El Diputado del Frente para la Victoria presentó una nueva denuncia contra CUCICBA, el Colegio que agrupa a las inmobiliarias porteñas. Es por la práctica ilegal e inconstitucional de cobrarle al inquilino un arancel para tramitar una denuncia contra una inmobiliaria. Tiempo atrás había presentado una acción de amparo contra el mismo organismo.
Desde hace más de un año CUCICBA exige un pago de $360 para recibir denuncias contra las inmobiliarias matriculadas en dicha institución. En la página web del organismo se afirma que el pago es para financiar la tramitación de los expedientes y desalentar las denuncias. Sin embargo, se trata de una práctica inconstitucional, ya que opera como una barrera del derecho a denunciar. Además, es ilegal porque la Ley Nº 2.340 no habilita el cobro de este tipo de aranceles para financiar las actividades del Colegio.
Es por esto que, en la presentación de Fernando Muñoz, se exige el cese inmediato de la práctica y que se restituya, con intereses, las sumas de dinero a todos aquellos que hubieran abonado el arancel.
Al respecto, Fernando Muñoz afirmó “las inmobiliarias de la Ciudad se manejan con total impunidad: le exigen al inquilino una garantía de familiar directo de Capital, el pago de dos meses de comisión -cuando la ley establece un máximo de un mes-, imponen aumentos especulativos y hacen firmar contratos ilegales, en los cuales exigen que el inquilino se haga cargo de pintar y arreglar la casa, de pagar las expensas extraordinarias y de pagar todos los impuestos y servicios –incluso los que corresponden al dueño-. Todo este círculo de impunidad, se cierra con una contradicción, el organismo que debería controlar a las inmobiliarias está compuesto por las mismas inmobiliarias, y quien quiera denunciarlas tiene que pagar un arancel. Mientras tanto, el Gobierno de la Ciudad gasta fortunas para promocionar un programa inútil como el Alquilar se Puede”.
Cabe recordar, que hace dos semanas Fernando Muñoz presentó una acción de amparo contra CUCICBA. En ese momento, fue por las respuestas parciales e imprecisas que emitió el organismo ante los pedidos de información pública presentados por el Diputado, en referencia a la ilegalidad de cobrar dos meses de comisión.