Pero la “libertad de expresión” está más lejos que nunca.

El propio gobierno ya dio la receta del fraude: que los empresarios repartan las licencias entre sus parientes o socios.

El mismo “método” que usó Boudou para quedarse con Ciccone.

Los beneficiarios de esa estafa serán las enormes “K”orpos armadas al calor del gobierno: Cristóbal López, Vila-Manzano y otros.

Ese mismo recurso podría ser utilizado, finalmente, por el mismísimo grupo Clarín.

La guerra transcurre entre juzgados y conspiraciones de accionistas.

Son los métodos de los buitres capitalistas.

No está en juego la “democratización” de los medios: es apenas un nuevo reparto de negocios entre sus propietarios.

También es el intento oficial de monopolizar la palabra, para reforzar un régimen de gobierno personal.

Por eso, los dos -la Corpo y el gobierno- tienen un blanco común.

Por un lado, los trabajadores de prensa, igualmente perseguidos por Clarín y por el gobierno.

Por el otro, la población trabajadora, que seguirá sometida a la manipulación de las corporaciones mediáticas, oficialistas u opositoras.

La libertad de expresión exige poner fin al monopolio capitalista -o del Estado que sirve a esos monopolios- y asignar los recursos y medios de comunicación a las organizaciones y expresiones del arte, la cultura, la política y la vida social.

Luchemos por esta perspectiva.

Defendamos la libertad y la estabilidad laboral de los trabajadores de prensa.

La compañía Fintech Advisory Inc., dueña del 40% de las acciones de Cablevisión S.A., propuso que su principal socio y accionista mayoritario, Grupo Clarín, venda su parte en esa empresa de TV por cable.

Lo hizo a través de una nota presentada en la mesa de entradas de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) en la que consulta al organismo presidido por Martín Sabbatella sobre la viabilidad de avanzar en una propuesta de adecuación, luego de los diversos anuncios de representantes del Grupo Clarín de desconocer los plazos establecidos para el cumplimiento de la ley 26.522.
“La propuesta contemplaría como punto de partida para la consideración de la situación regulatoria de Cablevisión S.A. la venta, por parte del accionista mayoritario (Grupo Clarín), a terceros no relacionados, de la totalidad de su participación en el capital social que representa el 60 por ciento de las acciones que representan el capital social y derechos de voto en Cablevisión S.A., toda vez que la tenencia cruzada de licencias de servicios de comunicación audiovisual y la titularidad de múltiples registros de señales generaría diversos incumplimientos a la normativa vigente”, señala el escrito que deberá ser analizado por el AFSCA.
La empresa indica además que: “En protección de los intereses de la compañía, Fintech Advisory Inc. viene, en su carácter de accionista minoritario y no controlante, a plantear esta consulta a los efectos de proponer la adecuación por parte de Cablevisión a los términos de la ley 26.522 y así prevenir los daños que pudieren causar a la compañía incurrir en irregularidades y actos no ajustados a derecho en un todo de acuerdo al marco normativo vigente”.
La propuesta del grupo Fintech condiciona la intención del Grupo Clarín de negarse a presentar un plan de adecuación antes del 7 de diciembre próximo, fecha establecida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación para la aplicación integral de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Sobre todo por tratarse del socio principal de Clarín en la principal empresa del grupo que conduce Héctor Magnetto.
Si el organismo presidido por Sabbatella considera que la propuesta de Fintech Advisory Inc. está enmarcada en la ley, los representantes de ese grupo llevarán la iniciativa al accionista mayoritario de Cablevisión.
En la nota elevada a la AFSCA, que firma la apoderada de Fintech Lucía Rojo Vivot, se expresa que “Cablevisión S.A. es una sociedad que presta servicios de televisión por suscripción en 13 provincias del país y a un número aproximado a los 3.600.000 abonados con un número de licencias operativas que la vuelven incursa en la multiplicidad de licencias establecidas en el art. 45 de la norma citada. Motivo este que hace necesario su adecuación al marco regulatorio establecido en la ley 26.522”.
Más de 14 de los 21 grupos que deben adecuarse a la ley, ya presentaron sus planes ante el AFSCA. Al respecto, Sabbatella recordó que esperará hasta las 24 horas del próximo viernes para que todos los grupos presenten sus propuestas ante el organismos que preside.

CLARIN SU EX SOCIOS
En un hecho que no reconoce antecedentes en los 29 años de democracia recuperada, el Gobierno desafió un fallo de la Corte Suprema y recusó ayer a todos los jueces de la Cámara Civil y Comercial Federal, que deben decidir sobre la ley de medios.

De ese modo, a dos días del 7 de diciembre, cuando vence el plazo que el Gobierno mismo fijó para que los grupos empresarios de medios presenten una propuesta de adecuación a la ley, el Gobierno evitó una vez más que la Justicia se expida sobre la prórroga de la cautelar pedida por el Grupo Clarín .

El ministro de Justicia, Julio Alak, fue más lejos y redobló la carga contra los camaristas recusados y sobre el Poder Judicial en general: afirmó que si los jueces decidían prorrogar la medida cautelar que mantiene suspendido el polémico artículo 161, “sería un alzamiento contra una ley de la Nación y una burla a la voluntad popular” y “generaría un conflicto de poderes” entre el Gobierno y la Corte.

El ministro afirmó que el Estado “sufrió una denegación de justicia porque la causa que inició el Grupo Clarín fue tomada por un fuero (el Civil y Comercial) que no es competente”, y recordó que la ley la votó el Poder Legislativo y “se sancionó hace 3 años y 58 días, sin que aún se hubiera podido aplicar plenamente por las “chicanas judiciales” de Clarín ”. “El fuero competente es el Contencioso Administrativo, porque es así cuando el Estado es parte, pero el Grupo Clarín buscó este fuero que se basa en cuestiones del sistema privado”.

La decisión de recusar a todo un fuero de la Justicia llegó apenas días después de un fallo de la Corte que ordenaba, además de un fallo urgente de primera instancia, e vitar “conductas obstruccionistas y, en su caso, aplicar las sanciones que correspondan”.

La nueva maniobra obstruccionista del Gobierno que impugna por segunda vez a todos los jueces del fuero Civil y Comercial Federal, llega también horas después de que fueran rechazadas tres recusaciones formuladas en noviembre pasado por el Ejecutivo y cuando el fuero apuntaba al retorno a su funcionamiento normal, luego de la redada que desató el Ejecutivo sobre sus miembros con acusaciones, recusaciones y ataques varios.

Un comunicado del Grupo Clarín acusó a Alak de “usar los micrófonos para amenazar descaradamente al Poder Judicial y para lanzar falsedades que involucran al Grupo Clarín ”