Informe de la AGCBA revela fallos en la aplicación de estacionamiento medido
Una gestión mal estacionada hace décadas
La Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires (AGCBA) publicó un informe que expone deficiencias en el nuevo sistema de estacionamiento medido. La empresa encargada de gestionar el cobro del estacionamiento en la Ciudad de Buenos Aires es Blinkay, que opera mediante una aplicación.
Luego de que un informe de la AGCBA evidenciara que las concesiones de acarreo y estacionamiento medido con décadas de prórroga generaban para las arcas de la Ciudad un exiguo canon de cincuenta mil pesos mensuales, en junio de 2022, post pandemia, el gobierno del PRO presentó como novedad a Blinkay. Esta empresa, que brinda una aplicación externa al gobierno de la Ciudad, reemplazó a los parquímetros y máquinas expendedoras de tickets en barrios como San Telmo, Monserrat, Balvanera, San Nicolás, Retiro, Recoleta y, desde mayo de este año, también en Puerto Madero.
A partir de este año, el área tarifada se extendió a nuevas calles, pasando de 3.500 espacios tarifados en 2022 a 4.400 en la actualidad. Asimismo, la Legislatura porteña sancionó en 2020 una ley, impulsada por el oficialismo, que amplió la habilitación del cobro a más de 80.000 espacios. Sin embargo, dicha normativa no ha sido implementada hasta el momento. En contraste, en septiembre se aplicó un aumento del 120% en la tarifa, y se prevé otro incremento en diciembre.
Este nuevo sistema genera riesgos que antes no existían, incluyendo problemas relacionados con la ciberseguridad y el control tecnológico vinculado a la aplicación.
El informe de la AGCBA señaló que la empresa carece de personal calificado para garantizar la funcionalidad del sistema. Además, no dispone de estudios de factibilidad que evalúen los recursos humanos y tecnológicos, priorizando el desarrollo a través de un proveedor externo.
En cuanto a actos normativos, no se cuenta con modelos que permitan cumplir los objetivos del gobierno ni con evaluaciones de riesgos tecnológicos que articulen y actualicen un perfil de riesgo aceptado en línea con los costos y beneficios asignados.
El auditor Lisandro Teszkiewicz agregó:
“La desidia es tal que los agentes vinculados a las tareas tecnológicas no han realizado ningún curso de formación relacionado con el sistema. Tampoco se informó si existe un repositorio de roles, responsabilidades, contenido y agentes autorizados para el acceso. Peor aún, no consta el registro ni la actualización de la base de datos según la Ley de Protección de Datos Personales”.
El informe también detalla la ausencia de una política de resguardo de información, gestión y evaluación de la calidad de los datos administrados. No se establecen niveles de confidencialidad, integridad, criticidad, disponibilidad y privacidad.
El auditor peronista subrayó:
“No existen planes para asegurar el funcionamiento normal del sistema. Tampoco se adjunta documentación que demuestre un plan de recuperación de desastres ni pruebas de recupero. No se han implementado procesos de monitoreo, control y revisiones que reflejen la situación actual y respeten la normativa del GCBA. Hablamos de una aplicación donde vecinas, vecinos y visitantes deben proporcionar datos personales y bancarios. Lo que vemos es que el contrato con Blinkay, como muchos contratos del gobierno, resulta en una gestión ineficiente, poco transparente e insegura de los datos de los porteños”.
Finalmente, Teszkiewicz concluyó:
“Como en buena parte de la gestión de la Ciudad en los casi 20 años de gobierno del PRO, en lugar de políticas públicas, el estacionamiento medido es un negociado entre socios y amigos del poder. Este caso resalta especialmente porque venimos de una historia escandalosa de concesiones prorrogadas durante décadas, que solo trajeron pérdidas para la Ciudad, costos para los vecinos y ganancias para las empresas amigas del gobierno. En vez de desarrollar aplicaciones y tecnología propias para mejorar el tránsito y el transporte, nos impusieron una nueva concesión con una empresa poco calificada, que recauda fortunas y lucra con la información de los porteños. Transformar políticas públicas en negocios no es un error; es un proyecto político sostenido en el tiempo por el macrismo y sus socios”.
