El Defensor Adjunto de la Ciudad de Buenos Aires, Gerardo Gómez Coronado expresó :»El Patrimonio arquitectónico y cultural pertenece a los pueblos y no a los gobiernos»

Buenos Aires, 18 de diciembre de 2013- Ayer se anunció que los Gobiernos de la Nación y de la Ciudad llegaron a un acuerdo para el traslado del momento a Cristóbal Colón de su ubicación original, detrás de la casa Rosada, a una nueva dentro del ámbito de la ciudad. Si bien es meritorio que se haya llegado a un entendimiento, debe quedar claro que tanto el traslado del monumento a Colón como el emplazamiento en su lugar del monumento a Juana Azurduy, debe seguir el procedimiento establecido por la Constitución de la Ciudad, en sus artículos 89 y 90. La misma, obliga a la sanción de la correspondiente ley por doble lectura y con audiencia pública, de modo de asegurar la participación de la ciudadanía en la toma de decisión. Del mismo modo, se procede con todas las obras de arte emplazadas en el espacio público de la Ciudad y, así debió haberse procedido desde que la Presidencia de la Nación decidió, de forma unilateral, comenzar el desmonte del monumento. Asimismo, el Defensor Adjunto enfatizó: “Esta previsión constitucional, en definitiva, garantiza que la decisión sobre el destino de un monumento que forma parte del patrimonio ciudadano, sea tomado por los verdaderos titulares y no por los circunstanciales gobernantes”.