El Ejecutivo porteño logró sumar los votos necesarios para convertir en ley el proyecto que permite abrir bares en 20 parques de la Ciudad que superan las cinco manzanas, entre los que se encuentran por ejemplo el Tres de Febrero, el Centenario o el Indoamericano, entre otros. La norma, que tuvo que ser modificada y excluir a plazas, fue aprobada ayer en la Legislatura con apoyo del interbloque UNEN y prevé, además de puestos de comidas, que también se instalen baños públicos, estaciones para el alquiler de bicicletas, bibliotecas y otros servicios gratuitos.
La ley fue sancionada al final de una larga sesión y generó cruces con representantes de asociaciones vecinales que se oponen a este proyecto que el macrismo intentaba aprobar desde 2008. Los nuevos bares estarán dentro de lo que la ley llama “Areas de Servicios”. Pensados para ser replicados con la misma estructura en cada parque, estos espacios podrán ser instalados en espacios verdes grandes pero no podrá haber más de cinco en cada uno. Además, no podrán estar ubicados a menos de 50 metros del límite con la calle. Esta última cláusula se agregó para que no compitan con los bares que trabajan en cada barrio. En rigor tendrán 30 m2 cubiertos y 100 m2 descubiertos para mesas y sillas, y un sector de 5 m2 para que puedan tocar músicos callejeros.
En cuanto a los rubros permitidos, se contempló entre otros puntos que las áreas gastronómicas solo puedan vender bebidas sin alcohol y comidas al paso como panchos, sandwiches y golosinas. Quedaron excluidos productos cocinados en parrillas y la venta de cigarrillos y bebidas con alcohol.
Los permisos de uso de estas áreas serán precarios y durarán como máximo cinco años aunque con opción de renovar. A cambio, el beneficiario deberá construir un estacionamiento para bicicletas, baños, una Estación Saludable, bebederos y bancos y se ocupará del mantenimiento. Cada espacio deberá contar con conexión Wi-Fi gratuita y hasta una biblioteca. Otro detalle: de acuerdo a la ley, un 30% de los permisos deberá ser otorgado a ONGS, y cada bar deberá emplear como mínimo a un trabajador discapacitado.
La norma pasó por audiencia pública y fue dos veces al recinto. Ayer volvió con modificaciones (se cambió, por ejemplo, el número de espacios involucrados –que se redujo– y se eliminó la idea de concesiones extensas) después de una negociación con otros partidos. Esta vez también fue impulsada por el legislador macrista José Luis Acevedo, quien ayer solo tomó la palabra para pedir que el debate pasara a votación. “Este proyecto cumplió con todos los pasos previos”, dijo.
Sin embargo, el apoyo de UNEN fue clave para que el PRO concretara su intención. En su descargo, Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica, UNEN), defendió el voto del bloque con argumentos que fueron rechazados con silbidos y aplausos por los grupos que se manifestaban en contra de la sanción. “Intentamos hacer un esfuerzo y votamos sin esconder nada”, dijo. Y agregó: “Pedimos que solo se incluyan espacios mayores a 50 mil m2, modificamos los tamaños máximos y contemplamos a los comerciantes cercanos a cada espacio para que tengan puntos de venta en cada lugar”. Ante los gritos, dijo que tuvo que “aguantar presiones y agresiones” por este tema. “Hemos logrado preservar a la Reserva Ecológica, al Parque Avellaneda y al Tres de Febrero”, sostuvo.
Sin embargo, fuentes del Gobierno porteño le explicaron a Clarín que el Tres de Febrero y el Avellaneda están contemplados en el plan. De hecho en el primero, hay seis plazas como la Armenia o la Sicilia que forman parte del espacio verde y donde planean colocar los nuevos bares. En la nómina también figura la plaza Irlanda de Caballito, que si bien no es un parque supera la superficie que limita la ley.
La norma fue aprobada ayer con 36 votos positivos y 19 negativos y aún con los gritos de vecinos que se opusieron. Según dijeron, estaban representando a organizaciones como la vecinal del parque Centenario, Queremos Buenos Aires, red Interparques y a comuneros. “Hoy además de perder espacios verdes sabemos que la Ciudad entregó áreas públicas a concesionarios que pagan un canon irrisorio por el usufructo”, se quejó en medio de un forcejeo con seguridad Martín Iommi, miembro de la Junta Comunal Nº 6, de Caballito.
