Atentado a Cristina: varios caminos conducen al PRO

Cristina busca que se avance sobre otros miembros del grupo de Uliarte y Sabag Montiel

La querella de la ex mandataria solicitará que citen, en calidad de imputados, a Sergio Eduardo Orozco y también a una persona llamada Joana.

La querella de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner solicitó a la justicia una serie de medidas de prueba, entre las que se destacan los pedidos para que se cite a dar declaración indagatoria a otros miembros del grupo del grupo que integraban Brenda Uliarte y Fernando Sabag Montiel, los dos principales acusados del atentado contra la expresidenta, informaron fuentes judiciales.

Los abogados que representan a la expresidenta solicitaron que Sergio Eduardo Orozco sea citado en calidad de imputado: se trata uno de los supuestos vendedores ambulantes que se presentó junto con Uliarte en la entrevista que dieron el martes dos de septiembre al canal Telefé y es además quien puso la casa en la que se reunió el grupo horas después del ataque fallido.

La audiencia a Carrizo

La información se conoció durante la audiencia de este martes en la que de Nicolás Gabriel Carrizo, líder del grupo, reclamó su excarcelación -que le fue denegada- y su abogado defensor, Gastón Marano, pidió incorporar como testimonio favorable a su defendido una declaración que el mismo le había tomado a Orozco ante un escribano público.

Tras señalar que esa declaración no tenía ningún valor para el proceso, el abogado Marcos Aldazabal, en representación de la querella, advirtió que pretendían que Orozco sea convocado a prestar declaración indagatoria para que se evalúe su eventual aporte al plan criminal que investigan la jueza María Eugenia Capuchetti y el fiscal Carlos Rívolo.

Télam pudo confirmar de fuentes judiciales que el pedido para que se lo convoque a indagatoria ya había sido presentado antes de la audiencia de este martes ante la Cámara Federal porteña y forma parte de las medidas que la querella solicitó que se tramiten en legajos reservados para no entorpecer el avance de la investigación.

De la información extraída del celular de Carrizo e incorporada a la causa surge que Orozco, apodado «Checho», estaba preocupado por haber recibido a Uliarte en la casa en la que el vivía junto con su hermano.

«Estoy hasta las manos. Porque le van a pedir dónde estuvo», se quejó Orozco en un mensaje que le envió a Carrizo instantes después de enterarse de la detención de Uliarte, según pudo reconstruir Télam.

Nuevas líneas de investigación

De las propias comunicaciones de Carrizo surgen otras líneas de investigación en las cuales ya se enfocó la querella: una de ellas coloca bajo sospecha a una persona a la cual tenía agendada como «Joa» que aparece en whatsapp como alguien que, después del ataque, manejaba información sensible vinculada a la causa por la cual ya estaba detenido Sabag Montiel.

La fiscalía había pedido que se cite a esa persona, de nombre Joana, como testigo, para que explique una serie de mensajes que podrían ser útiles para la investigación, pero según pudo saber Télam la querella reclamó que sea convocada en calidad de imputada.

Para los abogados de la querella, Marcos Aldazabal y José Manuel Ubeira, la persona detrás de esos mensajes parece dar instrucciones al grupo sobre como moverse en relación a la investigación judicial que podría tenerlos por sospechosos.

Para la querella, investigar el papel de «Joa», junto con el de Carrizo, podría conducir hacía otros eventuales involucrados en la maniobra que hubieran tenido un rol «intelectual».

En el expediente judicial hay cuatro mensajes de audio de whatsaap de «Joa», extraídos del teléfono de Carrizo, y que corresponden a una conversación que el domingo 4 de septiembre, cuando detuvieron a Uliarte, y duró hasta pasada la medianoche.

«Amigo yo no voy a vaciar nada ni voy a borrar nada y desde ya les digo, ni se les ocurra borrar nada, porque ahí si que van a flashear que ustedes tienen algo que ver y no tienen nada que ver, hagan vida normal, no se persigan», decía Joana, cuyo apellido se mantendrá en reserva, en uno de los audios detectados por la justicia.

«Sigan su vida normal, es al pedo perseguirse, y eso de borrar los chats no, porque por más que vos los vacíes por el IMEI te lo rastrean y saben todo lo que vos hablás, lo que borrás, lo que decís, no decís, o sea, saben todo», les recomendaba a Carrizo y otros contactos en un grupo de whatsapp.

«Tengan en cuenta también, que lo que hablan, a ver… hay algunos que tienen los celulares pinchados y van a seguir pinchando los celulares, hasta encontrar vínculos, hasta encontrar cosas, sigan… a ver… todos sabemos que nadie conocía lo que había detrás de esa persona (en referencia a Sabag Montiel), porque parecía una persona cuerda, normal, educado, pero bueno», decía en otro de los mensajes.

Las investigaciones judiciales

Aunque aún sin pistas firmes, desde la Justicia federal insisten en que todas las líneas de investigación permaneces abiertas y en que se buscará descifrar quiénes pudieron estar por detrás de los autores del ataque fallido contra la vicepresidenta ocurrido el 1° de septiembre.

La idea de que el ataque fue planificado por personas distintas a quienes finalmente lo ejecutaron es una de las principales líneas investigativas empujada por la querella, y así lo reveló la propia Vicepresidenta el último viernes cuando alegó en defensa propia en el juicio que se le sigue por el caso conocido como «Vialidad».

«Nadie puede pensar que esa banda (de autores materiales) planificó o ideó la autoría intelectual de lo que me hicieron», sostuvo Fernández de Kirchner desde su despacho del Senado en el marco de una audiencia que se transmitió en vivo a través del canal de YouTube que dispuso el Tribunal Oral Federal (TOF) 2, que interviene en esa causa.

En el afán de avanzar con la línea que pueda conducir a averiguar quiénes orquestaron el ataque -si es que fueron personas distintas a las que lo ejecutaron-, Télam pudo saber que se están analizando las llamadas entrantes y salientes de los imputados, de donde podrían surgir conexiones de interés para la investigación.

EL PAPELON DEL DIARIO LA NACION.

Funcionarios nacionales y referentes del Frente de Todos (FdT), al igual que el Partido Justicialista nacional, bonaerense y porteño, repudiaron un editorial publicado en el diario La Nación bajo el título «¿Atentado?: demasiados interrogantes y sospechas», en el que se puso en duda el intento de magnicidio sufrido por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner el 1 de septiembre último.

«Apelamos una vez más a la moderación y a la responsabilidad que todo medio de comunicación debe respetar y salvaguardar. El editorial de La Nación de hoy, al poner en duda el atentado sufrido por Cristina Kirchner, no colabora con la búsqueda de Justicia y paz social», publicó en su cuenta de Twitter el jefe de Gabinete, Juan Manzur.

De igual manera, el Partido Justicialista Nacional expresó su «más enérgico repudio al editorial» y llamó a «todos los sectores políticos, sociales, económicos y mediáticos a actuar con absoluta responsabilidad y a cesar con la difusión de discursos que fomentan el odio y generan condiciones para el avance de la violencia».

«La gravedad de los acontecimientos ocurridos el 1 de septiembre significa una ruptura del pacto democrático vigente de 1983 a la fecha», advirtió el PJ y reseñó que desde 1955 existe «una larga serie de antecedentes de persecución contra los y las integrantes del movimiento nacional justicialista».

Por su parte, el Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires advirtió en un comunicado que «la acusación contra una víctima no es una novedad para este diario» y afirmó que «no en vano fue uno de los encargados de ocultar operaciones de represión ilegal a través de supuestos ‘enfrentamientos’ durante la última dictadura cívico-militar».

«No vamos a construir una sociedad mejor si no somos capaces de poner un freno a la violencia», sostuvo el PJ bonaerense y manifestó que «dudar de un hecho reconocido por el Congreso de la Nación, por la comunidad internacional, por dirigentes de todos los espacios políticos, solo tiene como objetivo comenzar a construir su legitimación».

En esa línea, señaló que «Argentina decidió en 1983 dejar atrás la violencia política y apostar por las elecciones democráticas y al diálogo político como forma de resolver las diferencias», expresó que «el diálogo democrático no puede depender siempre de la voluntad de una sola parte» e invitó a «todos los dirigentes de todos los espacios políticos a aislar este tipo de manifestaciones violentas y construir la Argentina del futuro sobre la base del diálogo y el respeto por la postura del otro».

De la misma manera, el PJ de la Ciudad de Buenos Aires cuestionó a Julio Saguier, accionista mayoritario del Grupo La Nación y presidente del directorio, quien «probablemente» ideó el artículo, a pesar de que el texto -como ocurre con el editorial institucional del medio- no lleva firma.

«Llamamos a todo el arco político a rechazar estas expresiones y a que los medios de comunicación asuman la responsabilidad pública que tienen de no difundir estos discursos que promueven el odio y la violencia», expresaron desde el PJ porteño.

En tanto, el canciller Santiago Cafiero sostuvo -también a través de su cuenta en la red social- que «poner en tela de juicio el atentado que sufrió Cristina Fernández de Kirchner es una canallada» y agregó: «Los argentinos y las argentinas merecen un diálogo honesto y en paz. Para eso los medios de comunicación deben ser responsables y dejar de lado los discursos de odio que solo generan más violencia».

En el mismo sentido, el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, expresó: «Intentaron asesinar a Cristina Fernández de Kirchner gatillándole en la cabeza. Asombra la irracionalidad de decir que fue un hecho inventado para victimizarla. El peronismo es defensor de la democracia y la igualdad para nuestro pueblo. Los argentinos merecen una conversación serena y pacífica».

También el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, se sumó a las críticas al afirmar que «el intento de asesinato a Cristina Fernández de Kirchner implica la ruptura del consenso surgido en 1983».

«Los ataques disfrazados de editoriales sólo legitiman los discursos de odio que ayudaron a engendrar el atentado. Necesitamos seriedad y compromiso con la democracia», puntualizó.

Para la ministra de Mujeres, Elisabeth Gómez Alcorta, el editorial de La Nación «pone en duda la veracidad del intento de magnicidio a Cristina Kirchner por el que hay una investigación judicial en curso y detenidxs» y consideró que se trata de «un discurso profundamente antidemocrático que culpabiliza a las víctimas y alimenta el odio y el enfrentamiento social».

«Ningún hombre de bien puede intentar banalizar semejante gesto terrorista. Es inadmisible. Semejante desprecio por la vida en democracia, cuando han intentando quitarle la vida a la Vicepresidenta, da asco», escribió por su parte el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, en su cuenta de Twitter.

En tanto, el titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Agustín Rossi, sostuvo que «intentaron asesinar a Cristina Fernández de Kirchner. Por el hecho, hay cuatro detenidos y una investigación judicial en curso. Es peligroso, siniestro y muy irresponsable construir la idea de que se trata de un hecho inventado. El repudio al atentado y la exigencia de justicia debe ser total».

Otra voz que se pronunció contra el artículo fue la del titular de la AFIP, Carlos Castagneto, quien planteó que el editorial «retrotrae a las páginas más oscuras del negacionismo y la justificación de la violencia política que ha sufrido nuestro país».

«Vergonzosa columna editorial de La Nación. No sólo busca instalar dudas y sospechas sobre el atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner sino que plantea como hipótesis que pudo ser para generar ‘consecuencias políticas favorables’. Lamentable», posteó, por su parte, el jefe del bloque de diputados del FdT, Germán Martínez.

Del mismo modo, la diputada del oficialismo Victoria Tolosa Paz remarcó: «Siempre vamos a defender la libertad de expresión, nuestra historia nos avala, pero la misma tiene un límite cuando atenta contra la democracia. No se puede pisotear así la verdad. La compañera Cristina Fernández de Kirchner y la democracia son víctimas de atentados, con armas y editoriales».

En tanto, el diputado nacional y secretario general de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, enfatizó: «Un arma en la cabeza de Cristina fue gatillada dos veces frente a las cámaras del mundo y tenemos que tolerar que desde los grandes medios pongan en duda el atentado. Esto es odio, es generar un caldo de cultivo peligroso y no puede ser gratuito».

Para el diputado nacional Eduardo Valdés (FdT), «al editorial de La Nación negando el atentado a Cristina Fernández de Kirchner le faltó decir que Gastón Marano es abogado de La Cámpora, le paga los honorarios Andrés Larroque y Brenda Salva no era periodista de LN+ sino columnista de Víctor Hugo Morales. Con la Democracia se come, se cura y se educa».

Desde una lógica similar, el ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, Andrés Larroque, se preguntó también a través de su cuenta de esa red social: «¿Quieren saber lo que es el odio?» y, como respuesta, adjuntó el texto completo del editorial publicado por el matutino.

También la ministra de Gobierno bonaerense, Cristina Álvarez Rodríguez, publicó en Twitter: «Primero te enseñan a usar un arma y ahora ponen en duda el atentado contra la vicepresidenta. La editorial del diario La Nación es vergonzosa y no hace más que contribuir a los discursos de odio».

En su edición impresa y bajo el título «¿Atentado?: demasiados interrogantes y sospechas», la nota sostiene en el copete que «las irregularidades en las primeras pericias tras el episodio del 1° de septiembre nos recuerdan a las que siguieron al asesinato del fiscal Nisman» y en su desarrollo afirma que «no es difícil entender por qué alrededor de seis de cada diez personas creen que estamos ante un montaje inventado por el kirchnerismo para victimizarse, según lo atestiguan distintas encuestas de opinión pública».

El editorial cuestionado

En su edición impresa y bajo el título «¿Atentado?: demasiados interrogantes y sospechas», la nota sostiene en el copete que «las irregularidades en las primeras pericias tras el episodio del 1° de septiembre nos recuerdan a las que siguieron al asesinato del fiscal Nisman» y en su desarrollo afirma que «no es difícil entender por qué alrededor de seis de cada diez personas creen que estamos ante un montaje inventado por el kirchnerismo para victimizarse, según lo atestiguan distintas encuestas de opinión pública».

Asimismo, el editorial señala que «muchas de las actuaciones en los primeros momentos inmediatos al hecho traen a la memoria las gravísimas irregularidades que caracterizaron a las primeras investigaciones posteriores al asesinato del fiscal Alberto Nisman en enero de 2015».

«No hay dudas de la negligente labor o eventual complicidad de la custodia vicepresidencial, desde el momento que permitió que un grupo extraño se superpusiera con ella y que un sujeto pudiera acercarse a centímetros de la funcionaria y gatillar un arma, y que, tras ello, ninguno de los agentes de seguridad hiciera absolutamente nada para cubrir a quien fue el blanco del ataque, violando todos los habituales protocolos para estos casos», afirma el texto.
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