El caso $LIBRA sacude a la Casa Rosada: comunicaciones, denuncias y el debate constitucional que rodea al presidente Milei
El escándalo alrededor del token $LIBRA se transformó en uno de los episodios políticos y judiciales más sensibles que enfrenta el gobierno de Javier Milei desde su llegada al poder. Lo que comenzó como una promoción en redes sociales de una criptomoneda terminó derivando en una investigación judicial que intenta reconstruir las comunicaciones, los vínculos y las posibles responsabilidades políticas y penales detrás del lanzamiento del activo digital.
El expediente cobró nuevo impulso después de que una pericia oficial sobre teléfonos celulares revelara comunicaciones entre el empresario Mauricio Novelli, uno de los principales investigados en la causa, y el presidente Milei en el mismo momento en que se promocionaba públicamente el token.
Según los registros incorporados a la causa, Novelli mantuvo ocho comunicaciones con Milei y siete con Karina Milei el 14 de febrero, día en que el presidente publicó en su cuenta de X un mensaje invitando a comprar la criptomoneda.
La secuencia temporal de las llamadas se convirtió en uno de los elementos más analizados del expediente.
El día del lanzamiento
De acuerdo con la pericia judicial, las comunicaciones entre Novelli y el presidente ocurrieron en los siguientes horarios:
- 18:44
- 18:54
- 18:56
- 18:58
- 19:03
- 19:32
- 22:00
- 22:05
A las 19:01, en medio de ese intercambio, Milei publicó el mensaje en el que promovía el token $LIBRA y compartía el enlace del contrato digital para adquirirlo.
La pericia también registró siete comunicaciones entre Novelli y Karina Milei, secretaria general de la Presidencia.
Además, esa misma noche, a las 23:37, se produjo una videollamada entre Novelli, Karina Milei y el asesor presidencial Santiago Caputo, con una duración de cuatro minutos y treinta y siete segundos.
Para los investigadores, la reconstrucción de ese cronograma es clave para determinar si hubo coordinación previa al lanzamiento del activo digital.
Quiénes aparecen en la causa
El expediente también menciona a otros actores vinculados al ecosistema cripto internacional.
Entre ellos figuran:
- Hayden Davis, empresario vinculado al desarrollo del proyecto
- Manuel Terrones Godoy, otro de los señalados en la investigación
- Julian Peh, CEO de la empresa tecnológica Kip Protocol
Según los registros judiciales, Novelli se encontraba en Estados Unidos cuando se produjo el lanzamiento del token, junto a algunos de estos empresarios.
También aparece en el expediente una comunicación posterior entre Novelli y Terrones Godoy con un mensaje que despertó sospechas entre los investigadores:
“Llevo eso para allá, pero borrá”, escribió Novelli en un intercambio por WhatsApp el 20 de febrero.
En paralelo, el juzgado ordenó medidas patrimoniales sobre familiares del empresario después de detectar retiros de dinero en efectivo de una cuenta bancaria el primer día hábil posterior al colapso del token.
Qué intenta determinar la Justicia
La investigación busca establecer si el token $LIBRA fue simplemente un proyecto fallido o si existió una maniobra financiera destinada a captar inversores y luego retirar los fondos.
En el mundo de las criptomonedas, ese tipo de esquema suele denominarse “rug pull”, una práctica en la que los desarrolladores promueven un activo digital para inflar su precio y luego abandonan el proyecto.
La participación del presidente en la promoción pública del token se volvió el punto más delicado del expediente.
Los querellantes sostienen que la intervención de un jefe de Estado en la promoción de un activo financiero puede alterar el mercado y generar confianza artificial en los inversores.
Por ese motivo, algunos juristas consideran que, si se comprobara una coordinación con los desarrolladores, el caso podría encuadrarse en delitos como:
- estafa
- negociaciones incompatibles con la función pública
- tráfico de influencias
- manipulación del mercado financiero
Por ahora, la investigación continúa en etapa de recolección de pruebas y análisis de comunicaciones.
El impacto político del caso
Más allá del plano judicial, el escándalo comenzó a tener repercusiones en la arena política.
Diversos sectores de la oposición reclamaron explicaciones públicas del presidente sobre su relación con los empresarios vinculados al token.
También se reactivó el debate sobre los límites éticos y legales de la participación de funcionarios en promociones financieras.
El episodio se produce en un contexto económico y político complejo, donde la confianza pública en las instituciones se encuentra especialmente tensionada por la situación social y financiera del país.
Qué dicen las encuestas
Algunas consultoras privadas comenzaron a medir el impacto del caso en la opinión pública.
Los estudios preliminares indican que el episodio generó un aumento en las dudas sobre la conducta ética del gobierno, especialmente entre sectores que ya se mostraban críticos de la administración.
Sin embargo, los mismos sondeos señalan que la base de apoyo más firme del presidente continúa defendiendo su gestión, interpretando el caso como un ataque político o mediático.
Los analistas advierten que el impacto real del escándalo dependerá en gran medida de cómo avance la investigación judicial y de si aparecen nuevas pruebas o testimonios.
El debate constitucional
El caso también abrió un debate entre especialistas en derecho constitucional.
El eje de la discusión es si la promoción de un activo financiero por parte de un presidente puede considerarse una conducta incompatible con la función pública, incluso en ausencia de un beneficio económico directo.
Algunos constitucionalistas sostienen que los funcionarios de máximo nivel deben mantener una estricta separación entre su investidura institucional y cualquier actividad vinculada a negocios privados, precisamente para evitar conflictos de interés.
Otros especialistas señalan que la responsabilidad penal solo puede establecerse si se demuestra participación directa o beneficio económico, y que las opiniones o recomendaciones públicas, por sí solas, no necesariamente constituyen un delito.
Una causa que recién empieza
En Argentina, donde la relación entre poder político y tribunales siempre estuvo rodeada de controversias, algunos sectores sostienen que los procesos judiciales suelen avanzar con mayor intensidad cuando los gobiernos atraviesan momentos de debilidad política.
Sin embargo, juristas consultados recuerdan que los expedientes judiciales requieren pruebas sólidas y procesos largos, especialmente cuando involucran a autoridades de alto nivel.
La causa $LIBRA continúa avanzando con nuevas pericias, análisis financieros y reconstrucción de comunicaciones.
El resultado final dependerá de lo que determinen los tribunales.
Por ahora, el caso ya dejó una marca en la agenda política argentina y abrió un debate más amplio sobre los límites entre política, finanzas digitales y responsabilidad institucional en la era de las criptomonedas.