El abogado constitucionalista Roberto José Boico interpuso este martes una acción de amparo por la línea telefónica gratuita que el Gobierno porteño habilitó para denunciar la participación política en las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires.
El abogado pidió que se declare inconstitucional el «sistema de alcahuetería», según los términos de la presentación contra la línea implementada para denunciar «actividades políticas» en las escuelas de la Ciudad.
La acción, que se suma al amparo ya presentado por el INADI, recayó en el Juzgado Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires Nº 3, Secretaria 6, habiéndose pedido una medida cautelar para dejar sin efecto la medida, por su ostensible y grosera inconstitucionalidad, hasta tanto se dicte decisión de fondo.
«Se procura establecer un sistema de persecución política a los jóvenes en general, y a la agrupación La Cámpora en particular, lo que implica el desconocimiento absoluto de los derechos políticos establecidos en la Constitución Nacional», dijo el abogado en el escrito.
Puntualmente, el INADI hizo referencia a la puesta en marcha de la administración macrista de una línea telefónica gratuita para que los padres, alumnos o docentes «denuncien» la aparición de banderías políticas dentro de las escuelas.
La semana pasada, el interventor del organismo, Pedro Mouratián, sostuvo que «sistemas como el implementado por el Gobierno de la Ciudad recuerdan prácticas de persecución política propias de regímenes dictatoriales, donde se incentivaba a la ciudadanía a denunciar las expresiones políticas de otros ciudadanos».
«Es preocupante el posible efecto del servicio, en tanto nada obsta a que se utilice para recabar información sobre las afiliaciones u opiniones políticas de docentes, directivos y alumnos», dijo Mouratián.
Según expresó, el INADI trabaja mancomunadamente con el Ministerio de Educación de la Nación abordando la problemática de la discriminación en los colegios, y señaló que en Argentina «algunos sectores aún reaccionan autoritaria y represivamente ante la participación política de los más jóvenes, pretendiendo que la política es un ámbito reservado a los adultos».
Desde el INADI también se señaló que «es necesario abrir el debate sobre el estudio de la teoría y la práctica política en las escuelas, en cualquier nivel que sea, en condiciones de igualdad, y que tal debate no puede entablarse en un clima de censura y persecución como el que el sistema de denuncias del Gobierno de la Ciudad propone».
Graciela Muñiz denunció a una funcionaria del Ministerio de Educación local por «incumplimiento de sus deberes» al obstaculizar la presentación de una queja de trabajadores ante la cartera educativa.
Según manifestó Muñiz ante los miembros de la Comisión de Educación de la Legislatura, la subsecretaria de Equidad Educativa, María Soledad Acuña, no la recibió el viernes pasado, cuando la Defensora acompañó a la sede del Ministerio a los trabajadores del programa «Primera Infancia», que rechazaban ser contratados en forma transitoria.
En ese marco, relató que una persona de seguridad del Ministerio le dijo en un primer momento, que no podía ingresar a entregar el petitorio de los trabajadores en protesta; y que, luego, le fue permitido el acceso, pero que fue custodiada hasta el sexto piso donde finalmente pudo dar el escrito.
Para Muñiz, la funcionaria «incumplió con los deberes» al «desconocer las atribuciones de una Defensora adjunta» que incluyen el poder acompañar el reclamo o quejas de los ciudadanos, acción que «ni un empleado ni un funcionario público pueden impedir u obstaculizar».
