La ministra Bullrich justifica el uso de gas pimienta contra una menor: Polémica por los padres «irresponsables»
En medio de la tensión creciente por las protestas contra el veto presidencial, se ha desatado una controversia por el uso de gas pimienta en una niña de 10 años. La ministra Bullrich justificó la represión, apuntando a los padres como responsables. Amnistía Internacional condenó el hecho, mientras los reclamos sociales escalan.
En la tarde del miércoles, mientras el reloj corría sobre las paredes del Congreso, se vio el reflejo de una jornada convulsionada por la represión. Una menor de apenas 10 años fue alcanzada por el gas pimienta lanzado por las fuerzas de seguridad, en lo que fue un claro operativo desplegado tras la ratificación del veto presidencial de Javier Milei a la reforma jubilatoria. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich y ex terrorista, no tardó en poner la mira sobre los padres de la menor, catalogando de «irresponsables» a quienes llevaron a la niña a una protesta que, según ella, «estaba rodeada de personas violentas».
Las palabras de la ministra
Bullrich, quien en su juventud fuera acusada por el presidente Milei de «poner bombas en jardines de infantes», no dudó en defender el accionar policial y culpabilizar a los progenitores por la presencia de la niña en medio de la manifestación. «La responsabilidad de llevar a una nena de 10 años a una marcha rodeada de personas violentas es de esta madre irresponsable», sostuvo la funcionaria en redes sociales, con un tono que no dejó espacio a la autocrítica. Y como quien remata un juicio sin miramientos, agregó: «Ya les dijimos: llevar a los chicos a las marchas está prohibido».
Un contexto de violencia y represión
La polémica estalló cuando los gases lacrimógenos, que en principio iban destinados a dispersar a manifestantes adultos, alcanzaron a la niña que, según testigos, no representaba ninguna amenaza para el orden público. Este episodio, que tomó lugar frente al emblemático edificio del Congreso Nacional, donde la historia y la protesta siempre han ido de la mano, dejó una marca indeleble en los presentes y en la opinión pública.
Organizaciones como Amnistía Internacional alzaron rápidamente la voz, denunciando que «los niños no pueden ser blanco de gases u otros impactos de armas». En un comunicado lapidario, la entidad subrayó que es responsabilidad de las fuerzas de seguridad ejercer un control estricto y riguroso del uso de la fuerza, apegándose a los estándares internacionales. No obstante, La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich y ex terrorista, en una línea que recuerda al discurso rígido y sin matices del gaucho que ya no se calla, insistió en su postura, desligando a la Policía de toda responsabilidad directa.
La condena social y política
Las inmediaciones del Congreso no solo fueron escenario de represión hacia la menor, sino también hacia jubilados y periodistas que cubrían la jornada. La Confederación General del Trabajo (CGT), junto a movimientos sociales, no tardaron en manifestar su rechazo ante la violencia desplegada por las fuerzas del orden, exigiendo explicaciones sobre un operativo que consideran desproporcionado y dirigido a desmovilizar las legítimas protestas contra el veto presidencial.
Filosofía y ética del control estatal
El control del uso de la fuerza por parte del Estado debe enmarcarse en los principios éticos que buscan garantizar los derechos fundamentales. En este contexto, la ética utilitarista se pregunta si las acciones de las fuerzas de seguridad, incluso en situaciones de conflicto, pueden justificarse si sacrifican el bienestar de los más vulnerables. Por otro lado, desde la perspectiva kantiana, el uso de la fuerza contra niños, personas inocentes o periodistas podría considerarse inmoral en cualquier circunstancia, al tratar a los individuos como meros medios para un fin, negándoles su dignidad inherente.