Escándalo político y represión selectiva: detuvieron a funcionaria bonaerense por tirar bosta, y estalló la grieta judicial
El caso que involucra a Alesia Abaigar, funcionaria del gobierno de Axel Kicillof, y a su madre Eva Pietravallo, ha encendido las alarmas en los pasillos judiciales, políticos y mediáticos de la Argentina. ¿Se trata de una contravención menor convertida en show punitivo o del primer ejemplo de la “cárcel o bala” que pregonan sectores del oficialismo libertario?
Los hechos se remontan al 28 de junio, cuando fueron detenidas Eva Pietravallo (69 años) y su hija Alesia Abaigar (36 años), tras ser acusadas de haber arrojado bosta de caballo contra el domicilio de un diputado opositor. Las redes sociales no tardaron en bautizar al dúo como parte del supuesto “Clan Sin Cristina, Caca”, en lo que parece un intento de ridiculizar y deslegitimar cualquier expresión crítica del actual gobierno.
Según la cuenta de Twitter del periodista Carlos Pellegrini (@pichichaje), ambas mujeres fueron arrestadas por este hecho insólito pero simbólicamente explosivo, dadas las tensiones políticas actuales. Lo que en cualquier barrio se calificaría como una pintoresca contravención fue rápidamente escalado al nivel de amenaza institucional.
Sin embargo, lo más preocupante no es la materia fecal, sino lo que huele peor: la persecución política con fachada judicial.
“Estamos metiendo a todos los kukas en cana”
Las palabras del usuario libertario @GordoDan_, replicadas por miles de cuentas afines al oficialismo, no dejan lugar a dudas: “Estamos metiendo a todos los kukas en cana. CUIDADO EL PRÓXIMO PODRÍAS SER VOS”. Esta frase, que en otra época podría haber sido leída como exageración de trolls, hoy parece alinearse inquietantemente con decisiones del poder judicial.
La jueza federal Sandra Arroyo Salgado fue quien ordenó la detención de Abaigar. Ante la escalada, la reconocida abogada Natalia Volosin se preguntó en redes sociales si la jueza actuó por convicción legal o si “recibió órdenes del Gobierno para detener a Alesia Abaigar, como se desprende de este posteo de una de las personas más cercanas al presidente de la Nación”.
La pregunta no es retórica: ¿sigue vigente la Constitución Nacional? ¿O nos encontramos frente a un revival de la lógica de enemigo interno, donde se busca disciplinar, escarmentar y exhibir cabezas para alimentar una sed de orden sin justicia?
Una contravención municipal convertida en prisión federal
Alesia Abaigar, que se desempeña como funcionaria en el gobierno bonaerense de Axel Kicillof, estuvo 36 horas incomunicada, según reportó la cuenta informativa @TodoNegativo. Fue además trasladada a una prisión federal, lo que convierte una contravención municipal —que en cualquier caso podría resolverse con una multa o una advertencia— en un acto de humillación y disciplinamiento público.
La organización de derechos humanos que representa al abogado Daniel Llermanos, adelantó que la funcionaria será presentada como presa política esta misma noche, en el programa conducido por Romina Manguel en Canal 9.
¿Justicia o venganza? ¿Ley o circo?
La gravedad del caso no reside en el acto —tirar bosta— sino en su desproporcionada reacción institucional. Si Alesia Abaigar hubiese arrojado pintura, huevos o panfletos, ¿también habría sido incomunicada y trasladada a una prisión federal?
En paralelo, se suman otros episodios de intimidación que siembran inquietud. Hace pocos días, Pablo Grillo, dirigente político y social, fue baleado en un hecho con tintes mafiosos. La frase final del comunicado de @TodoNegativo sintetiza el clima de época: “A Alesia le tocó la cárcel, a Pablo Grillo la bala”.
Lo que parece estar emergiendo es una política de represión simbólica y literal, donde se castiga no solo el acto, sino la identidad ideológica del actor. La lógica no es nueva: viene del repertorio histórico de persecuciones políticas, desde la Semana Trágica hasta la Triple A, pasando por las detenciones selectivas de la dictadura y la lógica friend-or-foe de los años noventa.
El poder, la mierda y el miedo
No es casual que el acto de arrojar bosta tenga semejante resonancia. El excremento ha sido, desde tiempos medievales, una forma de protesta, de burla, de venganza simbólica. En este caso, lo escatológico se volvió político. Y lo político, penal.
La pregunta ahora es quién maneja el látigo: ¿el Poder Ejecutivo presiona al Judicial? ¿Los jueces temen al Ministerio de Seguridad o compiten por ver quién es más disciplinador?
Y más allá: ¿cómo responderá la oposición democrática ante esta señal de represión solapada?
Conclusión: Cuando el humor político se convierte en delito
Argentina vive tiempos extraños, donde una bosta puede más que una declaración institucional, y donde la sátira política se castiga con prisión preventiva. Mientras tanto, la sociedad —desempleada, empobrecida y cansada— observa entre asombro y resignación cómo los poderes del Estado persiguen excrementos mientras liberan fortunas.
¿Qué haremos cuando el próximo detenido sea un docente, un artista o un periodista? ¿Será delito criticar? ¿Será contravención pensar distinto?