Discapacidad

Vivienda y discapacidad: CABA concentra la mayor proporción de personas con CUD del país

Un informe de la Fundación Tejido Urbano advierte que el acceso a una vivienda adecuada para las personas con discapacidad sigue atravesado por barreras de accesibilidad, hacinamiento y falta de apoyos para una vida autónoma. En la Ciudad de Buenos Aires, 30.163 personas registradas viven en hogares sin las adaptaciones necesarias.

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires registra la mayor proporción de personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD) en relación con su población: alcanza el 5,25%, según datos de la Agencia Nacional de Discapacidad citados en una nueva “Radiografía de la vivienda de las personas con discapacidad”, elaborada por la Fundación Tejido Urbano.

En números absolutos, CABA cuenta con 162.522 personas con CUD, detrás de la provincia de Buenos Aires, que concentra 678.237 casos. A nivel nacional, hay 1.684.727 personas certificadas, equivalentes al 3,69% de la población del país.

El relevamiento pone el foco en un punto que suele quedar fuera de la discusión pública: tener una vivienda no siempre significa habitarla en condiciones adecuadas, accesibles y compatibles con la autonomía personal. La Ley 26.182 establece que al menos el 5% de las viviendas financiadas por el Fondo Nacional de la Vivienda (FONAVI) debe destinarse a personas con discapacidad o familias que integren a una persona con discapacidad. Sin embargo, reservar el cupo no equivale necesariamente a cumplirlo ni garantiza que las unidades estén realmente adaptadas.

En la Ciudad, donde predominan los departamentos, 88.232 personas con CUD viven en este tipo de vivienda, mientras que 28.739 residen en casas. Además, 8.589 personas habitan en instituciones colectivas, principalmente hogares y centros de salud, y 182 se encuentran en situación de calle.

Uno de los datos más sensibles del informe refiere a la accesibilidad: 108.220 personas registradas residen en viviendas adaptadas, pero otras 30.163 viven en hogares que no cuentan con las adecuaciones necesarias. Rampas, baños accesibles, circulación interior suficiente, señalización y tecnología de apoyo no son lujos ni detalles de obra: son condiciones básicas para que una persona pueda elegir cómo vivir y moverse con seguridad dentro de su casa y su barrio.

La situación nacional también expone una deuda estructural. De acuerdo con el Anuario Estadístico 2022 de la ANDIS, el 27% de las personas con CUD que viven en viviendas particulares atraviesa algún grado de hacinamiento: el 19,2% en condición moderada y el 7,8% en situación crítica, con más de tres personas por ambiente. Este último indicador triplica el promedio nacional.

El estudio del INDEC sobre personas con discapacidad también mostró que el 26,5% de los hogares necesitaba realizar reformas o arreglos por las dificultades de alguno de sus integrantes. Pero apenas la mitad de esas adecuaciones llegó a concretarse.

Durante el primer semestre de 2026, Tejido Urbano relevó 786 soluciones habitacionales entregadas en diez provincias. De ese total, al menos 43 fueron destinadas a personas con discapacidad o familias con integrantes con discapacidad: el 5,5%, apenas por encima del piso legal. El dato evidencia avances, aunque también fuertes diferencias entre jurisdicciones y la necesidad de transparentar los criterios de adjudicación.

El desafío, plantea el informe, excede la entrega de una unidad habitacional. Para muchas personas con discapacidad, una vivienda adecuada requiere apoyos profesionales, transporte, tratamientos, redes comunitarias y entornos urbanos sin obstáculos. En especial para quienes atraviesan padecimientos de salud mental, la falta de una solución habitacional no puede convertirse en una razón para prolongar internaciones o negar una vida en comunidad.

Las experiencias de viviendas tuteladas, casas asistidas y espacios de transición para jóvenes con discapacidad intelectual comienzan a abrir otro camino: uno donde la autonomía no sea una promesa abstracta, sino una posibilidad concreta. La discusión, en definitiva, no debería limitarse a cuántas viviendas se entregan, sino a qué tipo de vida permiten construir.