 100, 111, 130 y 152, generando una reducción drástica de frecuencias en todo el AMBA. En los hechos, no se trata de un paro total, pero para el usuario común la diferencia es casi inexistente: esperas eternas, colectivos colapsados y la sensación de que el sistema está al borde del colapso.
Desde la UTA fueron claros: sin salarios completos, no hay servicio. La organización gremial sostuvo que, a pesar de los anuncios oficiales, los fondos no llegaron a todas las empresas. El resultado es una postal conocida: trabajadores que no cobran, empresas que no pueden sostener costos y un Estado que anuncia soluciones que no terminan de concretarse.
Detrás de este conflicto aparece un problema estructural que el Gobierno no logra —o no quiere— resolver. Las empresas advierten que el precio del gasoil se disparó un 25% en el último mes, en un contexto internacional convulsionado, mientras que los subsidios permanecen desactualizados. El desfasaje es brutal: costos que vuelan y tarifas congeladas, sostenidas con promesas de transferencias que no llegan a tiempo.
La carta enviada al ministro de Economía, Luis Caputo, no deja lugar a dudas. Las compañías aseguran que, sin una recomposición urgente, no podrán garantizar ni el servicio ni el pago de salarios. Traducido al idioma de la calle: el sistema está funcionando con lo justo, al límite, y cualquier chispa lo desata.
Y la chispa llegó.
Durante martes y miércoles, la reducción del 30% en las frecuencias ya había anticipado el escenario. Paradas desbordadas, gente llegando tarde al trabajo, estudiantes varados, y una bronca creciente que no distingue ideologías. Cuando el transporte falla, falla todo: la economía, la productividad y la vida cotidiana.
Este jueves habrá una reunión clave en la Secretaría de Transporte, con la presencia de cámaras empresarias como CEAP, CETUBA, CTBPA y CEUTUPBA. Pero el problema ya no es solo técnico ni financiero. Es político.
Porque lo que se está viendo no es un conflicto aislado, sino un patrón: decisiones que no cierran, números que no alcanzan y una gestión que parece correr siempre detrás de los problemas. El ajuste, en este caso, no es un concepto abstracto: se traduce en colectivos que no pasan y en trabajadores que no cobran.
En los barrios —de Palermo a Colegiales, de Constitución a San Martín— la escena se repite como un déjà vu: filas interminables, caras largas y la sensación de que el sistema se sostiene con alambre.
La pregunta ya no es si el servicio va a empeorar, sino cuánto más puede tensarse sin romperse del todo.
Porque cuando el transporte deja de ser confiable, la ciudad deja de funcionar. Y cuando eso pasa, el problema ya no es de los choferes, ni de las empresas, ni siquiera de los subsidios.
El problema es de un modelo que, a esta altura, empieza a mostrar signos de agotamiento.