Un trabajo de la antropóloga Deborah Daich, publicado por la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, analiza las tensiones entre abolicionismo, reglamentarismo y reconocimiento del trabajo sexual. La investigación advierte que detrás de una misma palabra conviven autonomía, desigualdad, explotación, violencia y distintas formas de supervivencia.
Por Palermonline
La prostitución es uno de esos asuntos que incomodan antes incluso de comenzar la conversación. No existe una palabra neutral para nombrarla ni una única historia capaz de abarcarla. Para algunas corrientes feministas constituye una forma extrema de violencia contra las mujeres; para otras, puede ser una actividad consentida que debe contar con derechos laborales. En el medio aparecen la trata, el proxenetismo, la precariedad, la violencia policial y las voces de quienes se reconocen como trabajadoras sexuales.
La antropóloga Deborah Daich se internó en ese territorio espinoso en su artículo “¿Abolicionismo o reglamentarismo? Aportes de la antropología feminista para el debate local sobre la prostitución”, publicado en 2012 por la revista Runa, de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires.
Aunque el trabajo tiene más de una década, conserva una actualidad incómoda. Su planteo central es directo: la prostitución no constituye una realidad uniforme y cualquier política que pretenda regularla, combatirla o abolirla debería comenzar escuchando las experiencias concretas de las mujeres.
Tres posiciones que no significan lo mismo
El debate suele ordenarse alrededor de tres grandes modelos: prohibicionismo, reglamentarismo y abolicionismo.
El prohibicionismo considera delictivo el ejercicio de la prostitución y puede sancionar a quien ofrece, compra u organiza servicios sexuales. El reglamentarismo, en cambio, acepta su existencia como un “mal necesario” y procura controlarla mediante registros, controles médicos, zonas autorizadas y licencias.
El abolicionismo no castiga a la persona que ejerce la prostitución por cuenta propia, pero rechaza reconocerla como una actividad laboral y penaliza a quienes explotan económicamente la prostitución ajena.
La Argentina adoptó formalmente una orientación abolicionista con la Ley 12.331, sancionada en diciembre de 1936. La norma prohibió el establecimiento de casas o locales donde se ejerciera o promoviera la prostitución y estableció sanciones para quienes administraran casas de tolerancia. El ejercicio individual, sin explotación de terceros, no quedó tipificado como delito. La norma original continúa disponible en el sistema oficial de legislación argentina. Ley 12.331
Cuando Buenos Aires quiso controlar los cuerpos
Antes de 1936, Buenos Aires había aplicado durante décadas un sistema reglamentarista. Desde 1874, la ciudad buscó controlar la prostitución mediante padrones, inspecciones sanitarias y restricciones sobre la circulación y la conducta de las llamadas “mujeres públicas”.
Ese sistema nació durante el auge del higienismo. La preocupación oficial no se concentraba solamente en las condiciones de vida de las mujeres, sino en las enfermedades venéreas, el orden urbano, la moral familiar y el temor a que los prostíbulos alteraran la imagen de una Buenos Aires que pretendía mostrarse moderna.
Las mujeres registradas quedaban sometidas a controles sanitarios periódicos y a reglas especiales. No podían exhibirse libremente en puertas o ventanas y debían portar documentación que las identificaba como parte de un prostíbulo determinado.
Según reconstruye Daich a partir de diferentes investigaciones históricas, aquel modelo no consiguió eliminar las enfermedades de transmisión sexual ni la prostitución clandestina. Por el contrario, contribuyó a dividir a la población femenina entre mujeres consideradas respetables y mujeres públicas sometidas al control estatal y policial.
El escándalo provocado por la organización Zwi Migdal, denunciada en 1930 por Raquel Liberman, terminó exponiendo la existencia de redes dedicadas al engaño y la explotación sexual de mujeres. Ese contexto fue uno de los antecedentes de la ley de 1936 y del giro argentino hacia el abolicionismo.
La prostitución no cuenta una sola historia
El aporte más fuerte de la investigación aparece cuando abandona las definiciones abstractas y observa situaciones concretas.
Daich recupera testimonios y escenas de su trabajo de campo: mujeres que ofrecían servicios de lujo de manera independiente; madres que consideraban la actividad una fuente de ingresos compatible con el cuidado de sus hijos; jóvenes que complementaban otro empleo con encuentros ocasionales; mujeres explotadas dentro de departamentos privados y víctimas trasladadas mediante engaños a prostíbulos alejados de sus lugares de origen.
También aparecen situaciones de extrema vulnerabilidad vinculadas con la pobreza, las adicciones, la violencia de pareja y la imposibilidad material de abandonar el circuito.
Todas esas experiencias pueden recibir el nombre de prostitución, pero no son equivalentes. No existe el mismo grado de libertad, poder o autonomía en una mujer que selecciona a sus clientes que en otra engañada, endeudada, encerrada o forzada a entregar su dinero.
Para la antropóloga, borrar esas diferencias puede invisibilizar tanto la explotación como la capacidad de decisión de las mujeres.
El abolicionismo y la denuncia de la violencia
La corriente abolicionista sostiene que prostitución y trata forman parte de un mismo sistema de desigualdad. Desde esta perspectiva, el consentimiento se encuentra condicionado por la pobreza, la falta de oportunidades y una cultura que transforma el cuerpo femenino en un objeto disponible para el deseo masculino.
La prostitución, por lo tanto, no podría considerarse un trabajo porque supondría una forma de violencia y sometimiento construida sobre relaciones históricamente desiguales entre varones y mujeres.
Daich reconoce la potencia de esta denuncia. Su investigación no desconoce la explotación sexual, la trata ni el peligro que enfrentan las mujeres atrapadas en redes criminales. Tampoco niega que la desigualdad de género atraviese buena parte del mercado sexual.
Sin embargo, cuestiona que todas las experiencias sean reducidas automáticamente a una condición de victimización. Cuando se afirma que ninguna mujer puede prestar un consentimiento válido, también se corre el riesgo de desconocer la voz de quienes se organizan públicamente como trabajadoras sexuales.
El reclamo de las trabajadoras sexuales
La Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina, AMMAR, surgió como una respuesta colectiva frente a la violencia policial, la discriminación y la clandestinidad. Sus integrantes reclaman el reconocimiento del trabajo sexual autónomo y el acceso a derechos básicos como jubilación, obra social y protección frente a abusos.
Estas organizaciones diferencian el trabajo sexual ejercido por personas adultas y con consentimiento de la trata, la explotación sexual y el proxenetismo.
No todas aseguran haber elegido libremente la actividad entre infinitas posibilidades. Algunas hablan de una decisión adoptada dentro de un abanico muy limitado de oportunidades laborales. Esa distinción es importante: consentimiento no siempre significa vocación ni ausencia de desigualdad.
Para Daich, negarles completamente capacidad de decisión puede reproducir una forma de paternalismo. La dignidad de una persona no depende solamente de la actividad que realiza, sino también del reconocimiento de su palabra, su autonomía y sus derechos.
Ni romanticismo ni condena automática
La investigación tampoco idealiza el mercado sexual. En los testimonios aparecen engaños, deudas impuestas, jornadas extenuantes, ganancias retenidas, clientes violentos y mujeres abandonadas a cientos de kilómetros de sus hogares.
En algunos establecimientos, la supuesta libertad se vuelve una ficción: las mujeres reciben una parte mínima de lo pagado por el cliente, no pueden rechazar determinados encuentros y quedan bajo el control económico de los responsables del lugar.
La cuestión, entonces, no consiste en pintar la prostitución como una actividad libre de conflictos ni en encerrar todas las experiencias dentro de una única explicación. La propuesta es analizar en cada situación cuánto hay de autonomía, necesidad, explotación, resistencia y violencia.
Escuchar antes de legislar
La antropología feminista aporta una herramienta esencial: el trabajo de campo. En lugar de hablar únicamente sobre las mujeres, procura conocer sus recorridos, escuchar sus relatos y observar las relaciones concretas de poder.
La investigación de Daich plantea que las políticas públicas deberían distinguir con precisión entre prostitución autónoma, explotación sexual y trata de personas. Confundir esas categorías puede perjudicar tanto la persecución de las organizaciones criminales como la protección de quienes ejercen la actividad sin intermediarios.
El desafío sigue abierto. ¿Cómo combatir la explotación sin perseguir a las propias mujeres? ¿Puede reconocerse autonomía en un contexto atravesado por la desigualdad económica? ¿Quién tiene derecho a definir la dignidad de otra persona?
No hay una respuesta sencilla. Tal vez ese sea el aporte más honesto del trabajo: obligarnos a abandonar las consignas cómodas y mirar una realidad donde las fronteras entre elección, necesidad, violencia y supervivencia rara vez aparecen dibujadas con tinta firme.