Se ha expresado el rechazo del destacado abogado constitucionalista Daniel Sabsay a la decisión de que las universidades nacionales sean auditadas por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), argumentando que su dependencia del Poder Ejecutivo afectaría la autonomía de las instituciones educativas. Se ha sostenido que la rendición de cuentas sobre los fondos públicos de las universidades debería estar a cargo de la Auditoría General de la Nación (AGN), un organismo que depende del Congreso, para garantizar la independencia de las auditorías.
Se ha afirmado en la publicación de Sabsay en su cuenta de X que “los fondos de las universidades no pueden ser controlados por la SIGEN, ya que depende del Ejecutivo, lo que afecta su autonomía. Debe hacerse por la Auditoría General de la Nación, que depende del Congreso», en clara oposición a la disposición implementada por el gobierno del presidente Javier Milei.
Paralelamente, se ha votado en la Asamblea Interfacultades, realizada el día de ayer con estudiantes y agrupaciones de la Universidad de Buenos Aires (UBA), la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y la Universidad Nacional de las Artes (UNA), a favor de llevar a cabo la tercera Marcha Federal Universitaria el próximo 12 de noviembre. La medida será debatida y votada en universidades de todo el país en los próximos días.
Además, se han decidido nuevas medidas de fuerza en rechazo al desfinanciamiento por parte del gobierno de Javier Milei, entre ellas, un corte de calles el 1° de noviembre en el Obelisco, con una movilización hacia la Plaza de Mayo y la sede de la Confederación General del Trabajo (CGT), con el fin de solicitar la convocatoria a un paro nacional el mismo día de la Marcha Universitaria.
Se ha programado también una reunión para el 5 de noviembre a las 17:00 horas en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, en la que participarán centros de estudiantes y gremios docentes y no docentes de todo el país, con el objetivo de organizar esta movilización universitaria federal.
Asimismo, se ha confirmado la realización de tomas en facultades de todo el país entre el lunes 28 y el miércoles 30 de octubre, con la realización de clases públicas hasta el final del cuatrimestre.
Por otra parte, el Poder Ejecutivo ha seguido adelante con el plan de auditorías de la SIGEN, a lo que la UBA se ha opuesto, argumentando que el presidente de la Nación busca «intervenir en las universidades públicas» para «controlar lo que se enseña y aprende». Se ha emitido un comunicado por parte de la universidad, convocando a profesionales independientes a realizar una auditoría especial sobre su sistema de control interno, con el objetivo de proporcionar datos transparentes y de acceso público, defendiendo el «principio de la libertad de cátedra» como valor histórico.
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, ha respondido a estas críticas defendiendo el rol de la SIGEN, afirmando que “cuando el Estado pone los recursos, el Estado los tiene que auditar”. Según Francos, no existe una imposibilidad legal para que la SIGEN audite las universidades estatales y ha considerado la postura de rechazo como «un capricho» o un intento de ocultar gastos. Además, se ha insinuado que ciertos fondos en las universidades podrían estar siendo utilizados con fines políticos.
Este cruce ha puesto de relieve la tensión entre la autonomía universitaria y el control del Estado sobre el uso de los fondos públicos, en un contexto de creciente descontento estudiantil y docente frente a las políticas educativas del gobierno.