Diego Luciani

Empleado de Clarín, Diego Luciani pidió 12 años de prisión para Cristina Fernández de Kirchner

El Empleado de Clarín Diego Luciani, no pudo aportar nada en la causa y La Policía de Horacio se puso a reprimir en Recoleta

La fiscalía que interviene en el juicio por el supuesto direccionamiento de la obra pública vial en Santa Cruz entre el 2003 y el 2015 pidió este lunes que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner sea condenada a 12 años de prisión y que se la inhabilite de por vida para ejercer cargos públicos.


El pedido de condena fue formulado por el fiscal Diego Luciani ante el Tribunal Oral Federal (TOF) 2, tras considerar que la exmandataria fue la «jefa de la asociación ilícita», a la que se acusa además de haber cometido el delito de administración fraudulenta contra el erario público.

Luiciani también pidió que se condene a 12 años de prisión al empresario Lázaro Báez, mientras reclamó penas de 10 años de cárcel para el exministro de Planificación Federal, Julio De Vido; el exsecretario de Obras Públicas José Francisco López; y el extitular de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), Nelson Periotti.

Antes de solicitar las condenas, el fiscal le habló a los jueces y utilizó su tiempo también para referirse al impacto de la corrupción: «Sin justicia no hay orden ni paz social. Hoy la sociedad reclama justicia. Está en sus manos, señores jueces. Una sentencia ejemplar puede constituir el primer paso para que las instituciones recuperen la confianza», dijo.

«Señores jueces, este es el momento: es corrupción o justicia», añadió en dirección a los magistrados del TOF 2, Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andres Basso, y aprovechó el tiempo también para afirmar que la sociedad debería estar «orgullosa» del trabajo de la fiscalía.

El representante del ministerio público fiscal también requirió el decomiso de unos 5.321 millones de pesos para ser destinados a instituciones de bien público, dado que para la acusación ese es el monto del supuesto perjuicio para las arcas del Estado.

«Nos encontramos ante un crimen de extrema gravedad. Se trata de la mayor maniobra de corrupción que se haya conocido en el país», aseguró el fiscal en la parte final de su alegato, justo antes de formular los pedidos de pena.

Antes de adentrarse en los años de condena que pediría para cada uno de los imputados, el fiscal volvió a referirse, aunque en forma genérica, a los supuestos delitos investigados y a la participación atribuida a cada uno de los imputados.

Los párrafos más críticos se los dedicó a la ex mandataria, a quien acuso de haber defraudado «las expectativas de los ciudadanos que la votaron» y a quien le espetó el haber «demostrado desprecio hacia la ciudadanía en general y hacia los ciudadanos de Santa Cruz en especial».


También, antes de pasar al «petitorio», el fiscal le solicitó al tribunal que extraiga testimonios en relación a situaciones ocurridas durante el juicio, a fin de que se investigan posibles delitos de acción pública que hasta aquí no habían sido tratados, como la supuesta participación de las empresas Petersen y Esuco en los hechos.


Para la fiscalía, la constructora Petersen, Thiele & Cruz, de los Eskenazi, y la firma Esuco, de la familia Wagner, se habrían prestado para simular competencia en algunas licitaciones que las empresas de Báez ganaron en Santa Cruz.

Luciani requirió también que se investigue si hubo irregularidades vinculadas a la obra del Hospital Materno Infantil de Río Gallegos, a partir de conversaciones de whatsapp extraídas del celular de José López, entre el ex funcionario y Abel Fatala.

Allí también pidió que se investigue si de algunos mensajes en particular, utilizado como prueba para su propio alegato, surge la comisión de algún delito.

En la última parte de su alegato, el fiscal pidió tiempo para las últimas reflexiones y considero que «se intentó esconder la corrupción» y que «en los últimos años la corrupción dejó de ser un tema de agenda política» porque «se optó por eludirla».

En ese punto, el fiscal criticó que la Oficina Anticorrupción dejara de ser querellante y la Unidad de información Financiera pidiera la absolución de los acusados y aprovechó el espacio también para cuestionar que la exmandataria hubiera dicho en el juicio que a ella la absolvió «la historia» cuando «bien sabe que es el Poder Judicial» la institución encargada de enjuiciarla.

Antes, el fiscal también le mandó un mensaje al presidente Alberto Fernández, ante las más de 19.000 personas que miraban su alegato por YouTube, cuando lo acusó de haber defendido «puerilmente a su compañera de fórmula» cuando le tocó declarar en calidad de testigo.


El fiscal buscó achacarle que, antes de ser Presidente, se hubiera referido en forma crítica, en público, a supuestos temas de corrupción vinculados a la gestión kirchneristas -sobre todo después de la detención de José López- y que en el juicio al que fue convocado hubiera declarado en distinta dirección.

«No hace falta que diga acá que uno de los motivos por los que renunció al cargo de jefe de Gabinete fue lo que estaba ocurriendo con la obra pública en Santa Cruz», dijo Luciani en alusión al Presidente de la Nación, a quien, para sorpresa de quienes seguían el juicio, también acusó de «injerencia indebida» en el Poder Judicial porque en su testimonio refirió que las decisiones en materia de contratación pública no son revisables en los tribunales.

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner afirmó esta noche de lunes que fue puesta «ante un pelotón de fusilamiento mediático-judicial» porque el tribunal de la causa por la obra pública le negó ampliar su declaración indagatoria este martes.

«Si algo faltaba para confirmar que no estoy ante un tribunal de la Constitución, sino ante un pelotón de fusilamiento mediático-judicial, es impedirme el ejercicio del derecho de defensa ante cuestiones», sostuvo la expresidenta en Twitter.

El Tribunal Oral Federal (TOF) 2 rechazó este lunes el pedido de la vicepresidenta de ampliar este martes su declaración indagatoria en el marco del juicio en el que se investiga el supuesto direccionamiento de la obra pública vial en Santa Cruz entre 2003 y 2015, por lo que el debate entró en cuarto intermedio hasta el 5 de septiembre, dijeron fuentes judiciales.

El rechazo fue comunicado por el presidente de tribunal Rodrigo Giménez Uriburu tras una deliberación de 30 minutos con sus colegas Andrés Basso y Jorge Gorini, con quienes coincidió en que la próxima instancia que tiene la vicepresidenta para exponer ante el tribunal es la que se conoce como «últimas palabras».

El planteo había sido formulado de manera oral por el abogado de la exmandataria, Carlos Beraldi, quien reclamó que su defendida pueda defenderse de supuestas nuevos elementos introducidos por el fiscal Diego Luiciani en su alegato sin que antes hubieran sido debatidas en el juicio.

El planteo de Beraldi estaba basado en que en el alegato de la fiscalía se introdujeron cuestiones «fácticas» que tampoco estaban en la elevación a juicio por lo que consideraba oportuno poder responderlas antes de los alegatos restantes.


Para sostener el planteo, el abogado de la vicepresidenta invocó los artículos 303, 380 y 393 del Código Procesal penal de la Nación (CPPN) que hacen referencia a cuáles son los momentos en los que puede declarar un imputado.

«El imputado podrá declarar cuantas veces quiera, siempre que su declaración sea pertinente y no aparezca sólo como un procedimiento dilatorio o perturbador. Asimismo, el juez podrá disponer que amplíe aquella, siempre que lo considere necesario», reza el artículo 303 del CPPN.

«En el curso del debate el imputado podrá efectuar todas las declaraciones que considere oportunas, siempre que se refieran a su defensa. El presidente le impedirá toda divagación y podrá aún alejarlo de la audiencia si persistiere», se indica en el 380.

El artículo 393 del código establece, además, las reglas que deben seguirse en la «discusión final».

Tras el primer rechazo por parte del tribunal, Beraldi reclamó que esa decisión sea revisada porque «viola la garantía de la defensa en juicio y de igualdad de armas», a la vez que refirió que sería «una vergüenza» que se límite a la vicepresidenta en momento de responder a las acusaciones de la fiscalía.


«No es posible avanzar en este juicio sin que se escuche a la doctora Fernández de Kichner sobre las graves acusaciones» vertidas por el ministerio público fiscal, sostuvo Beraldi aunque, tras 5 minutos de un nuevo cuarto intermedio, el TOF 2 rechazó in límine su planteo.

La vicepresidenta había informado esta mañana de lunes que le pidió a su abogado que solicite la ampliación de su declaración indagatoria en el juicio por la obra pública para la «audiencia de mañana».


«Ante la falta de pruebas en el juicio oral y las declaraciones de los testigos que demolieron la denuncia de (Javier) Iguacel; los fiscales, en abierta violación del principio de defensa en juicio, montaron en su acusación cuestiones que nunca habían sido planteadas», expresó la vicepresidenta en su cuenta de Twitter.

«Por ello he instruido a mi abogado para que, a los efectos de poder ejercer efectivamente mi derecho a defensa en juicio, solicite la ampliación de mi declaración indagatoria para la audiencia del día de mañana, 23 de agosto», indicó.

Este lunes se completó la novena audiencia del alegato acusador en la causa en la que se investiga el supuesto direccionamiento de la obra pública vial en Santa Cruz, en la que los fiscales pidieron penas para todos los acusados.

El pronunciamiento del jefe del Estado tuvo difusión pública apenas el fiscal Luciani terminó de pedir las condenas en el juicio por la obra pública en la provincia de Santa Cruz.

«Hoy es un día muy ingrato para alguien que, como yo, se ha criado en la familia de un juez, se ha educado en el mundo del derecho y enseña Derecho Penal hace más de tres décadas», escribió Fernández en su cuenta de Twitter, y agregó: «Vuelvo a transmitir mi más profundo afecto y solidaridad a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner».


En su posteo, adjuntó un comunicado oficial del Ejecutivo en donde resalta que «el Gobierno Nacional condena la persecución judicial y mediática contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner que quedó expresada hoy, una vez más, en el alegato final y pedido de pena en la denominada Causa Vialidad».

«Los alegatos de los fiscales, por más mediáticos que sean, no son pruebas. Pruebas, no tienen ninguna. Esta causa solo tiene el objetivo de proscribir a @CFKArgentina», escribió el ministro del Interior, Eduardo de Pedro en su cuenta de la red social Twitter.

Los pronunciamientos se conocieron mientras se desarrollaba la última audiencia de las 9 establecidas para el alegato de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola en el juicio por el supuesto direccionamiento de la obra pública vial en Santa Cruz entre 2003 y 2015, que se realiza en los tribunales de Comodoro Py.

«En estos 40 años, los argentinos y argentinas hemos consolidado con esfuerzo nuestra democracia. No retrocedamos», pidió De Pedro en su hilo de tuits, a los que adjuntó un posteo de esta mañana de la Vicepresidenta.

El Presidente, funcionarios nacionales, gobernadores, legisladores y dirigentes del Frente de Todos (FdT) expresaron este lunes su «solidaridad» hacia la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner ante el «hostigamiento político, judicial y mediático» expresado en el juicio que investiga la obra pública en Santa Cruz que, consideraron, tiene el único fin de «proscribir» o «condicionar políticamente» a la exmandataria.

El presidente Alberto Fernández transmitió su «más profundo afecto y solidaridad» hacia la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner tras el pedido del fiscal Diego Luciani para que la exmandataria sea condenada a 12 años de prisión e inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos, a la vez que difundió desde sus redes sociales un comunicado oficial del Gobierno en el que se repudia «la persecución judicial» en su contra.

Ante la causa a Cristina por la obra pública
Bodart: “Para investigar la corrupción, una Comisión Independiente”

Ante la causa por la obra pública y los pedidos del fiscal hacia la vicepresidenta Cristina Kirchner, el dirigente del MST en el Frente de Izquierda Unidad, Alejandro Bodart, señaló: “La corrupción es estructural e intrínseca al decadente sistema capitalista. Abarca a esta justicia clasista, funcional a los ricos, a la cual no le reconocemos ninguna autoridad moral para juzgar a nadie. También abarca a TODA la partidocracia tradicional del Frente de Todos y Juntos por el Cambio, a los grandes y medianos empresarios y a los sindicalistas vendidos de la CGT”.

Bodart agregó: “Para investigar en serio y llegar a la verdad, hay que constituir una Comisión Independiente. Para terminar con la corrupción hay que terminar con este sistema y construir una sociedad sobre nuevas bases, dirigida y controlada por los trabajadores”.

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner repudió esta noche de lunes la represión policial contra militantes que la apoyan en las inmediaciones de su casa del barrio capitalino de Recoleta y dijo que el accionar de la fuerza de seguridad es «lo único que le faltaba a (el jefe de Gobierno porteño, Horacio) Rodríguez Larreta para ser (Mauricio) Macri».

«Lo único que le faltaba a Rodríguez Larreta para ser Macri: la policía de la ciudad reprimió con palos, gas pimienta y gases lacrimógenos a ciudadanos y ciudadanas que se acercaron a Juncal y Uruguay como muestra de apoyo frente a los insultos de un grupo de energúmenos macristas», sostuvo la expresidenta en Twitter.

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