La Argentina atraviesa una crisis económica, pero también una crisis de credibilidad. Y quizás esta última sea todavía más peligrosa. Porque cuando las reglas parecen distintas según quién sea el protagonista, lo que se rompe no es solamente la confianza en un gobierno o en una dirigente política: se rompe la confianza en el sistema.
La irrupción de La Libertad Avanza estuvo acompañada por una promesa contundente. Venían a terminar con los privilegios, con la casta y con las prácticas que durante décadas cuestionaron desde la oposición. Sin embargo, a medida que pasan los meses, una parte de la sociedad comienza a preguntarse si aquellos discursos eran convicciones o simplemente herramientas de campaña.
El caso de Manuel Adorni se transformó en uno de los ejemplos más discutidos de las últimas semanas. No solamente por las cuestiones patrimoniales que hoy son objeto de debate público, sino por las contradicciones entre declaraciones realizadas en distintos momentos. Cuando un funcionario afirma públicamente que todo está declarado y posteriormente reconoce situaciones que generan dudas o requieren explicaciones adicionales, el problema deja de ser contable y pasa a ser político. La credibilidad de un funcionario es su principal activo y cuando esa credibilidad se erosiona, la confianza pública se resiente.
La cuestión central no es cuánto dinero hay en discusión. La pregunta es otra: ¿se les exige a los funcionarios el mismo nivel de transparencia que se les exige a los ciudadanos comunes? Porque mientras un pequeño comerciante, un monotributista o un trabajador independiente puede enfrentar bloqueos, intimaciones, embargos o restricciones por incumplimientos administrativos relativamente menores, la percepción de muchos argentinos es que las explicaciones de ciertos sectores del poder reciben un tratamiento mucho más indulgente.
Esa sensación de doble vara no aparece solamente en materia tributaria. También se instala en el terreno judicial y político. Para una parte importante de la sociedad, las restricciones impuestas a Cristina Fernández de Kirchner tras su condena contrastan con la tolerancia que observan frente a otros dirigentes, funcionarios o empresarios vinculados al poder de turno. Otros argentinos sostienen exactamente lo contrario. Lo preocupante es que ya casi nadie cree que las reglas sean iguales para todos.
El fenómeno es más profundo que un nombre propio. La Argentina viene acumulando décadas de desencanto. Menem, los Kirchner, Macri y ahora Milei llegaron prometiendo cambios profundos. Todos encontraron una sociedad cada vez más fragmentada y desconfiada. El resultado es una ciudadanía que ya no discute solamente economía, inflación o empleo: discute si las instituciones funcionan con imparcialidad.
En ese contexto reaparecen testimonios, comentarios y relatos sobre funcionarios que años atrás tenían una realidad económica muy distinta de la actual. Son versiones que alimentan sospechas, preguntas y debates. Y cuando esas preguntas no reciben respuestas claras, el espacio vacío es ocupado por la desconfianza.
La consecuencia es un país roto en términos simbólicos.
Un país donde muchos sienten que la ley cae con todo su peso sobre algunos y se vuelve flexible con otros. Donde los discursos contra la corrupción parecen depender de quién ocupe el poder. Donde los ciudadanos comunes enfrentan obligaciones estrictas mientras observan cómo las élites políticas se mueven bajo reglas que perciben diferentes.
La democracia necesita algo más que elecciones. Necesita coherencia. Si un dirigente denuncia privilegios, debe ser el primero en rendir cuentas. Si reclama transparencia, debe aceptar el mismo nivel de escrutinio que exige a los demás. Y si construye su carrera política sobre la crítica a la casta, no puede permitirse actuar como aquello que prometió combatir.
PRO Y DOBLE VARA
La gran pregunta es por qué sectores del PRO que durante años hicieron de la transparencia una bandera hoy guardan silencio frente a conductas que antes hubieran denunciado con dureza. Cuando las exigencias cambian según quién ocupe el poder, la lucha contra la corrupción deja de ser un principio y se transforma en una herramienta política. La doble vara erosiona la credibilidad de quienes ayer pedían explicaciones y hoy parecen conformarse con respuestas incompletas. Para muchos ciudadanos, el problema ya no es solamente Adorni o La Libertad Avanza: es la sensación de que las reglas morales cambian según la conveniencia del momento. Y cuando eso ocurre, la confianza pública vuelve a ser la principal víctima.
La doble vara no destruye solamente gobiernos. Destruye la confianza colectiva. Y cuando la confianza desaparece, la sociedad deja de creer en la política, en la justicia y en las instituciones. Ese es el verdadero problema que enfrenta hoy la Argentina.