Se confirmó lo que el Gobierno intentó postergar por todos los medios: el cabo primero Jesús Héctor Guerrero, miembro de la Gendarmería Nacional, fue citado a declaración indagatoria por haber disparado el proyectil de gas lacrimógeno que dejó al fotógrafo Pablo Grillo al borde de la muerte. La jueza María Servini tomó la decisión tras meses de maniobras dilatorias, encubrimientos institucionales y el silencio sostenido —e inaceptable— de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
La fecha fue fijada para el 2 de septiembre a las 10 h, y se le impuso a Guerrero la prohibición de salida del país, confirmando así que la Justicia reconoce la gravedad del hecho.
«No se hacen cargo de nada»
El padre del reportero gráfico, Fabián Grillo, expresó en declaraciones radiales lo que muchos piensan pero pocos se atreven a decir en voz alta:
“El Gobierno intentó proteger al gendarme, la Gendarmería también. Hablan con un lenguaje que le gusta a un sector social que demoniza la militancia.”
No es la primera vez que desde el Ejecutivo Nacional se protege con el manto del silencio a las fuerzas que supuestamente deben garantizar el orden público, pero terminan sembrando el terror con balas de goma, gases y violencia desmedida. Pablo Grillo, herido mientras cubría una manifestación, no fue una víctima colateral: fue un blanco directo en un contexto represivo.
El caso recuerda otras situaciones similares en los que la fuerza bruta fue la respuesta a la protesta social, muchas veces alentada por un discurso oficial que estigmatiza al que piensa distinto y encasilla a la prensa incómoda como enemiga del orden.
¿Y Bullrich? Bien, gracias
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que suele mostrarse resuelta y firme para ordenar desalojos, reprimir movilizaciones o emitir frases altisonantes contra sus adversarios políticos, ha optado por el silencio absoluto en este caso.
¿Dónde quedó la “tolerancia cero” a los excesos? ¿O acaso la ministra aplica esa lógica solo cuando le conviene?
El gendarme Guerrero fue identificado mediante pruebas contundentes y testigos. El disparo que impactó en la cabeza de Grillo fue un acto criminal, no un accidente ni un error de cálculo. No hay protocolo que ampare disparar un cartucho de gas a la cabeza de un civil desarmado. Mucho menos a un periodista.
El lento renacer de Pablo
Mientras tanto, Pablo Grillo, internado en el Hospital Ramos Mejía, continúa su recuperación. Según su padre, su salud mejora lentamente:
“Está intentando volver a ser él. Tiene momentos en los que se apaga y se vuelve a prender. La expectativa es buena.”
La frase parte el alma. Y también interpela: ¿cuántos Grillo más necesitamos para que el poder deje de blindar a los uniformados que se exceden?
Justicia que tarda, ¿justicia negada?
Este caso pone sobre la mesa un debate urgente: ¿cuál es el límite del poder represivo del Estado?
Cuando la prensa es víctima, cuando se apunta a los ojos y a la cabeza, cuando se deja en coma a un reportero gráfico, ¿de qué seguridad hablamos?
Servini fue clara: hay indicios firmes de que el disparo partió de Guerrero. Lo que falta es que se avance sin presiones, sin encubrimientos, sin pactos tácitos de impunidad.
¿Qué opinás vos? ¿Creés que la ministra Bullrich debería dar explicaciones públicas? ¿Es posible una fuerza de seguridad realmente democrática mientras se siga encubriendo a quienes disparan contra el pueblo?
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