La iniciativa también promueve la lucha contra una serie de cyber-delitos que no están tipificados en el Código Penal, como la promoción y facilitación de la prostitución por Internet.
La intención es reducir la demanda de servicios sexuales y evitar casos de explotación y secuestro de mujeres.
Especialistas argentinos en la problemática de la trata de personas impulsaban un proyecto de Ley a presentar en el Congreso, para establecer sanciones y castigos a los clientes de los prostíbulos y, de esta forma, reducir la demanda de servicios sexuales y evitar casos de explotación y secuestro de mujeres.
Asimismo, la iniciativa promueve la lucha contra una serie de cyber-delitos que no están tipificados en el Código Penal, como la promoción y facilitación de la prostitución por Internet, una actividad que creció a pasos agigantados desde que se prohibió la publicación de avisos clasificados de este rubro en los diarios.
La Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas (UFASE) -perteneciente al Ministerio Público Fiscal de la Nación- es el organismo que está detrás de la creación de la nueva normativa legal.
El fiscal Daniel Ichazo, uno de los profesionales que trabaja arduamente para elaborar el proyecto, reconoció en diálogo con Diario Popular que «se está recolectando legislación extranjera para adaptarla a nuestro sistema jurídico».
En este sentido, el experto en delitos conexos a la trata de blanca explicó que «se debe cortar la demanda para atacar a las mafias que se esconden detrás del comercio sexual».
«Estamos convencidos que hay que penar a la persona que va a un burdel y paga por sexo. Es la única manera de terminar con el círculo vicioso. Mientras siga habiendo clientes, seguirán existiendo grupos delictivos que secuestran y explotan mujeres para lucrar», enfatizó Ichazo, quien se encuentra al frente de la Fiscalía 1º de Berazategui y, desde 2011 a la fecha, clausuró más de 230 prostíbulos en Quilmes, Florencio Varela, un sector de La Plata y su jurisdicción.
Para Ichazo, el resultado de la experiencia en Suiza es alentador ya que en ese se implementó una serie de sanciones para los clientes de las prostitutas que «la sociedad acompañó».
«En 2010, las autoridades suizas implementaron este sistema y funcionó a la perfección. Obviamente hay que adaptarlo a nuestro sistema, por eso lo estamos analizando y buscamos la forma de poder aplicarlo acá», aseveró.
«Estamos bastante atrasados en materia de legislación por las redes informáticas. El principal problema es que los grandes servidores se encuentran en Estados Unidos, por lo que se complejiza aún más el tema. De todos modos estamos trabajando para presentar el proyecto cuanto antes’, afirmó el fiscal.
Además, Ichazo agregó que «no hay castigos para los dueños de las páginas de Internet que lo promocionan y, muchas veces, detrás de lo que ofrecen hay chicas esclavizadas en prostíbulos que fueron secuestradas».
«Hasta que no se regule este aspecto, vamos a seguir teniendo escollos para combatir a las mafias de la trata», dijo.
Finalmente, el especialista consideró que «es una lástima» que no se hayan tomado estos puntos en la nueva Ley de Trata de Personas, que fue incluida al Código Penal en el mes de diciembre tras la aprobación de una reforma.
«Se sancionó y no se llegó a tratar un montón de aspectos que quedaron en el tintero», concluyó.
