Ciudad de Buenos Aires, 30 de abril de 2026 — Un operativo de desalojo realizado en el barrio de Agronomía, en la Comuna 15, generó un fuerte conflicto entre el Gobierno de la Ciudad y la comunidad educativa de la Escuela 22 del Distrito Escolar 14. Docentes y la Asociación Cooperadora “Agronomía” difundieron un comunicado en el que rechazan la versión oficial y denuncian que el procedimiento fue “ilegal y violento”.
El caso tomó estado público luego de que el jefe de Gobierno Jorge Macri afirmara en redes sociales que en la vivienda desalojada funcionaba un taller textil clandestino con menores explotados. Sin embargo, desde la escuela aseguran que esa acusación “es falsa” y que las familias afectadas forman parte activa de la comunidad educativa.
Según el documento difundido, los niños y niñas que vivían en el inmueble asisten regularmente a clases y sus familias “son trabajadoras, comprometidas con la educación de sus hijos”. En ese marco, los docentes sostienen que conocen de primera mano la situación social de los estudiantes y desmienten categóricamente cualquier escenario de explotación.
El comunicado también pone el foco en cómo se llevó adelante el operativo. De acuerdo al testimonio de la comunidad educativa, la fuerza pública ingresó sin exhibir una orden judicial y sin permitir el acceso de los abogados de las familias. Además, señalan que el argumento utilizado en el momento fue un supuesto riesgo de derrumbe del inmueble, lo que contradice la versión difundida por el Gobierno porteño.
Uno de los elementos utilizados para justificar la intervención fue la presencia de máquinas de coser dentro de la vivienda. Sin embargo, los docentes explican que esas máquinas pertenecen a una madre de alumnos que trabaja realizando arreglos y confecciones textiles de manera independiente. Incluso remarcan que la mujer colaboró con la escuela en múltiples ocasiones, confeccionando guardapolvos, telones para actos y materiales para educación física.
Un dato que refuerza esta versión es que, una vez finalizado el procedimiento, las máquinas fueron devueltas a su propietaria. Para la comunidad educativa, este hecho resulta incompatible con la hipótesis de un taller clandestino, ya que en ese caso los elementos deberían haber sido secuestrados como prueba.
El conflicto se da en un contexto más amplio de crisis habitacional en la Ciudad de Buenos Aires, donde el aumento sostenido de los alquileres y la dificultad de acceso a la vivienda empujan a muchas familias a situaciones de extrema vulnerabilidad. Desde la escuela advierten que este tipo de desalojos impacta directamente en la continuidad educativa de los estudiantes.
En el cierre del comunicado, docentes y cooperadora se declaran en estado de alerta y reafirman su compromiso con las familias afectadas, subrayando que “la educación y el aprendizaje requieren condiciones de vida dignas”.
Mientras tanto, el episodio abre interrogantes sobre la legalidad del procedimiento, la veracidad de la información oficial y el rumbo de las políticas habitacionales en la Ciudad. En Agronomía, donde la vida barrial todavía conserva vínculos cercanos, el conflicto ya no es solo administrativo: es social, educativo y profundamente humano.