Fallo histórico en la Provincia de Buenos Aires: y redefine el trabajo en plataformas
Un fallo de la Justicia de la Provincia de Buenos Aires marcó un punto de inflexión en el debate sobre el trabajo en plataformas digitales. En una resolución de alto impacto, se reconoció que los repartidores que operan a través de aplicaciones como Rappi y PedidosYa mantienen una relación de dependencia con las empresas, desarmando uno de los pilares del modelo de negocios basado en la figura de “colaboradores independientes”.
La decisión judicial avanza sobre una discusión que lleva años en la Argentina y en el mundo: si los trabajadores de plataformas son autónomos o empleados encubiertos. En este caso, la Justicia bonaerense consideró que existe subordinación económica, técnica y jurídica, lo que configura un vínculo laboral tradicional, más allá de la intermediación tecnológica.
El fallo implica, en términos concretos, el acceso a derechos básicos que hasta ahora quedaban fuera del alcance de miles de repartidores. Entre ellos, el salario mínimo garantizado, vacaciones pagas, aguinaldo y cobertura de salud. También incorpora la obligación de las empresas de brindar cobertura mediante ART, un punto crítico en una actividad caracterizada por la alta exposición a accidentes de tránsito.
En los fundamentos, se señala que las plataformas ejercen control sobre los trabajadores a través de algoritmos, asignación de pedidos, penalizaciones y sistemas de reputación. Este esquema, según se desprende de la resolución, no configura un vínculo entre pares, sino una estructura donde la empresa fija las reglas, define ingresos y condiciona la continuidad laboral.
La sentencia también pone el foco en la asimetría existente entre las compañías multinacionales y los repartidores, muchos de ellos jóvenes o migrantes, que encuentran en estas aplicaciones una salida laboral inmediata, pero sin red de contención. En ese marco, el fallo establece un límite a lo que considera prácticas abusivas bajo el formato de “economía colaborativa”.
Desde el plano político, la resolución se alinea con la postura del gobernador Axel Kicillof, quien viene impulsando una agenda orientada a ampliar derechos laborales en la provincia. El pronunciamiento judicial aparece así en tensión con el enfoque del presidente Javier Milei, que promueve un esquema de mayor flexibilización del mercado de trabajo.
El impacto del fallo no se limita a la Provincia de Buenos Aires. Especialistas en derecho laboral anticipan que podría sentar jurisprudencia y abrir la puerta a reclamos similares en otras jurisdicciones del país. De replicarse este criterio, el modelo actual de las plataformas digitales podría verse obligado a reformularse en profundidad.
Mientras tanto, el debate queda instalado en la calle, en los tribunales y en la política. En un contexto de crisis económica y cambios estructurales en el mundo del trabajo, la pregunta de fondo vuelve a escena: qué significa hoy tener un empleo y cuáles son los derechos mínimos que deben garantizarse.