La desconfianza estructural, la torpeza institucional y el servilismo judicial siguen siendo las tres plagas del sistema judicial argentino. Esta semana, el Tribunal Oral Federal 2 —sí, ese trío de jueces que parece más preocupado por los titulares de Clarín que por el debido proceso— decidió alertar a Migraciones para que Cristina Fernández de Kirchner no salga del país, como si se tratara de un delincuente común a punto de subirse a un gomón en el Riachuelo.
¿Cristina prófuga? ¿En serio? ¿Estamos hablando de la misma persona que volvió al país en pleno macrismo, que se presentó a cada citación judicial, que juró como vicepresidenta mientras le hacían un juicio televisado? ¿O están leyendo el guion de “Pipín el profugo” y lo confundieron con la causa Vialidad?
Lo que está haciendo el partido judicial no es aplicar justicia. Es operar con un sesgo político infantil, teñido de paranoia y militancia de Tribunales. Alertar a Migraciones sobre una eventual fuga de CFK no solo es una exageración, sino también una muestra brutal de que en este país los jueces trabajan más con miedo al qué dirán que con apego al derecho. Es un show mediático, una puesta en escena para alimentar la narrativa de que “todos son iguales” cuando en realidad, mientras a Cristina la demonizan por una obra pública en Santa Cruz, a Mauricio Macri lo premian con impunidad por el Correo, los parques eólicos y los Panamá Papers.
El fallo y sus absurdos
La Corte Suprema, como brazo ejecutor de las presiones de la elite judicial, ratificó la condena contra CFK. Hasta ahí, uno podría aceptar (con pinzas) que se trata de un fallo técnico. Pero que el TOF 2 esté evaluando si darle prisión domiciliaria como si se tratara de una criminal con antecedentes de fuga ya entra en el terreno de la farsa. No hay riesgo procesal. No hay indicio alguno de fuga. Lo único que hay es una operación política orquestada por fiscales militantes como Luciani y Mola, esos que juegan partidos de fútbol en la quinta de Macri y después se sientan en el estrado como si fueran vírgenes jurídicas.
Lo que hacen estos jueces —Basso, Gorini y Giménez Uriburu— no es aplicar justicia: es garantizar impunidad para unos y hostigamiento para otros. Y Migraciones, en vez de velar por los verdaderos prófugos (sí, como Pepín Rodríguez Simón, ese que se fue a Uruguay y todavía está rascándose el ombligo), actúa como fuerza de choque del lawfare.
¿Qué estamos viendo?
Estamos viendo la judicialización de la política y la politización de la justicia. Estamos viendo cómo se usa la figura de una ex presidenta para lavar la cara del Poder Judicial más desprestigiado del continente. Estamos viendo jueces que se dicen independientes pero operan como militantes encubiertos. Estamos viendo cómo se monta una escena de “detención inminente” para alimentar una narrativa de venganza institucional.
Mientras tanto, los verdaderos problemas estructurales de la Justicia siguen intactos: causas que duermen en cajones durante décadas, expedientes desaparecidos, pactos de silencio con los servicios de inteligencia, sobres encriptados, fiscales acomodados, defensores mediáticos, y un Poder Judicial que funciona más como castillo feudal que como garante de los derechos ciudadanos.
¿Cristina peligra?
No. Cristina está a derecho. Está en su casa. Está con la frente alta. No pidió asilo, no se escondió, no se fugó. La idea de que pueda huir es ridícula. Pero el sistema necesita construir esa imagen para justificar lo injustificable: que a una líder política se la condena sin pruebas sólidas mientras los que vaciaron el país siguen libres.
El informe socioambiental que pidieron sobre el departamento de calle San José es directamente una escena de Kafka: ¿van a evaluar si el sillón es cómodo para un arresto domiciliario? ¿Van a medir la presión de agua del bidet? ¿O simplemente necesitan ganar tiempo para seguir operando mediáticamente?
Conclusión
Lo de esta semana no es justicia. Es circo. Es lawfare. Es un síntoma más del colapso institucional que vive la Argentina. Cuando un país tiene más jueces que ideas, más fiscales que docentes y más operadores que juristas, el resultado es este: una justicia que huele a podrido desde Comodoro Py hasta la Corte.
El pueblo no es tonto. Y la historia tampoco. Ya se sabrá quiénes fueron los verdugos disfrazados de magistrados. Porque una cosa es aplicar la ley, y otra muy distinta es usarla como garrote para castigar adversarios.
¿Vos qué pensás? ¿Cristina es un peligro o el peligro son los que creen que Cristina lo es?
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