Durante los últimos 15 años, los Centros de Acceso a la Justicia (CAJ) han sido extendidos como una política federal a lo largo de todo el país. Las respuestas se han acercado a toda la ciudadanía, especialmente a los grupos más vulnerabilizados de la sociedad.
Enfocados en barrios populares y parajes rurales, los CAJ han trabajado en lugares históricamente con mayores barreras para el acceso a sus derechos. La atención legal primaria ha sido brindada por estos dispositivos, abordando necesidades jurídicas cotidianas como el acceso a documentación personal, asesoramiento en temas de familia o trabajo, y asistencia a víctimas de delitos, entre otras cuestiones. Se ha constituido como la primera línea de atención, removiendo barreras históricas vinculadas a la distancia entre las personas más vulnerabilizadas y las respuestas estatales requeridas.
Las instituciones tradicionales del sector justicia no se han ocupado, o lo han hecho muy tarde, de manera fragmentada y a través de caminos largos, rígidos, sinuosos, costosos y generalmente poco efectivos, de dar respuestas a muchos de los problemas que enfrentan las comunidades más necesitadas. Frente a esto, contar con centros descentralizados, con un abordaje territorial, que puedan acompañar integralmente a las personas en la resolución de sus necesidades ha sido fundamental.
Según datos del Ministerio de Justicia, desde 2016 hasta 2022, los CAJ atendieron más de 1.300.000 consultas.
La situación actual de los CAJ ha sido revelada a través de información oficial del Ministerio de Justicia, en respuesta a un pedido de acceso a la información realizado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ). En lo que va del año, se han cerrado seis Centros, reduciendo el número de 109 a 103. Sin embargo, hoy se publicó en el Boletín Oficial una resolución del Ministerio de Justicia que establece que quedará solo un Centro por provincia y se privilegiará la atención remota. Esta decisión vulnera el principio de la atención legal primaria vinculado a la descentralización y eliminación de barreras geográficas, además de no considerar las barreras tecnológicas que enfrentan las personas más vulnerabilizadas.
El costo del Acceso a la Justicia ha sido tema de un comunicado del Poder Ejecutivo, el cual desconoce las premisas básicas del acceso a la justicia y algunos hechos evidentes, como la ausencia de un Defensor del Pueblo en Argentina desde hace 15 años y que los Centros de Asistencia a Víctimas de Delitos (CENAVID) operan en los CAJ o de forma remota mediante atención telefónica. En dicho comunicado, se menciona el costo de 8 mil millones de pesos para mantener los CAJ, cifra no constatada. Aun así, este monto representa solo el 0.01% del gasto público, equivalente al 8% de los beneficios fiscales otorgados a Mercado Libre en 2023 o al 0.18% del pago por servicios de la deuda externa de Argentina hasta la fecha.
Invirtiendo en Acceso a la Justicia se obtienen mejores resultados económicos en general, evitando la pérdida de recursos y el agravamiento de los problemas enfrentados. Organismos como la OCDE fomentan este tipo de dispositivos.
La preocupación por la situación actual es compartida por organizaciones de la sociedad civil y diversas personas e instituciones comprometidas con el acceso a la justicia, coincidiendo en la pérdida significativa que supone la reducción de este servicio. En la actual crisis socioeconómica, estas políticas territoriales y centradas en las personas resultan esenciales para el efectivo acceso a la justicia.
Organizaciones firmantes:
- ACIJ – Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia
- ELA – Equipo Latinoamericano de Justicia y Género
- INECIP – Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales
- CELS – Centro de Estudios Legales y Sociales
- FUNDEPS
- Capibara
- Xumek
- RAAC – Red Argentina de Abogacía Comunitaria
- Curas Villeros
- Andhes – Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en derechos humanos y estudios sociales
- Observatorio de Justicia Sanitaria y Climática
Sobre el acceso a la justicia, este es un derecho humano reconocido internacionalmente y considerado instrumental, ya que permite el acceso a otros derechos. Garantizar la efectividad de los derechos de todas las personas incluye no solo poder acceder a acciones judiciales, sino también encontrar respuestas no judiciales, administrativas y alternativas a conflictos que afectan la vida diaria de las personas.