Autopista

Contratos de concesión de las autopistas Norte y Oeste “no satisfacen el bien público”.

Autopistas y Peajes de $1.072

El presidente de Corredores Viales, Gonzalo Atanasof, afirmó este sábado que si los contratos de concesión de las autopistas Norte y Oeste seguían avanzando habría incrementos de hasta 2.500% en peajes más una deuda cercana a los US$ 2.000 millones, «que iban a pagar los usuarios con la tarifa».

«Acá hay que entender que en 2018 Macri les reconoce a las autopistas Ausol (Autopistas del Sol) y GCO (Grupo Concesionario del Oeste) una deuda de US$ 750 millones», planteó esta mañana Atanasof en declaraciones a AM750.

El titular de Corredores Viales explicó que «se empezó a deber ese total y a partir de ahí les extiende la concesión del 2020 al 2030, pero para el Gobierno esta deuda no tiene sustento ni registro».

Atanasof se refirió así al pedido de nulidad de los contratos de concesión de dichas autopistas -firmados en 2018 por la gestión de Mauricio Macri- por parte del presidente Alberto Fernández y el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis.

Remarcó además que no sólo se «dejaba afuera de la libre competencia a cualquier otra empresa que se quería presentar, sino que también iba a tener un interés en dólares del 8% anual y que el mismo iba a ser capitalizable».

«Si el Estado se retrasaba en el pago de la deuda formaba parte del capital y ahí se pasa de deber US$ 750 millones a US$ 1.100 millones», precisó.

En adición, «las sumas debían ser percibidas por los concesionarios libres del impuesto a las Ganancias y que este último debía ser abonado a través de las tarifas», con lo cual -continuó- «pasamos de US$ 1.100 millones a US$ 2.000 millones en cuatro años».

«A las concesiones les dijeron que la deuda la van a pagar los usuarios con la tarifa, y ahí es donde decimos que está la dolarización en ese acuerdo», objetó Atanasof.

Por último, proyectó que, en caso de que «este acuerdo hubiese seguido avanzando, habría aumentos de entre 2.000% y 2.500%» en las tarifas de los accesos Norte y Oeste.

«Aquel que pagaba $80, tendría que pagar $1.830 en Acceso Norte, y aquel que pagaba $100 en Acceso Oeste hoy estaría pagando $1.072», precisó el titular de Corredores Viales.

«Por todas estas cuestiones, es que creemos que ese contrato es nulo de toda nulidad», concluyó.

El dictamen de la Procuración

Por otra parte, Márquez destacó el dictamen de la Procuración del Tesoro donde dejó en claro que los hechos contractuales resultaron “violatorios de normas y procedimientos” aplicables para este tipo de concesiones, y remarcó que “no satisfacen el bien público”.

De acuerdo con el dictamen, los contratos resultaron “violatorios de las normas y de procedimientos aplicables, en especial porque han dado nacimiento a nuevos vínculos contractuales, sustancialmente distintos en sus elementos esenciales, a los contratos de concesión precedentes, sin que se hubiese llevado a cabo los procedimientos de concesión o concurso públicos exigidos como regla para la selección de los co-contratantes estatales”.

Además, se afirmó que los contratos “no satisfacen el fin público que la administración debió preservar en el caso, pues han tenido el efecto de otorgamiento de una serie de beneficios carentes de causa y sustento normativo a las concesionarias Ausol y GCO”, Autopistas Del Sol y Grupo Concesionario del Oeste.

“La renovación fue un negocio importantísimo que se armó por 10 años y sin licitación previa”, indicó Márquez, al tiempo que subrayó que “la renovación del contrato que hizo (el ex presidente Mauricio) Macri les permitía a las concesionarias reclamar un aumento de tarifa a Vialidad Nacional que rondaba los $ 1.000. Hoy el peaje podría costar $ 1.000”.

Además, puntualizó que, “en el contrato, la explotación en zona de camino, como son las estaciones de servicios y paradores, paga un canon y no es económico”.

“En el contrato que les deja Macri, los cánones no pasaban a Vialidad Nacional -como ocurre en el resto de las concesiones viales- sino a manos de la concesionaria. Ni siquiera se consideraba como parte del pago de la deuda que el Estado tenía con las concesionarias sino una utilidad más de la empresa”, subrayó el funcionario.

FRAUDES ARGENTINOS

La concesión de las autopistas de los accesos Norte y Oeste durante el menemismo al Grupo Macri inició un camino de irregularidades y fraudes que la justicia investiga y el Gobierno nacional busca terminar revocando los contratos y adjudicaciones.

El sinuoso recorrido de las autopistas privatizadas comenzó en agosto de 1994 cuando el entonces presidente Carlos Menem otorgó los corredores norte y oeste del Área Metropolitana de Buenos Aires a Autopistas del Sol (Ausol) y a Grupo Concesionario del Oeste (GDO), respectivamente, hasta 2030.

Los 95 kilómetros de la Panamericana y los 55 del Acceso Oeste iban a poder ser explotados por el sistema de peajes vía un consorcio de empresas integrado por Sideco, la compañía de los Macri, junto a la compañía italiana Impregilo y la española Dragados.

La sociedad cambió en 2001 cuando Franco Macri vendió el 25 por ciento de sus acciones a Dragados y el control de las autopistas quedó en manos españolas.

Pocos meses después, con la devaluación, la administradora cayó en default y recurrió al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) –un organismo del Banco Mundial- para reclamar al Estado argentino un resarcimiento por las pérdidas.

En 2006, la empresa pretendió dolarizar las tarifas pero el entonces presidente Néstor Kirchner les negó esa transferencia por abusiva, aunque reconoció una deuda que, si bien se renegoció a través de las tarifas a lo largo de los años, nunca llegó a resolverse.

Ya en la gestión de Cambiemos (2015-2019), y cuando todavía el Grupo Macri tenía acciones en las autopistas, el Estado argentino le reconoció a Ausol una deuda de 499 millones de dólares y a GDO una de 247 millones, más la extensión efectiva de los contratos hasta 2030.

Los concesionarios, por su parte, desistían del reclamo de más de 1.700 millones ante el Ciadi.

Las denuncias

La primera denuncia penal la hizo la entonces diputada del GEN, aliada del Frente Renovador, Margarita Stolbizer, que entendió que en el manejo de la deuda y la venta de acciones hubo «negociaciones incompatibles con la función pública y enriquecimiento ilícito».

Hasta ese momento, señalaba la legisladora, el Gobierno de Macri había aprobado aumentos de tarifas que acumulaban un 400 por ciento.

En función de esa denuncia, el juez federal Rodolfo Canicoba Corral procesó al entonces ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, y al director de Vialidad Nacional, Javier Iguacel, quienes firmaron el reconocimiento de deuda que benefició a la familia presidencial.

La causa derivó en investigaciones por maniobras de los concesionarios como autocontratación, sobrefacturación, distribución ilegal de dividendos, alquileres y compras a sus accionistas y evasión de impuestos.

Un nuevo capítulo

El miércoles pasado, el negocio de las autopistas escribió un nuevo capítulo cuando el presidente Alberto Fernández, junto al ministro de Transporte Gabriel Katopodis, anunció que el Estado accionaría contra los concesionarios por «irregularidades».

«Son contratos que, a nuestro juicio, son absolutamente distorsivos y han generado un enorme daño económico al Estado nacional y, fundamentalmente, a los usuarios», sentenció el Presidente durante su mensaje en Casa Rosada.

«Son contratos que, a nuestro juicio, son absolutamente distorsivos y han generado un enorme daño económico al Estado nacional y, fundamentalmente, a los usuarios», sentenció el Presidente durante su mensaje en Casa Rosada

La posición del Ejecutivo se condensó en el decreto 633, publicado el jueves pasado, en el que se declaran «lesivos al interés general» los contratos con Ausol y GDO, en virtud de la «existencia de graves vicios».

El decreto se complementará con un amparo que presentará el Gobierno esta semana ante la justicia en Contencioso Administrativo, básicamente contra la deuda reconocida por el macrismo en 2017, y pidiendo que la administración de las autopistas pase al Estado.

«Esa supuesta deuda no está acreditada en ninguna de las actuaciones. Además tiene un interés anual en dólares del 8 por ciento, desconociendo que existía una ley que había pesificado todos los contratos», cuestionó Katopodis.

Y atacó también el cuadro tarifario aprobado en esas negociaciones entre funcionarios de la gestión Cambiemos y concesionarios que, según calculó, llevarían el precio del peaje a unos 1.800 pesos.

DONDE HAY FRAUDES HAY ESPAÑOLES

Abertis, el grupo español a cargo de la concesión de los accesos Norte y Oeste

El consorcio español Abertis es el propietario de las dos empresas que gestionan dos de las vías de ingreso por automotor a la Ciudad de Buenos Aires, a través de Autopistas del Sol encargada del mantenimiento y operación del Acceso Norte y de la Avenida General Paz y por medio del Grupo Concesionario del Oeste.

Se trata de dos corredores viales de unos 119 kilómetros de extensión, en el caso del Acceso Norte y la General Paz, y de 56 kilómetros en el caso del Acceso Oeste, atravesando el conurbano.

La concesión del Acceso Norte a Autopistas del Sol (Ausol) se produjo en 1992 tras una licitación y fue adjudicada al consorcio integrado por entonces por Sideco, del Grupo Macri, Dragados y Construcciones (Dycasa) y la italiana Impregilo, todos con un tercio del paquete accionario.

En 2001, meses antes de la caída de la Convertibilidad, Franco Macri (Sideco) vendió 25 puntos porcentuales de sus acciones a Dycasa, y redujo su participación al 7%.

Ausol pasaba a estar manejada por españoles. El derrumbe del 1 a 1 y la pesificación de los contratos junto con el congelamiento tarifario, alteró la ecuación económico financiera del contrato de concesión y Ausol cayó en default.

Las accionistas acudieron al tribunal arbitral de CIADI del Banco Mundial para reclamar la pérdida de valor de los contratos.

Cuando en 2007, Dycasa (Dragados en Esapaña) fue adquirida por ACS y más tarde transferidas sus acciones a Abertis que hoy detenta el 31,59% del paquete de Ausol, los españoles encabezaron tomaron el control de Ausol y la demanda ante el CIADI.

En mayo de 2017, Natal, un grupo inversor de origen rural, compra el 7% que detentaba Sideco y otra pequeña porción en manos de Dycasa.

Previo a esto, el 14 de febrero del mismo año, el entonces presidente Mauricio Macri aprobó un nuevo cuadro tarifario para los peajes, con aumento de hasta 120% para los accesos Oeste y Norte, donde todavía conservaba sus acciones en la concesión.

Este incremento no solo mejoró la ecuación de ingresos para los concesionarios, sino que incrementó la valorización de Ausol justo antes de la venta de las acciones de Sideco a Natal.

Días antes que se anunciara el aumento de los peajes, el 10 de febrero, la acción de Ausol cotizaba a $ 66,50 en la Bolsa porteña.

El 26 de mayo, día en que la familia Macri vendió su 7% de participación, los papeles de la concesionaria treparon a $ 92 con un aumento de 40% en tres meses y medio.

Impregilo fue adquirida en 2014 por otro grupo italiano Salini que luego de comprar en 2016 a la empresa vial estadounidense Lane Construction forman la empresa Webuild poseedor del 19,82% del paquete de Ausol.

El resto de los accionistas de Ausol está integrado por el grupo inversor Natal 14,12% y por tenedores minoritarios del mercado con 34,47%.

En lo que respecta a las obras se desarrollaron entre los años 1994 y 1996, la inversión previa al inicio del cobro de peaje significó más de US$ 424 millones, mientras que el monto desembolsado hasta 2001 sumó US$ 788 millones, según Ausol.

Dado que la Argentina no podía afrontar el reclamo de Abertis, por US$ 1.000 millones, en concepto de indemnización por el congelamiento y la pesificación de las tarifas, la demanda en el CIADI se resolvió mediante una extensión del contrato de concesión original que vencía en 2020 y pasaba a operar hasta 2030, y de una inversión de unos US$ 430 millones por parte de Abertis y la renuncia de ésta a nuevos reclamos.

La denuncia presentada tras esto por Rodolfo Tailhade, Adrián Grana, Carlos Castagneto y Leopoldo Moreau sostiene que en esa operación se le pago a Abertis casi US$ 500 millones, en compensación, a cambio de desistir de la demanda en el CIADI.

Según la querella ese pago se realizó durante la gestión del ex-presidente Mauricio Macri, del ex-ministro Guillermo Dietrich y del exdirector de Vialidad Nacional, Javier Iguacel.

Autopistas del Oeste (Auoeste), nació del Grupo Concesionario del Oeste, de una licitación adjudicada en 1993 a un consorcio formado por Benito Roggio, el Grupo Mexicano de Desarrollo y el brasileño CBPO Engenharia.

En 1996 se incorporó el grupo malayo IJM que hoy detenta el 20,10% de Auoeste.

En 1999 se colocó el 30% de su capital en oferta pública que en su mayoría fue adquirida por las ex AFJP y hoy están en manos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses.

En diciembre de 2000, el Grupo Abertis, a través de su filial Acesa, adquirió el 48,6% de las acciones de Grupo Concesionario del Oeste, con derecho al 57,6% de los votos.

Del total del paquete accionario, el 31,30% de Auoeste está en oferta pública y un 5,73% restante en manos de un fideicomiso.